El Gobierno «ignora» a la Generalitat y condena la costa valenciana a deslindes en viviendas e infraestructuras

La Generalitat Valenciana ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha ignorado» la reclamación formulada por una docena de comunidades autónomas, encabezadas por la Comunidad Valenciana, para paralizar la tramitación del proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas, una reforma que, según el Consell, «fomenta los deslindes, restringe derechos y afecta directamente a las competencias autonómicas en materia de ordenación y gestión del litoral».

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha trasladado esta posición durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, donde ha lamentado que el Ministerio para la Transición Ecológica «haya rechazado atender la petición de las autonomías para abordar de forma efectiva el contenido del nuevo reglamento».

«Se ha logrado que se convocara la reunión, pero al no incluirse este asunto en el orden del día, el debate carece de cualquier virtualidad. No tiene sentido traer esta cuestión si no se permite manifestar una posición mediante una votación, que era precisamente lo que solicitaban las comunidades autónomas», ha considerado.

Asimismo, el conseller ha advertido de que el proyecto de reglamento presenta «claras contradicciones con diversos preceptos de la propia Ley de Costas», lo que, a su juicio, obliga a replantear la reforma y abordar previamente una modificación de la norma legal.

La postura de la Generalitat, explica la administración autonómica en un comunicado, «ha sido respaldada por otras comunidades autónomas litorales, que solicitaron conjuntamente la suspensión de la tramitación del reglamento y la convocatoria de una conferencia sectorial monográfica para analizar su contenido y sus efectos sobre las competencias autonómicas».

Martínez Mus ha recordado que la Comunidad Valenciana, junto con el resto de autonomías, ha presentado alegaciones al texto del proyecto porque «condiciona de forma muy importante la tramitación de expedientes autonómicos y no clarifica el régimen jurídico aplicable». En este sentido, ha mostrado la «total oposición» del Consell a la nueva regulación sobre compatibilidad con las estrategias marinas al considerar que introduce nuevos criterios que generan incertidumbre y dificultan la gestión del litoral.

El vicepresidente tercero también ha remarcado que la propuesta de Reglamento General de Costas incorpora medidas que «restringen derechos» y altera el reparto competencial previsto en la legislación vigente. En concreto, ha censurado que otorgue carácter vinculante a informes estatales que actualmente no son preceptivos, imponga la revocación de concesiones cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas y mezcle el régimen jurídico de las concesiones compensatorias, «generando una mayor inseguridad jurídica».

«Al margen de las comunidades»

Además, Martínez Mus ha lamentado que el Gobierno de España haya diseñado el procedimiento de reforma «al margen de las comunidades autónomas», pese a tratarse de una normativa que afecta directamente al ejercicio de sus competencias en materia de gestión del litoral. «No se nos ha permitido participar en un procedimiento que condicionará la gestión de nuestras costas», ha afirmado.

El conseller ha insistido en que la reforma proyectada llega en un momento en el que la mayoría de las comunidades autónomas costeras ya han asumido o están en proceso de asumir las competencias sobre el litoral, por lo que considera «imprescindible» que cualquier modificación normativa se tramite con diálogo institucional y consenso.

Asimismo, ha advertido de que el nuevo reglamento incrementará la inseguridad jurídica y favorecerá nuevos procesos de deslinde que pueden afectar a viviendas, actividades económicas e infraestructuras situadas en la costa, además de dificultar la gestión ordinaria de las administraciones autonómicas.

Por todo ello, Martínez Mus ha expresado la «radical oposición» de la Generalitat a la tramitación del proyecto de reglamento en los términos actuales y ha reclamado al Gobierno central que retire el texto, abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y promueva, en su caso, una modificación de la Ley de Costas que elimine las contradicciones detectadas antes de aprobar un nuevo desarrollo reglamentario.

Finalmente, el vicepresidente tercero ha reafirmado el compromiso del Consell con una política de costas basada en la protección ambiental, la seguridad jurídica, la colaboración institucional y el respeto a las competencias autonómicas. En este contexto, ha defendido la ley valenciana de protección y ordenación de la costa, impulsada para ofrecer alternativas a los deslindes y garantizar una gestión más equilibrada y respetuosa con los derechos de los ciudadanos y la conservación del litoral.