El PSOE de la ciudad de Ábalos critica una campaña municipal en la que se señala al Gobierno de Sánchez por la nueva tasa de basuras

En Torrent, ciudad natal del exministro José Luis Ábalos -condenado a 24 años de prisión-, el PSOE local ha expresado sus críticas hacia la nueva campaña informativa del Ayuntamiento. Ante esta postura, el Partido Popular ha señalado que a los socialistas les incomoda que la iniciativa explique a los torrentinos que la implantación de la nueva tasa de basuras viene impuesta de forma obligatoria por la Ley 7/2022, aprobada por el Gobierno de España.

El grupo municipal del PP en Torrent ha mostrado públicamente su sorpresa por la reacción de la oposición frente a los mensajes desplegados en las calles de la localidad.

Según explican fuentes del equipo de Gobierno, la campaña tiene como único propósito aclarar a la ciudadanía que la futura tasa de residuos es un mandato legal derivado de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, una norma refrendada por el Ejecutivo central y sus socios parlamentarios.

Los 'populares' han recordado que esta legislación estatal obliga a todos los consistorios del país, al margen de su color político, a establecer un tributo específico que cubra íntegramente el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos. La propia ley prohíbe, además, que dicho coste sea asumido mediante los recursos generales del presupuesto municipal.

Para dar a conocer esta nueva realidad fiscal, el Ayuntamiento ha instalado diversos paneles informativos. En estos soportes se expone que la tasa obedece al cumplimiento de una ley estatal y se proporciona un código QR que enlaza a la web municipal, donde los vecinos pueden leer el detalle de la normativa, consultar las bonificaciones y resolver posibles dudas.

«El PSOE quiere ocultar que es decisión del Gobierno»

Desde el PP califican de «llamativo» que el partido socialista censure una acción institucional orientada a dar a conocer una norma de ámbito nacional. A juicio de los de Feijóo, la estrategia del PSOE intenta trasladar a la opinión pública la idea de que el nuevo impuesto es una decisión directa y voluntaria de la actual alcaldesa.

«Los vecinos de Torrent saben perfectamente que esta tasa también se está implantando en el resto de España, donde tienen familiares o segundas residencias y donde gobiernan partidos de todos los colores políticos, por lo que el PSOE no engaña a nadie», sostienen desde el grupo 'popular'.

Por otro lado, el Ejecutivo local ha rechazado las acusaciones de la oposición sobre un supuesto uso indebido de los soportes publicitarios municipales, defendiendo que el contenido de los carteles actuales tiene un carácter estrictamente explicativo.

Como contexto frente a estas discrepancias, el equipo de Gobierno ha subrayado que la alcaldesa, Amparo Folgado, solicitó por carta hasta en tres ocasiones, y una vez en persona a Pedro Sánchez, una moratoria de tres años para la aplicación de la tasa en los municipios afectados por la dana.

Dicha petición, que fue respaldada en el Pleno del Ayuntamiento con el voto a favor del propio PSOE local, no ha obtenido respuesta oficial. Los 'populares' aseguran que esperaban que los socialistas reclamaran a la dirección de su partido que atendiera a los municipios damnificados, en lugar de cuestionar la labor comunicativa del Consistorio.

Asimismo, el Ejecutivo municipal ha contrapuesto esta iniciativa con la actuación del anterior Gobierno socialista de Jesús Ros. Según ha denunciado el PP, en la antesala de las elecciones municipales de 2023, el PSOE empleó recursos públicos para impulsar una intensa campaña de difusión del denominado 'Plan Ficus', la cual consideran que estuvo guiada por fines puramente electoralistas.

Para el actual Gobierno, informar con transparencia a los ciudadanos sobre el origen normativo de la nueva tasa de residuos «no solo es una obligación, sino un ejercicio de responsabilidad institucional». Con ello, el equipo municipal insiste en que su papel se limita a acatar y aplicar una ley de obligado cumplimiento dictada por el Estado.