La izquierda da oxígeno en forma de subvenciones a los defensores de los 'países catalanes' en la Comunidad Valenciana

Con la llegada de Carlos Mazón al Gobierno de la Generalitat Valenciana en 2023, el Ejecutivo autonómico cortó en seco la financiación pública a asociaciones nacionalistas y catalanistas como Acció Cultural del País Valencià, Plataforma per la Llengua y Escola Valenciana. La decisión supuso el fin de una etapa de ocho años bajo los gobiernos del socialista Ximo Puig y Compromís, formación que controlaba la cartera de Cultura, durante la cual estas entidades recibieron un flujo constante de fondos públicos.

Ahora, Mazón impulsa una Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano para blindar por ley el fin de esas subvenciones. El texto prohíbe conceder ayudas a organizaciones que «promuevan federaciones territoriales contrarias a la Constitución» o utilicen la denominación de los 'países catalanes', un concepto que el Consell considera ajeno a la realidad jurídica y cultural valenciana.

Fin de una etapa de subvenciones

Durante los gobiernos de izquierdas, entidades como Escola Valenciana o Acció Cultural del País Valencià fueron recurrentes beneficiarias de ayudas autonómicas y municipales. Con el cambio político en 2023, el flujo económico se detuvo. Desde entonces, tanto el Ministerio de Cultura, como la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona han asumido el papel de sostén financiero para mantener vivas sus actividades.

Según el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP), la Generalitat de Cataluña concedió en mayo de 2024 100.000 euros a Escola Valenciana para su «programa general de promoción del catalán en la enseñanza y el uso social 2025». Por su parte, el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, destinó otros 100.000 euros dentro del Real Decreto 761/2024, que financia asociaciones promotoras de la «unidad lingüística» entre Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. En conjunto, el paquete de ayudas superó los 380.000 euros, incluyendo fondos para Acció Cultural y la Fundació Sambori.

Activismo lingüístico con sello catalán

Una de las campañas más recientes de Escola Valenciana lleva por lema «¡Prueba el valenciano en tu instituto!». La iniciativa, dirigida a estudiantes de Secundaria y Bachillerato, busca fomentar el uso del valenciano frente al castellano en el día a día. La organización ha desplegado una red de «voluntarios lingüísticos» que recorrerán los centros educativos valencianos para promover el cambio de idioma entre los jóvenes.

Los materiales de la campaña muestran la implicación directa del Ministerio de Cultura, la Generalitat de Cataluña -presidida por Salvador Illa- y la Diputación de Barcelona, cuyos logotipos figuran como colaboradores institucionales.

«Inspectores lingüísticos»

La Plataforma per la Llengua, autodenominada «ONG del catalán», ha puesto en marcha el Síndic de Drets Lingüístics, un servicio itinerante de denuncia lingüística que recorrerá la Comunidad Valenciana y Baleares. Su objetivo declarado es ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a quienes se sientan discriminados por hablar catalán o valenciano.

Aunque la entidad asegura que el proyecto se financia con micromecenazgo -según su web han declarado unos 16.000 euros-, en julio de 2024 recibió 135.000 euros de la Generalitat catalana. La Plataforma ya no cuenta con respaldo del Gobierno valenciano, pero mantiene su expansión gracias al apoyo de la administración de Illa.

Los Premios Octubre como símbolo

La retirada de subvenciones del Ejecutivo de Mazón también ha dejado fuera de juego a los Premios Octubre, unos galardones literarios que desde 1972 reivindicaban la idea de los 'países catalanes' en Valencia. Este año, por primera vez en más de medio siglo, no se celebrarán. La editorial Tres i Quatre, organizadora del certamen, reconoció la «pérdida de todas las ayudas de las instituciones valencianas» como una de las causas principales de su cancelación.

En ediciones anteriores, estos premios se convirtieron en un símbolo del nacionalismo catalanista, con homenajes a los líderes del procés y la presencia de dirigentes independentistas como Pere Aragonès.

La respuesta del Consell

El proyecto de Ley de Señas de Identidad que prepara el Gobierno valenciano busca reforzar la protección institucional frente a las injerencias de otras administraciones. La norma impedirá que reciban subvenciones públicas las entidades que nieguen la denominación oficial de la Comunidad Valenciana, promuevan los 'países catalanes' o usen símbolos ajenos como la estelada o la cuatribarrada catalana.

Además, prevé sanciones que pueden incluir la retirada de ayudas durante tres años para los ayuntamientos o asociaciones que vulneren sus disposiciones.

Subvención de Diana Morant

En paralelo, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, aprobó una ayuda de 198.000 euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) para «modernizar herramientas tecnológicas y reforzar la investigación lingüística». La decisión ha generado controversia por la postura de la institución, que considera que valenciano y catalán son una misma lengua, en contraste con lo que establece el Estatuto de Autonomía.

Mazón, por su parte, ha anunciado su intención de promover un cambio en la denominación del organismo, que pasaría a llamarse Acadèmia de la Llengua Valenciana, en línea con la defensa de la singularidad del valenciano.

Un pulso cultural y político

La batalla por la lengua y las subvenciones se ha convertido en un nuevo campo de fricción entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo valenciano. Mientras Mazón y sus socios de Vox trabajan para frenar la financiación pública a entidades catalanistas dentro del territorio valenciano, la izquierda -desde Madrid y Barcelona- mantiene sus apoyos desde fuera.

En el fondo, el conflicto trasciende el ámbito cultural: es una disputa por la identidad y la soberanía simbólica del valencianismo frente a la proyección del nacionalismo catalán en la Comunidad Valenciana.