Los nacionalistas radicalizan la huelga para exterminar el español en la educación valenciana

Lo que inicialmente nació y se planteó ante la opinión pública como un conflicto estrictamente laboral encaminado a pactar mejoras en los centros escolares de la Comunidad Valenciana ha terminado por despojarse de su careta para transformarse en una ofensiva de marcado carácter ideológico.

En su cuarta semana de huelga indefinida, los sindicatos de izquierdas y los sectores nacionalistas han retorcido el objetivo inicial de las movilizaciones para convertir la lengua en su principal ariete de presión. De este modo, las exigencias sindicales han derivado en la reclamación innegociable de derogar la Ley de Libertad Educativa que otorga a las familias la libertad de elegir la lengua vehicular de sus hijos, evidenciando un intento explícito de utilizar el conflicto para marginar y exterminar el español de las aulas de la autonomía valenciana.

Detrás de esta escalada se sitúa el sindicato mayoritario STEPV, una organización de posiciones extremistas vinculada estrechamente a Compromís y a la que perteneció Vicent Marzà, exconseller de Educación durante la presidencia del socialista Ximo Puig. Esta central, en unidad de acción con UGT y CCOO, pretende imponer mediante el colapso educativo y una huelga indefinida lo que fue ratificado legítimamente por la soberanía del pueblo valenciano en el Parlamento autonómico.

Sin embargo, esta estrategia de agitación institucional no parece dar los frutos políticos esperados por la oposición. A pesar de la intensa campaña orquestada por la izquierda contra el Gobierno del PP encabezado por Juanfran Pérez Llorca -primero capitalizando políticamente la tragedia de la dana y ahora utilizando la huelga educativa-, todas las encuestas coinciden en su diagnóstico electoral.

Los recientes sondeos de empresas demoscópicas como Sigma Dos, Sociométrica o NC Report vaticinan sin fisuras que el Partido Popular volvería a ser la formación más votada en las próximas elecciones autonómicas, revalidando la mayoría absoluta junto a Vox y condenando a la izquierda a permanecer en la bancada de la oposición en las Cortes Valencianas una legislatura más.

Con una huelga enquistada que ya suma su cuarta semana y mantiene una acampada en pleno centro de Valencia, el panorama en las calles refleja una alarmante deriva. Si bien es cierto que las manifestaciones multitudinarias de las primeras jornadas han ido menguando significativamente en cuanto a número de asistentes, el pulso callejero se sostiene mediante tácticas de amedrentamiento.

El empujón de un agente de policía a una manifestante la tarde del pasado domingo, que ya ha provocado una denuncia de la agredida y la apertura de un expediente interno por el empleo de una fuerza desmesurada para despejar la calzada, se ha convertido en la imagen más viralizada del conflicto, pero no oculta un clima generalizado donde las amenazas y las coacciones están cobrando un protagonismo indeseado que altera las reglas del juego.

La crispación se ha trasladado directamente al interior de las escuelas y los institutos, afectando de manera directa al alumnado y a sus familias. La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha denunciado formalmente que las organizaciones convocantes emplean canales de Telegram para difundir versiones de las negociaciones que no se corresponden con la realidad, presentando los avances como bloqueos y propagando falsedades para generar alarma entre el profesorado.

En este escenario de desinformación, mientras la gran mayoría de los docentes actúa con absoluta responsabilidad, un porcentaje radicalizado recurre a métodos coactivos, irrumpiendo en las aulas con pitos para acusar al grito de «esquiroles» a los profesores que deciden ejercer su legítimo derecho a trabajar e impartir clase con normalidad.

Paralelamente, las quejas de los padres se multiplican ante la falta de materias impartidas y situaciones como la denunciada por una madre en la localidad alicantina de Polop, donde se obligó a todo el alumnado a permanecer en el patio durante toda la jornada escolar a pesar del intenso calor.

Coacciones, señalamientos y fractura en el frente sindical

La radicalización de la protesta ha cruzado líneas rojas en el ámbito personal de los cargos públicos y de los propios representantes de los trabajadores. En los últimos días se han difundido en redes sociales los datos personales y la dirección de la residencia habitual de la consellera de Educación y de su familia, un hecho que coincide con el hostigamiento sufrido el pasado domingo, cuando la propia Ortí y los miembros de los sindicatos CSIF y ANPE quedaron retenidos en el interior de la Conselleria hasta las dos de la madrugada por grupos de manifestantes alentados en el exterior por los representantes de UGT, CCOO y STEPV.

Ante el fundado temor por su integridad física, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a través de una rueda de prensa de sus dirigentes Mario Gutiérrez, Rafael Cantó y José Seco, ha anunciado que pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía y habilitará un canal de denuncias para docentes presionados en sus centros. Desde CSIF han desmentido de forma tajante haber quebrado la unidad de acción sindical, acusando directamente a las tres centrales huelguistas de romperla unilateralmente al intentar imponerles un documento cerrado que fijaba que la lengua vehicular del sistema educativo sea el valenciano.

En el plano estrictamente laboral, la ruptura del frente sindical responde al pragmatismo de CSIF y ANPE, que decidieron desconvocar los paros como un acto de buena fe tras aceptar una oferta retributiva de la Generalitat que contempla una subida salarial de 200 euros mensuales hasta 2028, además de la desconexión digital y seis días de libre disposición tras 19 años sin incrementos.

Al margen de estos 200 euros autonómicos, el profesorado se beneficiará del incremento del 11 % propuesto por el Gobierno central para los empleados públicos durante los próximos cuatro años, situando a los docentes valencianos entre los mejor remunerados de toda España, solo por detrás de las comunidades con regímenes forales.

Frente a esta realidad económica, los profesores que secundan la huelga indefinida pierden una media de 150 euros diarios de su sueldo, recurriendo a un fondo de resistencia o crowdfunding que acumula 150.000 euros aportados desde otras regiones. Todo ello ocurre mientras el Gobierno de Pérez Llorca mantiene una propuesta que incluye mejoras en infraestructuras, climatización de aulas, bajadas progresivas de ratios -con un máximo de 22 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en la ESO y 30 en Bachillerato para el año 2032- y una inyección presupuestaria histórica para este ejercicio que incrementa la partida educativa en casi 500 millones de euros sobre el año anterior.

Blindaje de la libertad de elección

El verdadero nudo que mantiene bloqueado el entendimiento es la exigencia de STEPV, UGT y CCOO de reabrir el pacto salarial ya cerrado y, fundamentalmente, la obligatoriedad de derogar la Ley de Libertad Educativa. Conviene recordar que esta norma, la Ley 1/2024, fue aprobada el pasado 27 de junio de 2024 en el pleno de las Cortes Valencianas, saliendo adelante con los votos a favor de los grupos parlamentarios que tienen mayoría en la cámara, el Partido Popular y Vox, mientras que los partidos de la oposición, el PSOE y Compromís, votaron en bloque en contra de su implantación.

Ante el intento de los sindicatos huelguistas de tumbar este marco regulatorio en una mesa sectorial, el presidente del Consell se ha mostrado inflexible al asegurar que una ley refrendada por la mayoría del pueblo valenciano en las urnas no será sacrificada ante chantajes sectoriales.

Tanto Pérez Llorca como la consellera han afeado la actitud del PSOE y de Compromís por jalear unas protestas cuyas demandas laborales ignoraron por completo durante sus ocho años al frente del Gobierno del Botánico. El propio presidente ha tildado de chantaje inaceptable y denunciable el comportamiento de algún representante sindical y exconcejal de Compromís encargado de examinar de la PAU, quien amenazó veladamente con suspender en Filosofía a los alumnos procedentes de la educación concertada.