Marta Barrachina lleva a la FEMP su exigencia al Gobierno para actualizar las entregas a cuenta y garantizar la capacidad financiera de ayuntamientos y diputaciones

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, lleva a la FEMP su exigencia al Gobierno central para que actualice las entregas a cuenta y garantizar la capacidad financiera de ayuntamiento y diputaciones.

La Diputación Provincial de Valencia acoge este lunes 25 de mayo la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Una comisión en la que se va a llevar a cabo la aprobación de una declaración conjunta en defensa de la autonomía local y la reivindicación de una financiación local justa.

Para dicho documento, la presidenta de la Diputación de Castellón ha propuesto incluir un punto que hace referencia a instar al Gobierno a proceder, de manera urgente, a la actualización de las entregas a cuenta correspondientes a la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, adecuándolas a la evolución real de los ingresos y a las previsiones macroeconómicas vigentes. Todo ello con el fin de «garantizar la capacidad financiera de las entidades locales, reforzar su capacidad de prestación de servicios públicos esenciales y dotarlas de mayor estabilidad y certidumbre presupuestaria en el ejercicio de sus competencias», ha expresado Barrachina.

«Necesidades crecientes»

Y es que, debido a la evolución de los ingresos del Estado, así como las variaciones en el contexto macroeconómico, «hacen imprescindible que los mecanismos de financiación local respondan con agilidad y precisión, evitando desajustes que puedan comprometer la capacidad de gestión de los gobiernos locales», ha subrayado la dirigente provincial, quien ha incidido además en la necesidad de «avanzar en medidas que permitan adecuar los recursos disponibles a la realidad económica actual y a las necesidades crecientes de la ciudadanía».

Exigir las entregas a cuenta y garantizar la capacidad financiera de las entidades locales es una de las reivindicaciones que lleva realizando la presidenta de la Diputación de Castellón. Al respecto, la máxima dirigente reclama al Gobierno de España el dinero que debe a la provincia por las entregas a cuenta, «un importe adeudado desde 2023 que alcanzaría los 250 millones de euros, ya que se ha incrementado la población, pagamos más impuestos y el Gobierno de España está recaudando más».

La máxima representante de la institución provincial ha incidido en que la ausencia de aprobación de Presupuestos Generales del Estado desde el 2023 «conlleva un gran desfase entre la cantidad que le corresponde recibir a cada ayuntamiento de su parte de la recaudación de impuestos y la cantidad que están recibiendo». Es por ello que desde el Gobierno Provincial siguen exigiendo la actualización real de las entregas a cuenta para 2026 según el aumento de la recaudación de los tributos del Estado durante 2023, 2024 y 2025. «No vamos a dejar de alzar la voz para exigir lo que es justo y corresponde a los ayuntamientos y diputaciones», ha añadido la presidenta de la Diputación.

Más reivindicaciones

Además de exigir la actualización de las entregas a cuenta, el Gobierno Provincial impulsó un manifiesto junto a alcaldes y alcaldesas de la provincia de Castellón a través del cual muestran su preocupación por la situación actual de limitación en el uso de los recursos económicos disponibles por parte de las entidades locales, derivada de la aplicación de las reglas fiscales. Tal y como se señalan en el manifiesto que ha sido remitido al Gobierno de España, las actuales restricciones impiden que estos fondos puedan ser utilizados plenamente para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía, limitando la capacidad de inversión en servicios públicos, infraestructuras y políticas sociales.

Por todo, las personas firmantes solicitan el desbloqueo inmediato de las reglas fiscales que afectan a las entidades locales; la autorización para que ayuntamientos y diputaciones puedan utilizar sus remanentes de tesorería de manera plena y flexible; el reconocimiento de la autonomía local en la gestión de sus recursos económicos. Estas exigencias también se han reivindicado a través de una moción aprobada por Pleno de la Diputación de Castellón

Y es que «permitir el uso de los remanentes supondría impulsar inversiones necesarias en los municipios, mejorar la calidad de los servicios públicos, reactivar la economía local y dar una respuesta más eficaz a las necesidades de la ciudadanía», ha añadido la presidenta de la Diputación.