El Ministerio de Cultura desmonta el relato de los nacionalistas sobre el Tesoro de Villena: la alerta de Europol era pública

El relato político construido por la izquierda para derivar responsabilidades tras el expolio del Tesoro de Villena se ha desmoronado desde el propio Gobierno central. Tras la trágica sustracción de casi diez kilos de oro del Museo Arqueológico Municipal (MUVI), Compromís intentó situar la diana en la Generalitat Valenciana acusándola de no haber trasladado un informe de Europol sobre la proliferación de robos en museos europeos.

Sin embargo, un comunicado del Ministerio de Cultura ha terminado por desarmar esta ofensiva al admitir que dicha alerta no era un documento confidencial, sino un texto público difundido en internet tres días antes del atraco.

La maniobra de la coalición nacionalista para señalar al Consell tuvo como punta de lanza a su síndico en las Cortes, Joan Baldoví. A través de la red social X, el dirigente cargó duramente contra la Administración autonómica esgrimiendo el supuesto retraso en la comunicación institucional: «El ayuntamiento de Villena recibió de la Generalitat, un día después del robo, la alerta de Europol de los robos en Museos. La alerta llegó tarde. ¿Os suena, verdad? Preguntaremos en Cortes y Congreso quién avisó tarde».

Esta acometida fue secundada por la diputada Verònica Ruiz, quien exigió explicaciones a la Administración autonómica sobre la custodia de las reliquias milenarias, pese a que la gestión de la seguridad del recinto recae en exclusiva sobre el Ayuntamiento de Villena, gobernado por el PSOE y Verdes de Europa.

Esta estrategia colisionó de inmediato con el reparto de competencias, dado que la gestión del MUVI y la contratación de sus sistemas de vigilancia dependen en exclusiva del Ayuntamiento de Villena, gobernado por el PSOE y Verdes de Europa.

Frente a este ataque, el síndico del Grupo Popular, Nando Pastor, reveló que el Ministerio no convocó a las autonomías para tratar la seguridad en los recintos culturales hasta el viernes a las 13:00 horas, más de un día después del robo. Una postura que la Conselleria de Cultura ha ratificado este martes a través de un comunicado en el que insiste en que no recibió «aviso oficial alguno» por parte del Gobierno central tras los robos en los museos de Badajoz y Albacete.

Para frenar la escalada de críticas sobre su propia gestión preventiva, el Ministerio había emitido un escrito explicando que ya el 11 de agosto había solicitado a las autonomías información sobre sus fondos de oro. No obstante, la Conselleria ha replicado indicando que, si bien recibieron esa petición para remitir el listado a la mayor brevedad, el departamento que dirige Ernest Urtasun no especificó en ningún momento «ni el fin ni la urgencia» de la solicitud.

No obstante, el aspecto clave del comunicado reside en su aclaración sobre el aviso internacional. Cultura reconoce abiertamente que la publicación de Europol sobre el auge de las bandas organizadas fue colgada el pasado 24 de agosto en el portal web de la propia agencia europea y «recogida por algunos medios de comunicación», desmintiendo de facto que se tratara de una alerta secreta que la Generalitat hubiera traspapelado.

Sin margen para la excusa

Esta confirmación institucional desbarata la argumentación contra la Administración autonómica y devuelve el foco crítico al equipo de Gobierno del alcalde socialista Fulgencio Cerdán. Al tratarse de una información de dominio público y accesible para cualquier administración, el Consistorio disponía de las mismas señales de advertencia que el resto de instituciones tras los recientes golpes sufridos en los museos provinciales de Badajoz y Albacete.

Pese a ese escenario de riesgo evidente, la corporación municipal mantuvo su política de contención del gasto en las instalaciones.

El presupuesto destinado a la seguridad del MUVI para el ejercicio 2026 sufrió una drástica reducción de 10.000 a 3.000 euros -casi un 70 % menos-, renunciando a la implantación de un retén presencial nocturno bajo el argumento municipal de que un vigilante «tampoco garantiza nada».

Asimismo, el Gobierno local rechazó exhibir la réplica exacta que había custodiado el recinto en años anteriores mientras el original descansaba en un banco, esgrimiendo ante las preguntas de este periódico que «la gente paga por ver el original, no una réplica».

Ante este cúmulo de decisiones, la Generalitat ha redoblado la presión institucional sobre el Consistorio recordando que, al ser un espacio de titularidad municipal, es el Ayuntamiento «el responsable de la seguridad».

En un tono contundente, el departamento autonómico ha exigido al Ejecutivo local que «acredite que las medidas de seguridad que dijo eran reales y que aporte facturas de la nueva vitrina blindada y acorazada que afirmó que iba a construirse».

La causa salta a los tribunales

El cruce de reproches políticos discurre de forma paralela a las actuaciones judiciales iniciadas contra la gestión local. La Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED) ha presentado una denuncia penal ante los juzgados de Villena contra el alcalde socialista por un presunto delito contra el patrimonio histórico en comisión por omisión.

En el plano municipal, el Partido Popular ha solicitado formalmente la celebración de un pleno urgente para crear una comisión especial de investigación, mientras Vox ha denunciado la brecha en los sistemas de custodia.

El reconocimiento por parte del Gobierno central de que la advertencia europea era de acceso público desmantela la maniobra política de la oposición autonómica y focaliza el debate en la gestión de los recursos municipales.

Serán ahora los tribunales y la propia comisión municipal -si el propio primer edil la autoriza- quienes determinen si existieron presuntas omisiones en el deber de custodia por parte de las autoridades locales, mientras la comunidad científica contiene el aliento ante la posibilidad de que los diez kilos de oro prehistórico terminen siendo fundidos por los asaltantes para su venta en el mercado clandestino.