Imagen de archivo de una montaña de ropa usada
La prohibición europea de destruir ropa sin vender pone el foco en las 7.000 toneladas abandonadas en Castellón
La medida ya afecta a las grandes empresas, mientras el caso de Almazora muestra el elevado coste económico y ambiental del almacenamiento ilegal de residuos textiles
La Unión Europea ha prohibido desde este 19 de julio que las grandes empresas destruyan ropa, complementos y calzado que no hayan logrado vender. La medida pretende reducir los residuos generados por el sector y favorecer que las prendas permanezcan en circulación mediante la reventa, la donación, la remanufacturación o la reutilización.
La prohibición no afecta por ahora a las microempresas y pequeñas empresas, mientras que las compañías medianas deberán aplicarla a partir de julio de 2030. La destrucción solo estará permitida en circunstancias justificadas, como la existencia de riesgos para la seguridad o daños que impidan aprovechar el producto, bajo la supervisión de las autoridades nacionales.
Bruselas calcula que entre el 4 % y el 9 % de los textiles sin vender en Europa son destruidos antes de haber sido utilizados. Esta práctica genera aproximadamente 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO₂, una cifra que ha llevado a la Comisión Europea a endurecer las reglas frente al despilfarro asociado a la producción excesiva y la moda rápida.
La entrada en vigor de la norma devuelve el foco a Almazora, en la provincia de Castellón, donde la Guardia Civil localizó alrededor de 7.000 toneladas de residuos textiles posindustriales almacenadas irregularmente en dos naves. La investigación oficial situó su procedencia en distintos países europeos, por lo que no está acreditado que el material llegara desde Marruecos, como se apuntaba en otros medios.
En el marco de la operación Sunrising, el Seprona investigó a una persona como presunta autora de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de falsedad documental. El sospechoso habría alquilado las instalaciones, abonado por adelantado varias mensualidades y utilizado las naves como depósito hasta ocupar toda su capacidad, momento en el que los residuos quedaban abandonados y la responsabilidad de gestionarlos recaía sobre los propietarios.
Una factura superior al millón de euros
La Guardia Civil estimó que el tratamiento de los residuos acumulados en las dos instalaciones superaba el millón de euros. Las diligencias fueron entregadas en los Juzgados de Castellón y remitidas también a la Fiscalía de Medio Ambiente, después de detectarse posibles incumplimientos de la legislación autonómica, estatal y europea sobre el traslado y la gestión de residuos.
El problema adquirió una dimensión todavía mayor a finales de mayo de 2025, cuando se declaró un grave incendio en una nave del polígono Vía Europa que almacenaba toneladas de residuos textiles y se encontraba bajo investigación judicial. La elevada inflamabilidad del material favoreció la rápida propagación de las llamas y obligó a desalojar el polígono industrial por precaución.
La extinción movilizó a 65 efectivos durante cuatro días, mientras el Ayuntamiento cifró en un centenar las naves desalojadas. El incendio también dañó la red de pluviales y llevó al consistorio a ordenar la retirada de los residuos calcinados y la intervención sobre un muro que presentaba riesgo de derrumbe.
El caso de Almazora forma parte de un debate internacional más amplio sobre cómo diferenciar la ropa verdaderamente reutilizable de la basura textil presentada como artículos de segunda mano. La discusión llegará en abril de 2027 a la COP18 del Convenio de Basilea, donde se estudiará si deben endurecerse los controles sobre unos cargamentos que pueden acabar convertidos en vertederos improvisados lejos de su lugar de origen.
