Ley de nietos  Preguntas y respuestas: ¿por qué el Supremo rechaza suspender el voto de los hijos de nacionalizados?

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha denegado las medidas cautelares solicitadas en relación al voto de hijos de personas nacionalizadas por la denominada ‘Ley de Nietos’. La cuestión clave es por qué el Tribunal Supremo permite votar el 29-N a los hijos de los españoles que obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. En esencia, la respuesta es que considera que hacerlo a tan poco tiempo de las elecciones podría afectar la seguridad jurídica y el derecho de voto de más de 189.000 personas.

A continuación, detallamos las principales claves del auto.

¿Qué solicitaba la parte recurrente (Iustitia Europa)?

Iustitia Europa solicitaba suspender temporalmente los efectos electorales de las inscripciones en el CERA de los electores que hubieran adquirido la nacionalidad española conforme a la Ley 20/2022 (Memoria Democrática), hasta que se comprobara individualmente su situación y la de sus progenitores. También pedía que los votos de estos electores se custodiaran aparte hasta la verificación.

¿A quiénes afectaba la solicitud de ampliación de medidas cautelares?

A los hijos e hijas mayores de edad de españoles que obtuvieron la nacionalidad de origen por el derecho de opción según la citada Ley de Memoria Democrática o la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, excluyendo a quienes la obtuvieron solo por la Ley 52/2007.4.

¿Qué decidió finalmente el Tribunal Supremo?

El Tribunal Supremo denegó la ampliación de las medidas cautelares solicitadas, considerando que su concesión podría causar una grave perturbación de los intereses generales, especialmente por la proximidad de las elecciones y la dificultad de ejecutar la medida en tiempo hábil.

¿Cuáles fueron los argumentos principales para denegar la ampliación?

La medida podría afectar gravemente la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral. El tiempo restante antes de las elecciones era insuficiente para ejecutar eficazmente la medida. La ampliación podría perturbar el derecho de sufragio de un colectivo numeroso (más de 189.000 personas). No se apreciaron circunstancias sobrevenidas suficientes para justificar la modificación de las medidas cautelares ya adoptadas.

¿Qué opiniones expresaron los votos particulares de los magistrados?

Voto particular disidente: Considera que sí debió ampliarse la medida cautelar, ya que la suspensión de la inscripción de los progenitores en el CERA debería extenderse lógicamente a sus hijos, para garantizar la pureza del censo electoral y la efectividad de una futura sentencia.

Voto particular concurrente: Coincide en denegar la ampliación, pero discrepa en la argumentación. Considera que no existían circunstancias nuevas ni conexión suficiente con el objeto del proceso para justificar la ampliación.

¿Qué principios legales y jurisprudenciales se aplicaron?

Se basa en tres principios básicos. En primer lugar, el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), que regula la modificación de medidas cautelares solo si cambian las circunstancias que motivaron su adopción. En segundo lugar, el principio de seguridad jurídica y la necesidad de garantizar la pureza y certeza del censo electoral. Y, por último, la protección del derecho de sufragio y la proporcionalidad en la adopción de medidas cautelares.

¿Qué importancia tiene la protección de datos personales y derechos digitales en este contexto?

El documento subraya la confidencialidad de los datos personales y la necesidad de cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos, especialmente en la gestión del censo electoral y la comunicación de resoluciones judiciales.