Elena Ramallo, ante el caso de la valenciana sin pensión de viudedad: «Pero sí se la dan a mujeres polígamas que no viven en España»

«A la población española se le exigen requisitos que no existen para los extranjeros». Así se contundente se muestra Elena Ramallo, doctora en Derecho y activista por los Derechos Humanos, ante la sentencia publicada por El Debate en la que se deniega la pensión de viudedad para una mujer valenciana pese a convivir y tener dos hijos en común con el fallecido.

La viuda ha recibido por parte de la Seguridad Social, del juzgado de primera instancia y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la misma argumentación: no cumple los requisitos que se exigen para cobrar la pensión de viudedad.

A su favor alegaba 20 años de convivencia, dos hijos en común y hasta un caso de violencia de género que derivó en una superación con el correspondiente acuerdo judicial con respecto a la custodia de los hijos. Pero la negativa administrativa siempre se basaba en el mismo hecho: no constaban oficialmente como pareja de hecho.

Este es el punto que más indigna a Elena Ramallo, doctora en Derecho y activista por los Derechos Humanos, quien tras leer la noticia de El Debate no dudó en ponerse en contacto con la redacción para dejar en evidencia un sistema «discriminatorio» al que le ha intentado aportar una solución.

«Resulta que a las mujeres y hombres españoles se les exigen requisitos que para nada se aplican con personas de otros países», avanzaba la profesional gallega. Tras ello remarcaba que no es una cuestión de «racismo» y señalaba «a todos los Gobiernos, porque ninguno quiere cambiar esta discriminación tan evidente. Teniendo en cuenta que después cada comunidad autónoma aplica sus criterios particulares».

La experta denuncia en El Debate que «mientras que a los españoles se les niega un derecho por no cumplir una formalización administrativa, el Gobierno acuerda con países como Marruecos, Argelia, Túnez y Mali que sus ciudadanos puedan cobrar prestaciones españolas sin ningún tipo de requisito. Es que hay, por ejemplo, mujeres sin ningún tipo de relación con España que están cobrando pensiones de viudedad con el dinero de aquí».

Ramallo prosigue su denuncia relatando que los acuerdos de España con otras naciones derivan en cuestiones más flagrantes. «Aquí la poligamia está prohibida, pero sí se pagan pensiones de viudedad a mujeres que se han casado con un hombre que cotizó en España. En esos casos dividen la cuantía entre las esposas. Prohibida para los españoles, pero respetada con otras nacionalidades».

La realidad que muestra la doctora en Derecho evidencia un trato a todas luces «discriminatorio, porque no se exige lo mismo a la gente de aquí y hasta personas que residen fuera del país. Es que no necesitan ni haber cotizado para que, por ejemplo, una mujer de Mali cobre de España una pensión de viudedad, sin demostrar si era o no pareja de hecho del hombre, ni si residían juntos».

«Aquí tenemos hombres y mujeres que por no constituirse como pareja de hecho no tienen derecho a percibir la pensión de viudedad e incluso se han tenido que ir de la vivienda familiar porque por herencia no les correspondía. ¿Por qué se trata de esta forma tan desigual?», cuestionaba la experta.

«Dos nuevos requisitos»

Pero Elena Ramallo no se queda únicamente señalando el fallo del sistema, sino que lleva tiempo intentando aportar la solución. «Todo pasa por un cambio en la ley en el que se establezcan que los nuevos requisitos son una demostración fehaciente de convivencia juntos y una cotización a la Seguridad Social durante ese tiempo», señala.

Eso sí, meterse en terrenos políticos implica que las arenas movedizas llegan hasta el cuello. «El PSOE, directamente, ha engañado con este tema. Dijo que lo cambiarían y después justificaron que sin presupuestos no se puede hacer. Mientras tanto, firman acuerdos con otros países para pagar sus pensiones, mientras a la gente de aquí se le continúa negando», denuncia.

Desde la derecha también espera respuesta: «El PP me ha emplazado al senador valenciano Gerardo Camps, que aún no se ha puesto en contacto conmigo, y de Vox no he obtenido respuesta alguna».

Y mientras el bando político no aporta soluciones, «los hombres y mujeres españoles están en un limbo legal. La discriminación a los nacionales frente a los extranjeros que no viven aquí es brutal. Inconcebible». Elena Ramallo continuará plantando cara para preservar ya no un derecho, sino para que no se cronifique una diferencia de actuaciones tan flagrante con el mismo dinero público. El caso de la viuda valenciana ha destapado la caja de Pandora.