La condena de Sánchez a la cuarta provincia española: la última en inversiones, recorte al agua y de espaldas a sus grandes eventos

Alicante ya no es solo un motor turístico; es, por derecho propio y cifras oficiales, la cuarta provincia de España en población, superando el umbral de los dos millones de habitantes. Sin embargo, este peso demográfico y económico no se traduce en un trato equitativo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Al contrario, la provincia se encuentra sumida en un agravio que se ha vuelto estructural: es la última de las 52 provincias en inversión per cápita, sufre un recorte del 50 % en el agua para regadío y asiste al desinterés de Moncloa ante eventos de calado mundial como The Ocean Race.

Este castigo, que el aterrizaje de Arcadi España en el Ministerio de Hacienda no ha hecho más que confirmar con un ajuste de 163,5 millones de euros en las transferencias de abril, responde a una inercia de abandono que la sociedad alicantina percibe como una factura política por su condición de bastión inexpugnable del centro-derecha.

El crecimiento de la provincia es incontestable. Según los datos oficiales del BOE validados por el INE, Alicante cuenta ya con 2.030.037 habitantes, tras un incremento del 1,95 % en el último año impulsado por la pujanza del sector servicios y su capacidad de atracción residencial. Su capital, con 366.221 vecinos, se consolida en el 'Top 10' de ciudades españolas, por delante de Bilbao. Pero mientras la población crece y las arcas estatales se benefician de una recaudación récord por IVA e IRPF, el Gobierno mantiene a la provincia en el vagón de cola, prorrogando unos presupuestos que la sitúan en el puesto 52 de 52 en inversiones, una anomalía democrática para un territorio de su relevancia.

El bastión que resistió a la izquierda

Este escenario de asfixia financiera no es nuevo, sino la tónica general desde que Sánchez llegó a la Moncloa. No se puede entender este trato sin el componente político: Alicante se ha convertido en el gran bastión electoral del Partido Popular, el lugar donde comenzó la remontada que cambió el mapa político nacional. Ya en 2019, cuando la izquierda gobernaba con comodidad la Generalitat y las capitales de Valencia y Castellón, la ciudad de Alicante resistió como un enclave azul bajo el mandato de Luis Barcala. Desde entonces, la provincia ha sido el contrapeso a las políticas del Gobierno central, una fidelidad en las urnas que parece haber tenido como respuesta un «olvido» sistemático en las partidas presupuestarias y en el desarrollo de infraestructuras clave.

La llegada de Arcadi España al Ministerio de Hacienda, quien fuera conseller con Ximo Puig, generó una esperanza de alivio que se ha demostrado vana. En lugar de desbloquear los anticipos y corregir la infrafinanciación valenciana mediante un decreto-ley, la gestión estatal ha profundizado el agujero financiero, que ya suma 423,5 millones de euros en lo que va de año. Para Alicante, esto significa que proyectos vitales como la conexión ferroviaria del aeropuerto -el único de su tamaño en Europa sin tren- o la necesaria segunda pista de aterrizaje sigan guardados en un cajón, mientras el aeródromo bate récords con más de 18 millones de pasajeros anuales.

La estocada final al campo y la industria

El agravio alcanza tintes dramáticos en materia hídrica. La modificación de las reglas del trasvase Tajo-Segura, que prevé reducir a la mitad el envío de agua para los agricultores del sur de la provincia, supone una amenaza directa a la supervivencia de un sector que aporta 3.000 millones al PIB nacional. Resulta incomprensible para el sector primario que, con la cuenca del Tajo rozando del 80 % de su capacidad, el Gobierno opte por restringir el caudal a una cuenca del Segura que no llega al 60 %. Esta decisión se percibe como una concesión política a otros territorios en detrimento de la eficiencia hídrica de Alicante.

A este «tijeretazo» al agua se suma el desprecio institucional a los grandes eventos. The Ocean Race, la vuelta al mundo a vela que debe partir de Alicante en enero de 2027, carece a día de hoy del apoyo del Gobierno a través de la declaración de Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP). Esta herramienta, que sí se concedió en ediciones anteriores, es fundamental para atraer patrocinios y garantizar la viabilidad económica de una cita que genera más de 1.200 empleos y 70 millones de euros de impacto. La demora del Ejecutivo pone en riesgo la planificación de un evento que sitúa a la marca España en el mapa náutico mundial.

Una desigualdad insostenible

El balance para la provincia de Alicante es el de una desigualdad que ya no admite matices. Se le exige más por su crecimiento poblacional y su dinamismo empresarial, se le cobra más en impuestos como cuarta provincia del país, pero se le devuelve menos que a ninguna otra.

Alicante paga como la cuarta, pero recibe como la última. Con un Gobierno central que ha renunciado a presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2025 y 2026, la provincia queda condenada a una prórroga permanente de su propia precariedad. La falta de voluntad política para corregir este desequilibrio perjudica a los dos millones de alicantinos, pero también lastra la competitividad de uno de los territorios más dinámicos del Mediterráneo, confirmando que, para la Moncloa, Alicante es una prioridad solo a efectos recaudatorios, pero inexistente a la hora de invertir.