Imagen de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé

Imagen de archivo de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar BernabéEP

Antifraude reclama 17.000 euros a un asesor de Pilar Bernabé e investigará si fue enchufado en el Ayuntamiento de Valencia

La agencia esgrime que Alejandro García no avisó de su salida del puesto que ocupaba en una fundación pública tres meses antes, por lo que también pide al concejal socialista Javier Mateo que indemnice al Consistorio con 14.211,76 euros

Una nueva investigación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) salpica a la izquierda y a su gestión en las instituciones. Así, tras poner la lupa sobre una subvención de 80.000 euros por parte del Gobierno de Ximo Puig para la celebración del Congreso de UGT y, posteriormente, ampliar el foco hasta señalar al Ayuntamiento y a la Diputación de Valencia cuando estaban en manos del PSPV-PSOE y Compromís, ahora el turno es para dos exasesores de la actual delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé.

En este sentido, AVAF ha concluido que el concejal socialista en el Consistorio de la capital regional Javier Mateo y el recién nombrado asesor del Grupo Municipal del PSPV-PSOE, Alejandro García, deben indemnizar a las fundaciones Valencia Activa y Deportiva Municipal (FDM), respectivamente, por haber abandonados sus puestos de trabajo en estos organismos sin haber avisado con los tres meses de antelación que establece la ley,

En el caso de García, era el subdirector de Promoción Institucional y Comunicación de FDM, unas responsabilidades que dejó en 2022 para ser cargo de confianza de Bernabé una vez ésta fue nombrada por Pedro Sánchez delegada del Gobierno, concretamente jefe de Prensa. Sin embargo, ese movimiento lo realizó sin avisar tres meses antes y, en consonancia, sin abonar la pertinente indemnización:

«Proceso de contratación teledirigido»

«La incorporación inmediata a otro puesto explica la decisión personal del directivo, pero no constituye una excepción prevista en el artículo 10.1, que únicamente permite omitir el preaviso por incumplimiento contractual grave del empresario, circunstancia que no fue alegada ni consta acreditada», señala Antifraude en su escrito, al que ha tenido acceso El Debate.

No solo eso, si no que añade: «Alejandro García Martínez solicitó voluntariamente su cese con efectos inmediatos para incorporarse a otro puesto de trabajo y reconoce expresamente que no cumplió el periodo de preaviso». Es por ello que le reclama el abono de 17.116,59 euros, la misma cuantía que «la decisión de no ejercer el derecho indemnizatorio careció de soporte jurídico y económico suficiente y que la posterior inactividad pudo determinar la pérdida definitiva de un derecho económico de la FDM».

La agencia tiene también fundadas sospechas de que la contratación de García en la Fundación Deportiva Municipal fue un proceso teledirigido en aras de colocar a alguien afín a Bernabé en ese cargo.

De este modo, entre los «diversos elementos que, considerados conjuntamente, suscitan dudas sobre la regularidad material del proceso de creación y provisión del puesto de Subdirección de Promoción Institucional y Comunicación de la FDM», destacan «la existencia de un documento anterior a la publicación de la convocatoria que anticipaba la identidad del candidato finalmente seleccionado».

Integran «la Ejecutiva del PSPV-PSOE»

También señala el «elevado margen de discrecionalidad del procedimiento selectivo, basado en proyecto, entrevista y prueba teórico-práctica, por la ausencia aparente de herramientas suficientes de trazabilidad comparativa de las puntuaciones» y la «existencia de vínculos personales y/o políticos entre las personas intervinientes, en particular, que doña Pilar Bernabé García, don Javier Ismael Mateo García, y don Alejandro García Martínez, forman parte de la ejecutiva del PSPV-PSOE».

«Estos elementos justifican iniciar investigación respecto de la creación y provisión originaria del puesto de Subdirección de Promoción Institucional y Comunicación de la FDM», argumenta el informe.

En cuanto a Mateo, Antifraude sigue la misma línea que con García y no acepta que su salida de Valencia Activa en 2023 para ser concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia sin previo aviso de tres meses sea algo que contemple la ley, por lo que el montante que pide AVAF asciende a 14.211,76 euros.

comentarios
tracking

Compartir

Herramientas