PSOE y Compromís dan la espalda a los propietarios de la costa al rechazar la paralización de los derribos de viviendas

Las casas miran al mar desde la misma orilla, con sus fachadas sencillas y la arena acumulada en los bajos, donde las puertas se abren cada mañana con la rutina de familias que llevan casi un siglo habitándolas, convencidas de que su memoria jamás sería borrada por un trazo administrativo.

Sin embargo, ese horizonte vital se ha tornado sombrío. El pleno del Senado aprobó el pasado miércoles una moción que exige al Gobierno paralizar de forma inmediata cualquier acción administrativa que cause daños irreversibles a las propiedades del litoral español, un paso adelante que ha puesto al descubierto el abandono institucional de los damnificados por parte del PSOE y de Compromís.

La votación del pasado miércoles, que fructificó con 151 votos a favor, 90 en contra y 16 abstenciones, retrató el rechazo frontal del PSOE y de Sumar -las formaciones que integran el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez- a congelar los expedientes de revisión técnica y demolición que se ciernen sobre decenas de miles de hogares en toda España.

A la oposición del Ejecutivo se unió la clamorosa incomparecencia de Compromís, cuyos representantes decidieron no participar en el debate ni emitir su voto, desentendiéndose de un conflicto que azota con virulencia a la costa valenciana tras los recientes varapalos judiciales dictados por el Tribunal Constitucional.

Aunque la iniciativa impulsada por el Partido Popular carece de efectos legislativos directos o vinculantes para el Ejecutivo central, somete al Ministerio a una presión política de máximo nivel. El reclamo parlamentario exige una moratoria urgente de todos los deslindes del dominio público marítimo-terrestre actualmente en curso, poniendo el foco sobre un drama que trasciende los despachos de la Administración para convertirse en una encrucijada de patrimonio histórico, ordenación territorial y pura supervivencia residencial.

Vidas encalladas en la orilla del mar

Detrás de la terminología burocrática y los plazos administrativos palpita la realidad de miles de ciudadanos que subsisten en un estado de angustia permanente. En enclaves como la playa de Babilonia, en el municipio alicantino de Guardamar del Segura, el conflicto no se calcula en porcentajes de retroceso costero, sino en biografías compartidas.

Son viviendas que rozan los cien años de antigüedad, ajenas por completo a las dinámicas de especulación inmobiliaria moderna o a las promociones turísticas masivas; casas que, tal y como recuerdan con nostalgia sus moradores, nacieron en su día bajo el impulso directo de la propia Administración con una función ecológica primordial: servir de barrera de contención frente al avance de la arena y proteger el frágil cordón dunar.

Hoy, esos mismos vecinos asisten con amargura a un escenario donde casi un siglo de arraigo familiar en la orilla del mar pesa menos que una línea roja trazada en los planos estatales. La Asociación de Vecinos de Guardamar Playa sintetiza el hastío del litoral advirtiendo de que las expulsiones y los derribos jamás pueden ser la respuesta al abandono administrativo del patrimonio costero.

A la desprotección jurídica se suma el progresivo deterioro ambiental del entorno, originado, según sostienen los residentes, por décadas de inacción institucional, la falta de aportes sedimentarios del río Segura y actuaciones públicas defectuosas que aceleraron la erosión, mientras sus reiteradas solicitudes de reunión con el Ministerio continúan sistemáticamente desoídas.

El bloqueo socialista frente a la reforma legal

La frustración de las plataformas vecinales se agrava al constatar la dolorosa asimetría de ritmos que existe entre la burocracia legislativa y los procedimientos de demolición. Durante el debate en la Cámara Alta de la pasada semana, la senadora 'popular' Teresa María Belmonte defendió que mientras la necesaria reforma legal permanezca «secuestrada en el Congreso», resulta imperioso acordar una moratoria urgente de los deslindes.

Dicha reforma legislativa fue promovida por el Grupo Popular y aprobada por el Senado el 12 de marzo de 2024 con el objetivo de amparar los núcleos tradicionales con valor etnográfico, pero acumula dos años de bloqueo en la Mesa del Congreso por decisión de su presidenta, la socialista Francina Armengol.

En drástico contraste con esta parálisis parlamentaria, el engranaje del Gobierno de Pedro Sánchez avanza implacable en la tramitación de los expedientes de ocupación, reversión y demolición. Para replicar a estas denuncias, el senador socialista José Antonio Valbuena justificó el voto contrario de su bancada apelando al «rango normativo superior» de las directivas europeas de concurrencia competitiva.

«Expropiación encubierta»

El epicentro de la controversia técnica reside en el anteproyecto de real decreto que modifica el Reglamento General de Costas, cuya tramitación el Senado ha exigido suspender de forma cautelar. Para la 'popular' Belmonte, el nuevo texto proyectado por el Ministerio de Transición Ecológica supone un «atropello constitucional» y una «expropiación encubierta», al contemplar la modificación forzosa de títulos concesionales vigentes y su revocación sin garantizar una indemnización plena conforme al artículo 33.3 de la Constitución.

A mayor abundamiento, el articulado introduce un silencio administrativo negativo para los informes ministeriales sin cobertura legal expresa, quebrando las reglas generales de procedimiento e imponiendo una profunda inseguridad jurídica.

El agravio económico adquiere tintes confiscatorios al analizar las condiciones del régimen transitorio que el Ejecutivo pretende instaurar. El nuevo reglamento excluye de la prórroga extraordinaria a las concesiones que amparen actividades económicas y limita la base indemnizatoria estrictamente a las inversiones realizadas antes del 15 de febrero de 2023, excluyendo el lucro cesante del periodo restante.

Frente a ello, la moción aprobada reclama garantizar una indemnización íntegra que comprenda tanto el daño emergente como las expectativas razonables de explotación, salvaguardando las inversiones realizadas bajo un marco legal que en 2013 prometió horizontes concesionales de hasta 75 años.

La deserción de Compromís

El desamparo político que denuncian las familias del litoral adquiere especial gravedad en la Comunidad Valenciana, donde el debate parlamentario coincide con el reciente varapalo asestado por el Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra varios preceptos de la Ley autonómica 3/2025 de protección de la costa -una norma aprobada por las Cortes Valencianas que supuso un efímero escudo legal para miles de propietarios el pasado 15 de septiembre-. La invocación automática del artículo 161.2 de la Carta Magna por parte del gabinete de Sánchez desactiva de forma inmediata los pilares de este paraguas regional, devolviendo a los vecinos a la casilla de salida de las demoliciones.

Es exactamente en esta hora crítica para el litoral valenciano donde la incomparecencia de Compromís ha causado un hondo estupor entre los afectados. Resulta reseñable que la formación nacionalista, que concurrió a las últimas elecciones generales en coalición con Sumar -socio minoritario del PSOE en el Gobierno central-, optara por ausentarse de la Cámara Alta, eludiendo el debate y renunciando a defender a miles de familias de su propia tierra.

Atrapados entre el corsé estatal de la Ley de Costas -que erradica la propiedad privada perpetua en la franja de 100 metros-, la negativa del ala socialista del Ejecutivo a pactar treguas y la deserción parlamentaria de sus socios valencianos, los propietarios de la orilla del mar contemplan el horizonte sabiendo que su histórica resistencia pende, más que nunca, de un hilo.