El 40 % de las reservas de agua del Segura procede del trasvase del Tajo que quiere mutilar el Gobierno

La paradoja hídrica se cierne sobre el sureste. Mientras la cuenca del Segura encara el estío en torno al 60 % de su capacidad -el mejor escenario en el último cuarto de siglo, sostenido en gran medida por un trasvase que aporta cuatro de cada diez litros embalsados-, la sombra de los inminentes recortes asfixia al sector primario. Este oasis estadístico choca de frente con la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez, avalada este mismo jueves por la Justicia, que impone una escalada de caudales ecológicos destinados a cercenar de forma progresiva la viabilidad del acueducto Tajo-Segura.

Los datos oficiales dibujan un presente esperanzador para la cuenca alicantina y el conjunto del sureste peninsular. Con una reserva hídrica que supera la barrera del 60 %, la región asegura la campaña veraniega con unos registros históricos. Sin embargo, la radiografía de este hito revela una dependencia insalvable: aproximadamente el 40 % de esos recursos embalsados tiene su origen directo en las aportaciones llegadas desde la cabecera del Tajo. Es precisamente esta arteria vital la que se encuentra en el centro de un huracán que amenaza con secar el futuro agrícola y económico del sureste.

La histórica bonanza hídrica en la que se instalan momentáneamente los embalses contrasta con el duro revés en los tribunales que se ha producido este mismo jueves. Como ya informó El Debate, la derrota judicial del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) no ha rebajado la tensión, sino que ha trasladado el conflicto directamente al terreno institucional.

Tras conocerse que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo -aprobada por el real decreto 35/2023-, los regantes han anunciado una ofensiva total contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

El fallo del Alto Tribunal, que además impone las costas del recurso al sindicato, supone un espaldarazo a la planificación hídrica del Estado y despeja el camino para un recorte progresivo del agua trasvasable. En su sentencia, el Supremo rechaza la «infracción clara» argumentada por el Scrats y concluye que «la coordinación ha existido y que la implantación de caudales ecológicos progresivos es la mejor expresión de esa coordinación».

Según determinan los magistrados, dicha progresividad «tiene como finalidad proporcionar un espacio temporal suficiente a la cuenca del Segura para la adopción de las medidas necesarias para suplir, en su caso, la menor agua trasvasada en el futuro como consecuencia del establecimiento del nuevo caudal ecológico».

La Justicia concluye que las alegaciones de los regantes «no permiten desvirtuar la fijación de los caudales ecológicos» y remarca que el fin primordial de estos flujos mínimos «es el poder determinar las disponibilidades de agua susceptibles de aprovechamiento preservando la conservación de los ecosistemas fluviales», avalando así la postura de la Abogacía del Estado.

La batalla se traslada a la arena política

Para el Scrats, la raíz de este varapalo judicial emana directamente de una estrategia gubernamental preconcebida. Durante una comparecencia convocada de urgencia, su presidente, Lucas Jiménez, no ha dudado en tildar la merma de recursos de «una decisión política» que obedece estrictamente a «una promesa política» fraguada por el presidente del Gobierno. Con evidente pesar al admitir que «No es un buen día hoy», el sector pone el foco en el Ejecutivo central.

El acatamiento de la sentencia es firme -la entidad agraria «acepta el veredicto»-, pero el proceso ha dejado profundas cicatrices y desconfianza. Jiménez ha censurado abiertamente la mecánica del Alto Tribunal al ignorar los informes técnicos del sindicato, lamentando que se hayan vetado todas las pruebas periciales para rebatir las cifras oficiales.

A este malestar se suma la indignación por haberse enterado de la resolución a través de la prensa antes de recibir la notificación oficial; una filtración que, según denuncia el líder de los regantes, refleja fielmente «el deterioro que vive la salud del Estado español en lo que a separación de poderes se refiere». Pese al impacto de la noticia, ha garantizado que «desánimo no hay ninguno» y que el colectivo agrícola permanecerá «al pie del cañón en la defensa de lo que nos parece una injusticia».

El espejismo de la desalación

Otro de los frentes más espinosos abordados por el sindicato es el de las inversiones estatales proyectadas para paliar este «hachazo» anual, estimado en más de un centenar de hectómetros cúbicos. Las obras prometidas para modernizar regadíos y mejorar las redes energéticas e hidráulicas del sureste peninsular, según los afectados, brillan por su ausencia.

Jiménez denunció que estas infraestructuras «no están, ni se sabe de ellas, ni se las conoce». Con tono contundente, el portavoz ha reevaluado al alza la magnitud del engaño institucional respecto a la inyección económica prometida: «No eran 2.145 millones de mentiras, eran 2.950 millones de mentiras».

El escepticismo inunda también el plan de Sánchez de fiar la supervivencia del campo a la producción industrial de recursos hídricos. Los regantes tachan de inviable la apuesta por la desalinización si no se ejecutan previamente las canalizaciones precisas, reduciendo las intenciones del Ministerio para la Transición Ecológica a «pírricas ampliaciones de desaladoras». La interdependencia de ambos sistemas es absoluta, tal y como alerta el presidente del Scrats en un claro aviso a navegantes: «Si no hay agua del trasvase, no hay agua desalada».

Agotada casi por completo la vía judicial -el propio líder sindical asume que el contencioso impulsado desde el Campo de Cartagena carecerá previsiblemente de «un gran final»-, el tablero de juego pasa a ser exclusivamente institucional y parlamentario, puesto que, como ha remarcado, «Esto es un tema político». En este sentido, la nueva estrategia fía su éxito a presionar a los delegados del Gobierno de las provincias afectadas (Alicante, Murcia y Almería) para que bloqueen cualquier alteración perjudicial en las reglas de explotación.

En un último órdago, el sector primario advierte a los diputados del sureste que fiscalizarán cada uno de sus movimientos en el Congreso y exigen que el futuro del acueducto no se imponga por real decreto, sino que se someta obligatoriamente al escrutinio, debate y votación de las Cortes Generales.