El misterio del torso calcinado en Alicante: homicidio o un descuartizamiento tras un golpe de calor

La Audiencia Provincial de Alicante acoge en su recta final un juicio donde la línea entre el asesinato a sangre fría y la negligencia macabra parece desdibujarse. En el banquillo, Tomás Ezequiel M. C. y Raquel G. M. se enfrentan a una petición fiscal de 17 años de cárcel, acusados de matar, descuartizar y quemar a Fernando A. P., de 56 años.

Sin embargo, durante su declaración de este viernes ante el jurado popular, ambos procesados han negado tajantemente el homicidio. Su versión dibuja un escenario radicalmente distinto: achacan la muerte de la víctima a un letal golpe de calor y sostienen que, al encontrar el cadáver en la cama una mañana tras una noche de fiesta, el pánico a que les imputaran cualquier responsabilidad los empujó a deshacerse del cuerpo. «Me arrepiento mucho de lo que ha pasado. Tendría que haberlo dejado en la cama y llamar a una ambulancia y no estaríamos en la cárcel», ha asegurado Tomás Ezequiel, reiterando a preguntas de su letrado que «Raquel no ha matado a Fernando y yo tampoco».

Para la Fiscalía, la motivación de este escabroso suceso reside en la avaricia. El Ministerio Público sostiene que el objetivo del crimen era quedarse con el piso y la pensión del fallecido, dado que ambos acusados residían con él y habían logrado acceder a sus cuentas bancarias.

Raquel, que optó por contestar únicamente a su abogado, Miguel Ángel Cánovas, intentó desmontar esta acusación apelando al estrecho vínculo afectivo que los unía. «Fernando y yo éramos como hermanos», declaró en la sala, negando cualquier episodio de maltrato hacia el fallecido.

Según su testimonio, Fernando le abrió las puertas de su casa porque no tenía a nadie que lo cuidara. «Yo ganaba 400 euros todos los meses, él 600. Juntábamos el dinero y con eso salíamos adelante», explicó. Por su parte, Tomás Ezequiel secundó este relato describiendo el frágil estado de salud de la víctima: «Él estaba muy mal. No salía casi a la calle porque daba unos pasos y se ahogaba».

Los hechos que ahora desgrana el tribunal popular se remontan a junio de 2024, fecha en la que la aparición de diversos restos humanos diseminados y calcinados conmocionó a las partidas rurales alicantinas. El 17 de junio se localizó un torso en el Portell de la Serreta, y apenas cinco días después, la cabeza y las extremidades afloraron en Fontcalent. Fue la huella de una mano, que resistió milagrosamente a las llamas, la que permitió ponerle nombre a la víctima: Fernando, vecino del barrio de Virgen del Carmen.

En el momento de las detenciones, la investigación ya destapó el truculento y marginal entorno en el que se gestó la tragedia. El difunto era descrito por sus conocidos en declaraciones a El Debate como «una buena persona que tenía problemas psicológicos», que en su día «acogió a la mujer debido a su propia necesidad de compañía y a sus problemas de higiene personal y acumulación compulsiva de basura en su hogar».

Marginalidad y acusaciones cruzadas

Ese contexto de vulnerabilidad extrema fue el caldo de cultivo del suceso. Raquel, marcada por un profundo «pánico a la policía» que le impedía vivir de okupa, dependía de forma absoluta del techo de Fernando. Sin embargo, la frágil convivencia saltó por los aires cuando ella introdujo en el domicilio a su compañero sentimental, Tomás Ezequiel, al que había conocido en la calle. En el momento de la detención, fuentes cercanas a los detenidos revelaron a este periódico que el acusado era «conocido por su perfil violento» y que sometía a Raquel a constantes abusos, llegando «a encerrarla en un maletero durante dos días y a atarla».

Pese a ello, su entorno aseguraba que ella continuaba «obsesionada con él», al punto de que los propios vecinos, incrédulos ante su implicación directa en el descuartizamiento, afirmaban que ella «era más asustadiza y no se atrevería a hacer algo así», concluyendo que «eso lo ha tenido que hacer 'el Negro'». Esta teoría también tomaba en cuenta la frialdad del móvil económico, pues «como él no tenía familia pensarían que nadie le echaría de menos y podrían quedarse con su casa».

De vuelta a la sala de vistas en la actualidad, la fase de conclusiones definitivas ha evidenciado un choque frontal de relatos. El fiscal José Luis Miota tiró de ironía para tildar de «cuento» el testimonio de los acusados. «Y cuando se lo encontraron muerto, no se les ocurrió nada mejor que descuartizarlo y quemarlo, tras comprar una sierra radial y vaciar sus cuentas. ¿En serio, alguien se cree esto?», interpeló duramente al jurado.

Para el representante del Ministerio Público, la coartada de los procesados se transforma rápidamente en «una película de terror: Fernando era una persona asocial, sin trato con sus vecinos, Raquel vivía prácticamente en la calle y tenía una relación tóxica con su pareja, con denuncias mutuas por malos tratos». Tras calificar el descuartizamiento de «una carnicería tremenda», el fiscal hizo hincapié en que la destrucción del cadáver buscaba entorpecer la labor policial: «De no haberse podido encontrar huellas, la Policía hubiera tardado más en identificar a la víctima y ellos podrían haber hecho desaparecer pruebas».

Frente a la contundencia de la acusación, las defensas han cimentado su estrategia sobre la absoluta falta de pruebas forenses concluyentes, exigiendo la aplicación del principio de presunción de inocencia ante la duda (in dubio pro reo). «Aquí los cuentos se lo están contando otros», replicó con dureza el letrado Miguel Ángel Garijo, acusando a los responsables de la investigación de actuar con manifiesta «inquina hacia los acusados».

Según su alegato, los agentes «llegaron a la conclusión en el primer momento de que a Fernando lo mataron la gitana y el negro y ya no quisieron investigar nada más». Esta tesis de la manipulación policial fue respaldada en el interrogatorio por Tomás Ezequiel, quien aseguró haber sido presionado en Comisaría para delatar a su pareja: «No vamos contra ti, ya sabemos que no vivías allí, queremos enmarronar a Raquel», afirmó que le dijeron los agentes.

Por su parte, Miguel Ángel Cánovas, defensor de Raquel, pidió a los miembros del tribunal que aplicasen el sentido común para no dejarse arrastrar por «conjeturas policiales». Su baza fundamental reside en los informes periciales, recordando al jurado que «hasta doce peritos han examinado los restos y no han encontrado signos de violencia», a pesar de que el 90 por ciento del cuerpo estaba disponible para el análisis forense.

Para rematar, Cánovas cuestionó la propia lógica de la Fiscalía lanzando una pregunta clave al aire: «¿Quién iba a matar a su gallina de los huevos de oro si Raquel ya estaba en la casa y tenía el pin para sacar el dinero de la cuenta de Fernando?».

Con los testimonios cerrados, la magistrada Cristina Costa tiene previsto entregar este lunes el objeto del veredicto al jurado popular. Serán ellos quienes tengan la ardua tarea de dirimir si la muerte de Fernando esconde un premeditado asesinato para heredar una vida ajena o si, por el contrario, fue el trágico preámbulo de un grotesco descuartizamiento dictado por el pánico.