Una clínica de Castellón, condenada tras una operación para adelgazar que acabó con una extirpación parcial de estómago

Lo que comenzó como una intervención para perder peso terminó convirtiéndose en una grave emergencia médica con consecuencias permanentes para una mujer de 49 años.

Una clínica de Castellón ha sido condenada a indemnizar a la paciente con 92.088 euros después de que la colocación de un balón intragástrico derivara en una perforación gástrica, un shock séptico y un fallo multiorgánico que obligaron a someterla a varias operaciones de urgencia, incluida la extirpación de una parte de su estómago.

La sentencia ha sido dictada por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana Plaza número 1, que estima íntegramente la demanda presentada por la paciente y concluye que existió una actuación médica negligente durante el proceso.

El fallo considera acreditado que la intervención estaba contraindicada debido a los antecedentes médicos de la mujer, circunstancia que no fue tenida en cuenta antes de proceder a la implantación del balón gástrico.

«Intervención de alto riesgo»

Según se recoge en la resolución judicial, la paciente había sido sometida años atrás a una operación de hernia de hiato mediante una técnica conocida como funduplicatura de Nissen. Este antecedente convertía la colocación del balón intragástrico en una intervención de alto riesgo y, según quedó acreditado durante el procedimiento, completamente desaconsejada desde el punto de vista médico.

Los hechos se remontan al 28 de junio de 2024, fecha en la que la mujer se sometió a la intervención con el objetivo de perder peso. Un mes después comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales, inicialmente tipo cólico, que fueron aumentando de intensidad y extendiéndose hacia la espalda. A estos síntomas se sumaron vómitos y ausencia de deposiciones.

Ante el empeoramiento de su estado, la paciente contactó en dos ocasiones con la clínica donde había sido intervenida. Sin embargo, según recoge la sentencia, la atención se limitó a consultas telefónicas. Se le recomendó tomar analgésicos y medicación para controlar los vómitos, además de un ansiolítico sublingual, indicándole que descansara.

Lejos de mejorar, su situación continuó agravándose. Durante la madrugada acudió al Hospital de La Plana, en Villarreal, donde los médicos le practicaron pruebas diagnósticas que revelaron una perforación gástrica.

El hallazgo obligó a intervenirla de urgencia debido a la gravedad de las complicaciones que ya presentaba, entre ellas un shock séptico y un fallo multiorgánico provocado por la infección derivada de la perforación no detectada previamente.

Compleja recuperación y secuelas

La paciente tuvo que enfrentarse a una compleja recuperación. Días después de la primera cirugía comenzó a presentar problemas en la sutura gástrica, lo que hizo necesaria una nueva operación el 6 de agosto de 2024. Durante esta intervención los facultativos tuvieron que extirparle una parte del estómago para controlar las complicaciones.

Las secuelas de aquella situación continúan afectando a su vida diaria. Como consecuencia de la gastrectomía parcial, la mujer padece síndrome de vaciamiento rápido o dumping, gastritis por reflujo, episodios de diarrea, pérdida de peso, anemia y alteraciones óseas, además de un mayor riesgo de desarrollar determinadas patologías en el futuro. Todo ello le obliga a mantener controles médicos periódicos y una dieta específica de forma permanente.

La defensa de la paciente fue asumida por los abogados Ica Aznar Congost y Juan Carlos Montealegre Bello, pertenecientes a los servicios jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente. Durante el juicio se puso de manifiesto que la intervención no solo era médicamente desaconsejable por los antecedentes quirúrgicos de la afectada, sino que además no recibió una información adecuada sobre los riesgos específicos que existían en su caso.

Aunque la mujer firmó el consentimiento informado antes de la operación, el juez concluye que dicho documento no recogía de forma suficiente las complicaciones asociadas a su historial médico concreto. La sentencia entiende que la paciente no dispuso de toda la información necesaria para valorar correctamente los riesgos de la intervención y decidir con pleno conocimiento si deseaba someterse a ella.

Con esta resolución judicial, la clínica deberá abonar la totalidad de la indemnización reclamada, una compensación que busca reparar los daños sufridos por una intervención que, según ha determinado la justicia, nunca debió haberse realizado en las circunstancias médicas de la paciente.