Canal del trasvase Tajo-Segura
Ofensiva total contra el Gobierno de los regantes tras el aval del Supremo al recorte del trasvase Tajo-Segura: «Es un tema político»
El Scrats da por agotada la vía judicial frente a los caudales ecológicos, señala una «promesa política» de Pedro Sánchez y denuncia «2.950 millones de mentiras» en inversiones hídricas
La derrota judicial del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) no ha rebajado la tensión, sino que ha trasladado el conflicto directamente al terreno institucional. Tras conocerse que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo -aprobada por el real decreto 35/2023-, los regantes han anunciado una ofensiva total contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
El presidente del sindicato, Lucas Jiménez, ha comparecido de urgencia asumiendo el aval judicial a la implantación de los caudales ecológicos, pero advirtiendo de que «desánimo no hay ninguno» y que seguirán «al pie del cañón en la defensa de lo que nos parece una injusticia».
El fallo del Alto Tribunal, que además impone las costas del recurso al sindicato, supone un espaldarazo a la planificación hídrica del Estado y despeja el camino para un recorte progresivo del agua trasvasable. En su sentencia, el Supremo rechaza la «infracción clara» argumentada por el Scrats y concluye que «la coordinación ha existido y que la implantación de caudales ecológicos progresivos es la mejor expresión de esa coordinación».
Según los magistrados, esta progresividad «tiene como finalidad proporcionar un espacio temporal suficiente a la cuenca del Segura para la adopción de las medidas necesarias para suplir, en su caso, la menor agua trasvasada en el futuro como consecuencia del establecimiento del nuevo caudal ecológico».
Para la Justicia, los elementos aportados por los regantes «no permiten desvirtuar la fijación de los caudales ecológicos» y recuerda que la razón fundamental de estos flujos mínimos «es el poder determinar las disponibilidades de agua susceptibles de aprovechamiento preservando la conservación de los ecosistemas fluviales». De este modo, da la razón al abogado del Estado, que negó la existencia de una «voluntad política» para acabar con el acueducto y defendió que la medida venía obligada por la jurisprudencia.
«2.950 millones de mentiras»
Lejos de dar por cerrado el conflicto, el Scrats ha situado el foco en el Ejecutivo nacional, al considerar que el origen del recorte responde a «una decisión política» vinculada a «una promesa política» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «No es un buen día hoy», ha reconocido Jiménez.
Aunque la organización «acepta el veredicto», el dirigente lamenta que no se haya admitido «ni una sola prueba pericial» de los regantes para combatir técnicamente los cálculos, y denuncia una supuesta filtración previa del fallo a los medios antes que a su procurador; un hecho que, a su juicio, evidencia «el deterioro que vive la salud del Estado español en lo que a separación de poderes se refiere».
El representante agrícola ha elevado especialmente el tono al referirse a las infraestructuras prometidas por el Ministerio para compensar el «hachazo» de más de 100 hectómetros cúbicos anuales. Sobre la larga lista de actuaciones comprometidas para adaptar el sureste -modernización, impulsiones o conexiones eléctricas-, el presidente del Scrats advierte que «no están, ni se sabe de ellas, ni se las conoce». En este sentido, Jiménez ha sido rotundo: «No eran 2.145 millones de mentiras, eran 2.950 millones de mentiras».
Asimismo, critica que el Gobierno parta de la premisa de sustituir el agua del trasvase apostando por la desalación sin haber construido las conexiones necesarias, denunciando que solo se invertirá en «pírricas ampliaciones de desaladoras». Ante este escenario, lanza una advertencia clara: «Si no hay agua del trasvase, no hay agua desalada».
Con las opciones legales cada vez más estrechas -el propio Jiménez augura que el recurso pendiente del Campo de Cartagena tampoco tendrá «un gran final»-, el sindicato fía su estrategia a la presión institucional. «Esto es un tema político», ha repetido. Por ello, ha hecho un llamamiento a los delegados del Gobierno en Murcia, Alicante y Almería para que frenen la modificación de las reglas de explotación. Además, el sector ha advertido de que se opondrá a cualquier intento de aprobar nuevas reglas por real decreto, exigiendo que pasen por las Cortes Generales, y ha avisado a los diputados nacionales del sureste de que vigilarán muy de cerca sus decisiones en el Congreso.