Manifestación en Valencia promovida por Escola Valenciana y otras entidades para denunciar la «persecución del valenciano»
Una entidad subvencionada por la Generalitat de Cataluña envía 'inspectores' lingüísticos a la Comunidad Valenciana
La Plataforma per la Llengua, entidad que se autodefine como la «ONG del catalán» y que recibe financiación pública de la Generalitat de Cataluña, ha puesto en marcha un servicio de inspección y denuncia lingüística en la Comunidad Valenciana y Baleares. Bajo el nombre de 'Síndic de Drets Lingüístics', este proyecto ofrece asistencia jurídica gratuita para denunciar casos de discriminación hacia los hablantes de catalán o valenciano y recorrerá ambos territorios con una campaña de divulgación bajo el lema «Defiende el catalán con nosotros».
Según ha informado la propia organización, la iniciativa se ha financiado con donativos particulares a través de una campaña de micromecenazgo que ha recaudado más de 16.000 euros. Sin embargo, la entidad recibe habitualmente subvenciones de la Generalitat de Cataluña, gobernada por el socialista Salvador Illa, para el desarrollo de sus actividades ordinarias. En julio, el Ejecutivo catalán le concedió 135.000 euros destinados a su plan de acción por el fomento del catalán. Durante el mandato de Ximo Puig, también obtuvo ayudas de la Generalitat Valenciana.
Un «Defensor del Pueblo» lingüístico
El 'Síndic de Drets Lingüístics' se presenta como un servicio inspirado en la figura del defensor del pueblo autonómico, pero centrado en las quejas idiomáticas. Según explica la organización, se trata de «un punto de información itinerante que hasta ahora ha recorrido Cataluña», y que ahora se desplazará a lo que denominan «país valencià» para desarrollar «una campaña de concienciación» con «sesiones de formación».
El servicio ofrecerá soporte telefónico y atención en línea a través de su web. La entidad ha elaborado también una guía práctica con «ejemplos y recursos de utilidad para conseguir vivir plenamente en catalán». Además, prevé «buscar presencia mediática, física y digital» y organizar actividades de difusión «en coordinación con administraciones y entidades».
El diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, durante la manifestación para denunciar la «censura» hacia la cultura valenciana
La Plataforma per la Llengua destaca que las donaciones permitirán publicar y distribuir la guía adaptada «a la legislación de cada territorio» y organizar «una campaña de sensibilización sobre los derechos lingüísticos», con puntos de información destinados a resolver dudas y tramitar denuncias.
Expansión y contexto político
El despliegue de esta asociación fuera de Cataluña coincide con la preparación en la Comunidad Valenciana de la Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano, impulsada por el Gobierno de Carlos Mazón. El texto, tal y como adelantó El Debate, incluirá la prohibición de conceder subvenciones a entidades que «promuevan federaciones territoriales contrarias a la Constitución» o que «no respeten el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana». La medida afectará a asociaciones que defienden el concepto de los «países catalanes», entre ellas la Plataforma per la Llengua.
Paralelamente, el Gobierno de Illa ha mantenido su apoyo económico a entidades que promueven el catalán fuera de su territorio. En los últimos meses, la Generalitat catalana concedió 24.000 euros a la Obra Cultural Balear y 100.000 euros a Escola Valenciana. Esta última destinó el dinero al «programa general de promoción del catalán en la enseñanza y el uso social 2025».
«Aumento de denuncias lingüísticas»
La Plataforma per la Llengua gestiona desde 2011 un registro de quejas sobre supuestas discriminaciones por razón de lengua. Según sus propios datos, las denuncias han pasado de 396 en 2013 a 2.902 en 2024. La entidad considera que el incremento se debe a «la creciente conciencia de ciudadanía sobre sus derechos lingüísticos».
La mayoría de los casos proceden de Cataluña. En la Comunidad Valenciana y Baleares, el número de denuncias es menor, algo que la organización atribuye a «la falta de protección jurídica» y a «la sensación de inexistencia de derechos», lo que, en su opinión, «contribuye aún más a desalentar las denuncias». Por esta razón, la Plataforma afirma que su objetivo es «empoderar a los hablantes de estos territorios», concienciarlos «de que existen leyes que sí los protegen» y ofrecerles «recursos legales y asesoramiento cuando sufren discriminación».
El equipo jurídico de la entidad estudia cada caso y ofrece asistencia legal gratuita cuando existen posibilidades de recurso judicial. En los casos «más graves», la Plataforma asume «el gasto de la defensa legal».
Debate sobre el alcance del proyecto
El desembarco del autodenominado 'Síndic de Drets Lingüístics' en la Comunidad Valenciana pone de manifiesto las injerencias de las entidades subvencionadas por la Generalitat de Cataluña en otras autonomías. Mientras la organización enmarca su labor en la defensa de los derechos lingüísticos, su marcado sesgo se interpreta como una estrategia de expansión ideológica vinculada al concepto de los «países catalanes».
El nuevo servicio, que iniciará su recorrido por las provincias valencianas en las próximas semanas, se presenta como una estructura estable de asesoramiento y denuncia, aunque la financiación y supervisión de sus actividades seguirán bajo el control de una entidad con sede en Barcelona y fuerte respaldo económico del Gobierno catalán.
