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El CGPJ aplaza la decisión sobre las quejas contra la jueza de Valencia por la intervención de su marido para un «mayor estudio»
La Comisión Permanente retira del orden del día el punto sobre la magistrada de Catarroja pese a que el instructor de las reclamaciones pedía el archivo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido aplazar la decisión sobre las quejas planteadas contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja y encargada de la tramitación de la causa en la que se investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha retirado este martes el punto de su orden del día para un «mayor estudio».
Según la información facilitada por la Oficina de Comunicación del CGPJ, el asunto relativo a la diligencia informativa incoada ha sido excluido temporalmente de la sesión de hoy. Esta pausa se produce pese a que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, había pedido a la Comisión Permanente el archivo de dichas quejas contra la magistrada, un desenlace que se antojaba previsible dado que el aval y acuerdo de los archivos contaba con una posición compartida tanto por sectores progresistas como conservadores. Sin embargo, el órgano ha optado finalmente por demorar el pronunciamiento.
Dudas sobre la imparcialidad
El expediente que ahora el CGPJ examina con cautela reúne varias quejas interpuestas por los dos únicos investigados en la causa: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
La primera queja fue la de Pradas, quien sostiene que su derecho de defensa está «gravemente afectado» por resoluciones judiciales que, a su juicio, recogen frases categóricas sin suficiente base probatoria y «afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria». En su escrito presentado en mayo, la defensa de la exconsellera cuestionó el auto de imputación del 10 de marzo -que advertía de un aviso tardío y erróneo a la población- y otro del 9 de mayo que apuntaba a una «manifiesta pasividad».
Además, alegó «falta de imparcialidad» y opiniones predeterminadas de la instructora, advirtiendo de «la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial» aludiendo a la supuesta presencia en el juzgado del marido de la magistrada (quien es titular del Juzgado número 4 de Valencia), un hecho del que informaron varios medios. Pradas amplió posteriormente su queja por la forma en que se transcribió su declaración del 11 de abril.
El pasado 31 de julio se sumó el investigado Emilio Argüeso, cuya defensa solicitó formalmente la suspensión de la jueza y de su marido, reclamando que «continúe la instrucción su sustituto legal». Finalmente, el procedimiento incorporó una tercera queja impulsada por el letrado Rubén Gisbert, centrada igualmente en las supuestas injerencias del cónyuge de la magistrada.
Con la retirada de este punto del orden del día para un análisis más profundo, la Comisión Permanente aparca provisionalmente la propuesta de archivo formulada por Ricardo Conde a la espera de un mayor estudio de los hechos.