Los tentáculos del soberanismo catalán llegan hasta la matriculación de los escolares valencianos

Uno de los aspectos que más ha influido para que la huelga en la educación pública no universitaria en la Comunidad Valenciana haya durado un mes justo y no unos días o, incluso, alguna semana menos es el que se refiere a la cuestión lingüística. De hecho, uno de los lemas durante las protestas, que han tenido forma de concentraciones, manifestaciones y hasta de acampada ilegal, ha sido el de «Escola pública y en valencià».

A lo largo de las numerosas negociaciones se ha llegado a plantear por parte de los sindicatos convocantes más beligerantes, es decir, STEPV, UGT y CCOO, la exigencia de la derogación de la Ley de Libertad Educativa, que puso fin gracias a los votos del Partido Popular y Vox al adoctrinamiento idiomático y territorial que durante ocho años llevaron a cabo el PSPV-PSOE, con Ximo Puig a la cabeza, Compromís y Unidas Podemos.

Esta norma terminó con la marginación del español en las aulas mediante la negativa a los padres de que pudieran elegir en qué lengua querían que estudiasen sus hijos. En todo momento, desde que el texto estaba en tramitación parlamentaria, hasta que se aprobó y ahora se está desarrollando, la oposición de la izquierda está siendo total y absoluta, tanto desde el ámbito político como sindical y de colectivos sociales.

Entre estos últimos destacan Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Plataforma per la Llengua y Escola Valenciana. A los tres les unen el rechazo frontal a todo lo español, por lo que la libertad de las familias para escoger el idioma en el que sus hijos mayoritariamente recibirán las clases es algo que no conciben. Además, todas estas organizaciones también comparten una sugerente merma en sus ingresos desde que el centro-derecha alcanzó en 2023 la Generalitat.

Tanto el PP como Vox llevaban en sus respectivos programas electorales que cualquier asociación que defendiera los mitológicos 'países catalanes' se quedaría sin subvenciones. Y así fue. Sin embargo, han encontrado otros refugios económicos fuera de las fronteras de la Comunidad Valenciana, tales como la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona y, por si lo anterior no fuera suficiente, del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así, el Ministerio de Cultura que dirige el catalán Ernest Urtasun desembolsó ha desembolsado 380.000 euros para estos colectivos y otros como Societat Coral El Micalet, de la misma cuerda independentista. Además, el Ejecutivo regional catalán, entonces presidido por Pere Aragonès, de Esquerra Republicana de Catalunya, otorgó 135.000 euros en 2024 a Plataforma per la Llengua.

Parte de esos fondos les han servido para organizar campañas en contra de la libertad educativa coincidiendo con los periodos de matriculación en los colegios. El último ejemplo es el de ACPV, que se ha movilizado para que la lengua elegida sea el valenciano. Más claro no lo pueden haber puesto: «Matricula’ls en valencià» (matricúlalos en valenciano). Así se titula su última acción al respecto, cruzando de una manera más que clara y evidente la línea que separa la libertad familiar e individual de la imposición. Ideología ante todo. Sus argumentos así lo reflejan:

«Ya ha comenzado el periodo de matriculación para la ESO y Bachillerato, un momento clave para elegir el modelo educativo que queremos para nuestro futuro. Desde Acció Cultural del País Valencià animamos a las familias y al alumnado a apostar por una educación pública, de calidad y en valenciano. Elegir estudiar en valenciano es garantizar una educación enraizada en el territorio, inclusiva y con más oportunidades para el alumnado. Es, también, una forma de defender una escuela que asegure la igualdad de oportunidades y el pleno dominio de las lenguas», apunta ACPV.

Estas actuaciones también las han desarrollado Plataforma per la Llengua y Escola Valenciana. No menos sangrante es que unos y otros izan la bandera del supuesto valencianismo cuando, en realidad, la intención contraria y tiene dos aristas. Por una parte, orillar hasta la extenuación cualquier rastro de todo lo que suene o pueda sonar a español. Y, al mismo tiempo, utilizar el término valenciano para intentar lograr su ansiada anexión de la Comunidad y Baleares a Cataluña, siendo las dos primeras meras colonias de la última, que sería la gran metrópoli.

Ese es el fin, nunca disimulado por ACPV, Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana y tantos otros grupos de similar pelaje. En base a ello, también tienen claro que cualquier medio para alcanzar esa meta no solo es válido, sino que su uso está legitimado por muy radical que pueda ser y cercene derechos fundamentales. Libertad, educación, familias, niños… Nada de eso le importa a un nacionalismo catalán que gracias a determinadas instituciones mantiene su influencia en la región.