El Ayuntamiento de Elche clausura un aparcamiento ilegal junto al aeropuerto y anuncia nuevos cierres

El Ayuntamiento de Elche, a través de la intervención de la Policía Local, ha ejecutado la clausura de una campa de aparcamiento ilegal situada en el entorno del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. Esta acción se enmarca dentro del amplio operativo municipal puesto en marcha para garantizar el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de actividades en esta zona estratégica.

La reciente actuación responde a un procedimiento de clausura contra una actividad que carecía por completo de la correspondiente habilitación administrativa. Según fuentes del Consistorio, la parcela ya había sido objeto de una resolución administrativa previa que ordenaba el cese inmediato de sus operaciones.

Sin embargo, el dispositivo de vigilancia de la Policía Local detectó hace escasos días que la instalación había comenzado a operar desafiando la orden municipal. Tras comprobar in situ el movimiento continuado de vehículos en su interior, los agentes decidieron adelantar la ejecución material de la clausura con el objetivo primordial de impedir la consolidación de esta actividad ilícita.

Con esta nueva intervención, ascienden a tres las campas precintadas por el Ayuntamiento desde el inicio del dispositivo de control. Según las estimaciones municipales, el conjunto de estas tres macroinstalaciones irregulares contaría con capacidad para albergar a más de 4.500 vehículos.

Cabe destacar que los propietarios de las dos primeras parcelas clausuradas solicitaron a los juzgados la adopción de medidas cautelares para frenar la acción municipal; una petición que, en ambos casos, ha sido desestimada por la Justicia, respaldando así el proceder del Ayuntamiento.

Nuevas clausuras inminentes

La ofensiva contra la competencia desleal y el descontrol urbanístico no se detiene. El Consistorio mantiene abiertos en la actualidad varios procedimientos de clausura que, previsiblemente, se ejecutarán en las próximas semanas. Según fuentes del Gobierno local, existen expedientes muy avanzados que ya han superado el trámite de audiencia y se encuentran en fase de resolución.

Estas próximas clausuras afectarán, de forma prioritaria, a aquellas campas de aparcamiento que iniciaron su actividad comercial con posterioridad a la aprobación de la moción municipal del pasado 23 de abril, fecha que marcó un punto de inflexión en la tolerancia administrativa ante estas prácticas.

Más de 110 campas bajo inspección

El alcance de esta situación en el entorno aeroportuario es mayúsculo. En el conjunto del término municipal se han llegado a identificar más de 110 campas destinadas al estacionamiento de viajeros.

Hasta el momento, el trabajo conjunto de la Policía Local y los ingenieros municipales ha cristalizado en unas 81 inspecciones. El dato arrojado por estas pesquisas es contundente: la totalidad de las instalaciones revisadas presenta algún tipo de irregularidad administrativa, aunque su situación jurídica varía considerablemente.

Del total de parcelas inspeccionadas, 45 operaban con anterioridad a la modificación del Plan General, por lo que actualmente se encuentran inmersas en un procedimiento para evaluar su posible regularización.

El Ayuntamiento ha otorgado a sus titulares un plazo de tres meses para presentar los proyectos técnicos pertinentes, así como las medidas de seguridad y el resto de la documentación exigida por la normativa.

Por otro lado, alrededor de 30 instalaciones operan amparadas por licencias provisionales que fueron concedidas en el año 2005. Estos permisos están siendo revisados de forma exhaustiva, dado que los inspectores han detectado que, en un gran número de casos, los recintos han ampliado su superficie original o han modificado sustancialmente las condiciones de la actividad que les fue inicialmente autorizada.

Desde el Gobierno municipal insisten en que el objetivo de esta campaña no es el cierre indiscriminado de negocios, sino la garantía de que todos los operadores compitan en igualdad de condiciones y con estricto apego a la legalidad vigente.

En este sentido, el Ejecutivo local subraya su compromiso de actuar con firmeza frente a las instalaciones que carezcan de licencia, pero garantizando en todo momento el pleno respeto a los procedimientos administrativos y a la seguridad jurídica de los interesados.