Alicante y Murcia claman contra el PSOE por el hachazo al trasvase Tajo-Segura a un año de las elecciones

La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han decidido blindarse junto a los regantes ante el previsible fallo del Tribunal Supremo sobre la planificación hidrológica del Gobierno de Pedro Sánchez. Este escenario contempla un recorte de 105 hectómetros cúbicos en la transferencia de agua, una disminución de caudal que supondrá la falta de recursos para miles de hectáreas de cultivo en el sur de la provincia de Alicante. El golpe económico se estima en millones de euros y la pérdida de miles de puestos de trabajo en la comarca de la Vega Baja. Con el horizonte de 2027, año en el que se celebrarán elecciones autonómicas y municipales en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, así como las generales, el PSOE podría ver su castigo en las urnas ante el creciente malestar social por la gestión hídrica.

Este clima de indignación se escenificó el pasado lunes en una asamblea al más alto nivel celebrada en Pilar de la Horadada. En el límite entre ambas regiones se reunieron agricultores y los presidentes autonómicos, Juanfran Pérez Llorca y Fernando López Miras. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, mostró un tono pesimista ante la votación del Alto Tribunal prevista para el próximo 5 de mayo: «Quien se quiera bajar del barco ahí tiene los botes salvavidas, pero que sepan que los regantes vamos a estar hasta el final de la travesía».

Jiménez también lanzó una advertencia clara respecto a la ratificación del decreto-ley pendiente en el Congreso, un trámite detenido por los recursos presentados por los regantes y los gobiernos regionales: «Vamos a señalar a quien vote en contra». Para el sector, el trasvase no es solo una infraestructura, sino el motor de un negocio que aporta 3.000 millones al PIB nacional y sostiene 100.000 empleos, una realidad que choca con la planificación ministerial.

El peso electoral de 2027

La estrategia del Gobierno central ha generado un caldo de cultivo que podría pasar factura al Partido Socialista en los próximos ciclos electorales. La percepción de que se está «asfixiando» hídricamente al sureste español por motivos ideológicos sitúa la cuestión del agua en el epicentro del debate político. En la Comunidad Valenciana y Murcia, donde la dependencia del trasvase es crítica, el electorado podría expresar su rechazo a unas políticas que el presidente murciano califica como el inicio del «cierre del trasvase Tajo-Segura».

La batalla se libra también en el terreno judicial, aunque con un reciente revés. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado inadmisible, por falta de legitimación activa, el recurso de la Diputación de Alicante contra la revisión de los planes hidrológicos. Al respecto, Lucas Jiménez explica que «el Tribunal Supremo inadmite el recurso por falta de legitimación de la Diputación de Alicante en base a la doctrina jurisprudencial del propio Tribunal, que entiende que los entes locales no tienen interés en los recursos contra los planes hidrológicos».

La batalla de los datos hídricos

Pese a la inadmisibilidad del recurso provincial, Jiménez subraya que «el Tribunal no entra en absoluto en el fondo del asunto». El presidente de Scrats insiste en que el recorte es una decisión de voluntad política y no técnica: «Si el proceso de planificación es declarado legal finalmente, la motivación de recortar es política y la política con el mismo procedimiento puede devolvernos lo recortado».

Esta «motivación política» se contrasta con los últimos datos de agua embalsada a fecha de 27 de abril de 2026. Mientras la cuenca del Tajo presenta una situación robusta con 8.772 hm³ (un 79,34 % de su capacidad de 11.056 hm³), superando la media de los últimos diez años (7.281 hm³), la cuenca del Segura apenas alcanza los 662 hm³, lo que representa un 58,07 % de su capacidad total de 1,140 hm³. A pesar de estar por encima de los niveles del año pasado, la vulnerabilidad del Segura sigue siendo evidente frente a la solvencia del Tajo.

Solidaridad frente a confrontación

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha cargado directamente contra Pedro Sánchez, recordándole su frase en la dana-«si quieren más recursos, que la pidan»- para reprochar la falta de inversiones hídricas. Pérez Llorca confía en una moratoria de la directriz europea que prohíbe extraer agua de pozos en 2027 para ganar tiempo y negociar un Plan Nacional del Agua. «El agua es de todos y su reparto debe surgir desde la solidaridad y no desde el enfrentamiento», afirmó el jefe del Consell, quien criticó que el Gobierno financie infraestructuras similares en Marruecos mientras castiga al Sureste.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su vicepresidente segundo José Manuel Caballero, ha celebrado la decisión judicial como un aval a su posición de defensa del río Tajo. Caballero ha instado a los territorios del Sureste a «acostumbrarse» a la desalación, argumentando que su región depende exclusivamente de sus ríos. Esta postura refuerza la división territorial en un conflicto donde el Tribunal Supremo tendrá la última palabra, pero cuyas consecuencias políticas se medirán en las urnas de 2027.