La DGT suspende a los valencianos
Hablamos de jóvenes que no pueden acceder a su primer empleo, de trabajadores que necesitan el permiso para desarrollar su actividad y de familias que ven cómo un trámite esencial se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos
Hoy, más de 45.000 valencianos esperan para poder realizar el examen práctico de conducir. A ellos se suman miles más pendientes de la prueba teórica. No hablamos de cifras abstractas. Hablamos de jóvenes que no pueden acceder a su primer empleo, de trabajadores que necesitan el permiso para desarrollar su actividad y de familias que ven cómo un trámite esencial se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos. El problema no es nuevo, pero ha alcanzado un nivel de colapso difícilmente asumible.
La causa también es evidente: la falta de examinadores de la Dirección General de Tráfico, un servicio cuya planificación y gestión dependen directamente del Gobierno de España. Conviene decirlo con claridad: no faltan alumnos, no faltan autoescuelas. Lo que falta es una gestión eficaz. En nuestra autonomía, obtener el permiso de conducir ha dejado de ser un trámite cotidiano para convertirse en un problema estructural. Y las consecuencias son cada vez más graves.
No solo por el perjuicio que causa entre jóvenes y trabajadores sino por la ruina que está causando a un sector integrado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas familiares. La situación es límite. Solo en 2025 han cerrado 19 autoescuelas en la provincia de Valencia y cerca de 50 en toda la Comunitat. No lo han hecho por falta de alumnos o de demanda, sino porque el colapso de los exámenes les impide desarrollar su actividad con normalidad. El retraso es tal que un aspirante espera alrededor de seis meses desde que aprueba el examen teórico hasta que consigue fecha para realizar la prueba práctica, lo que acarrea una tardanza de 1 año para obtener el permiso de conducir.
A esta situación se suma la respuesta del Ejecutivo, que, lejos de aportar una solución solvente, ha optado por medidas que el propio sector considera insuficientes. El denominado Plan de Refuerzo Operativo de la DGT, basado en la realización de exámenes los sábados, es una anécdota, un parche que no resuelve el problema de fondo. Como denuncia el sector, y con razón, la formación vial no puede improvisarse ni acelerarse artificialmente. Se necesitan planificación, recursos estables y decisiones valientes. No hacen falta más parches; hacen falta soluciones de fondo.
Pero si grave es la falta de examinadores, aún más preocupante resulta comprobar cómo se distribuyen los recursos. Los datos de los últimos años hablan por sí solos: provincias con mucha menor población han recibido más examinadores que Valencia. Girona, con poco más de 800.000 habitantes, ha incorporado 16; Vitoria, con alrededor de 260.000, ha recibido 15; mientras que Valencia, con cerca de 2,8 millones de habitantes, solo ha incorporado 9 en ese mismo periodo. Esto no es una cuestión técnica. Es una cuestión de equidad. Porque cuando se reparten examinadores, también se reparten oportunidades. Y hoy la Comunitat Valenciana vuelve a salir perjudicada.
Según los cálculos de las autoescuelas con 19 examinadores más en la provincia de Valencia y alrededor de 40 en toda la región bastaría para recuperar la normalidad. Además, es imprescindible garantizar un reparto de recursos basado en criterios objetivos de población y demanda, cubrir con agilidad las vacantes que se producen por jubilaciones o traslados y reforzar los medios humanos y materiales necesarios para agilizar los procesos.
Un gasto que, en todo caso, para el Gobierno de España apenas supone una gota de agua en el mar. Cabe pensar, por tanto, que los recursos no serían el problema y que el ninguneo hacia los valencianos no es casual. La propia Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), que representa al sector, ha solicitado públicamente la dimisión del director general de Tráfico, Pere Navarro, tras denunciar la falta de soluciones eficaces y la gestión del colapso de los exámenes. Desde el Grupo Popular en Les Corts Valencianes respaldamos firmemente esa petición. Cuando quienes conocen de primera mano el funcionamiento del sistema consideran agotada la confianza en su máximo responsable, el Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado.
Este no es un debate ideológico. Es un problema real que condiciona el acceso al empleo, perjudica a un sector económico y limita la movilidad de miles de valencianos. Y, sobre todo, es un problema que tiene fácil y rápida solución si existe voluntad política. No pedimos privilegios, sino igualdad de oportunidades. ¿Quién va a responder por este desprecio?
José Forés es portavoz de Movilidad del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas
