La debilidad parlamentaria del Gobierno frena el recorte del trasvase Tajo-Segura

El aval del Tribunal Supremo a los caudales ecológicos del Tajo no ha bastado para que el Ministerio para la Transición Ecológica aplique el anunciado recorte en el trasvase Tajo-Segura. La adaptación de las normas de explotación, que contempla una minoración de unos 100 hectómetros cúbicos anuales para el regadío de Alicante, Murcia y Almería, se halla paralizada por un obstáculo técnico y legal que sobrepasa las competencias del Consejo de Ministros y que expone la fragilidad legislativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El punto crítico de este bloqueo radica en la regulación del denominado «nivel 4», el umbral que fija el cierre automático de las derivaciones cuando las reservas conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía caen por debajo de los 400 hectómetros cúbicos.

Para ajustar el funcionamiento del acueducto a los mayores caudales ambientales fijados en el Plan de Cuenca del Tajo, los análisis técnicos del Cedex señalan que resulta indispensable elevar esa barrera de los 400 hectómetros cúbicos con el fin de asegurar los desembalses necesarios.

Sin embargo, a diferencia de los restantes niveles de explotación -modificables por la vía reglamentaria mediante un Real Decreto-, el umbral del nivel 4 está protegido por ley. Su regulación se introdujo mediante una disposición adicional en la Ley estatal de Montes de 2015, tras el acuerdo derivado del Memorándum de 2013. Modificar este mínimo implica, de manera ineludible, tramitar una reforma legislativa en el Congreso de los Diputados.

En la actualidad, la geometría parlamentaria impide al Gobierno sacar adelante una medida de esta trascendencia. La erosión de las alianzas de la investidura, condicionada por el distanciamiento de diversos grupos políticos ante los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno y por la posibilidad de un adelanto electoral, imposibilita reunir la mayoría necesaria.

Esta parálisis contraviene los compromisos del propio Ejecutivo, cuyo Real Decreto 35/2023 establecía la obligación de someter la actualización de las reglas al Consejo Nacional del Agua en un plazo de doce meses desde su entrada en vigor, un término rebasado ampliamente.

Brecha entre las reservas en origen y la sequía en destino

Esta imposibilidad de tramitar el cambio legal coincide con un escenario hídrico donde los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica desdibujan la urgencia de recortar los envíos desde la cuenca cedente.

Con datos de este lunes, la cuenca del Tajo acumula 7.104 hectómetros cúbicos, situándose al 64,25 % de su capacidad total. En las provincias que abastecen la cabecera del acueducto, Guadalajara registra 1.707 hectómetros cúbicos (57,38 %) y Cuenca alcanza los 847 hectómetros cúbicos (74,69 %). Esta disponibilidad ha situado el sistema en nivel 1 de reservas, permitiendo autorizar el volumen máximo de trasvase mensual previsto por la norma, fijado en 60 hectómetros cúbicos.

El panorama difiere sustancialmente en las demarcaciones receptoras. La cuenca del Segura se sitúa al 55,26 % de su capacidad (630 hectómetros cúbicos), pero el detalle por provincias evidencia situaciones de severa escasez: Almería se encuentra al 10,71 % de su capacidad, Murcia almacena 41 hectómetros cúbicos (27,70 %) y Alicante figura al 41,27 %.

Esta disparidad hídrica reaviva las críticas del sector agrario del sureste y de las administraciones autonómicas afectadas. Desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) sostienen que el recorte obedece a criterios estrictamente políticos y no a una falta real de recursos.

En la misma línea, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana señala que la reducción supondrá una pérdida de hasta la mitad del agua destinada al regadío en zonas con alta dependencia del acueducto, reclamando la articulación de un Pacto Nacional del Agua frente a decisiones que consideran unilaterales.

Incumplimientos en las inversiones compensatorias

El retraso en la tramitación legislativa se suma al incumplimiento del calendario de obras destinadas a mitigar la pérdida de recursos en las provincias del sur antes de 2027, según lo previsto en la planificación del Segura.

A la fecha, no se ha iniciado la construcción de la segunda planta desaladora proyectada en la Vega Baja ni se ha instalado la planta fotovoltaica concebida para rebajar la factura energética de la desalación actual, que ronda los 50 millones de euros al año. Tampoco se ha completado la interconexión de la desaladora de Torrevieja con las comunidades de regantes de Alicante y Murcia, siendo la obra de ampliación de esta planta la única actuación con presupuesto ejecutado.

A estas carencias en las zonas receptoras se añade la falta de ejecución de las medidas ambientales proyectadas en la propia cuenca del Tajo. La inversión orientada a mejorar la calidad del agua mediante la modernización de la depuración en la Comunidad de Madrid -cuyos vertidos a través del río Jarama constituyen la principal causa de contaminación del cauce- continúa sin abordarse, al igual que los planes de modernización de regadíos en la cuenca cedente.

La inacción en ambos frentes mantiene estancada la gestión hídrica entre la imposibilidad de reformar la ley en las Cortes y la falta de infraestructuras sobre el terreno.