El informe policial que destapó la falta de seguridad del Tesoro de Villena: «Hace falta un vigilante las 24 horas»

El robo del Tesoro de Villena, sustraído el pasado 27 de agosto en un asalto de apenas cuatro minutos, no fue producto de una debilidad estructural imprevisible o sobrevenida. El equipo de Gobierno municipal, integrado por el PSOE y Los Verdes, tenía sobre la mesa desde el 3 de julio de 2024 un dictamen de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana que alertaba de las enormes deficiencias de la nueva sede del Museo de Villena (MUVI). Pese a la claridad del texto, del que El Debate informó en primicia, el Consistorio ocultó las advertencias y descartó implantar la principal medida de contención exigida por los agentes.

Tras el expolio de la segunda colección de oro prehistórico más importante de Europa, el Ejecutivo local trató de justificarse esgrimiendo supuestas peticiones presupuestarias de seguridad que resultaron ser falsas, intentando desviar así la responsabilidad al Gobierno autonómico del Partido Popular.

La realidad documental, que adelanta este periódico en primicia, demuestra que el Ayuntamiento omitió el deber legal de trasladar el informe policial a la Conselleria de Cultura y nunca solicitó fondos específicos para blindar el recinto.

Toda esta cadena de decisiones y ocultaciones ya se encuentra bajo la lupa judicial. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Villena mantiene incoadas diligencias previas contra el alcalde (Fulgencio Cerdán), la concejal de Cultura (María Server) y la directora del MUVI (Laura Hernández). La causa, impulsada por una denuncia de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, investiga un presunto delito de daños por imprudencia derivado de la alteración del modelo de custodia del ajuar.

Un edificio vulnerable

El documento policial, elaborado por la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Alicante tras una petición de asesoramiento del propio museo, describe la antigua electro-harinera elegida para custodiar las joyas como un «bonito edificio rehabilitado», pero advierte expresamente de que su estructura no es idónea para este fin.

Los especialistas constatan en su evaluación técnica que el inmueble cuenta con una «multitud de grandes ventanales e innumerables puertas» que dificultan enormemente su protección perimetral.

Ante la falta de barreras físicas, la ausencia de sensores sísmicos y la fragilidad de los accesos, la Policía prescribió de forma literal e inexcusable la «contratación de un servicio de vigilante de seguridad privado las 24 horas del día y los 365 días del año».

En su dictamen, los agentes recordaban a los responsables locales que no cabían excusas financieras para rechazar esta protección, argumentando que la singularidad y el valor del ajuar «hacen necesario un esfuerzo técnico y económico por parte de las administraciones públicas».

Coartada desmontada

El concejal de Patrimonio, Javier Martínez, ha intentado restar validez al documento alegando que fue una simple herramienta interna sin entrada formal por el registro electrónico municipal.

Sin embargo, los artículos 16 y 26 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común desmontan esta defensa: la ausencia de un asiento registral no anula la validez de un documento ni demuestra que su contenido fuera desconocido.

De hecho, el propio Ayuntamiento reconoció que las pautas del informe sí sirvieron para ejecutar inversiones menores en cámaras y sistemas de intrusión, un gasto que técnicamente requería validar antes la necesidad descrita por la Policía.

Además, fuentes de toda solvencia confirman a El Debate que el alcalde, el socialista Fulgencio Cerdán, tenía conocimiento personal e directo de las advertencias. El regidor habría sido informado por la directora del MUVI, por los técnicos municipales presentes en la inspección e, incluso, por el propio inspector policial autor del texto, quien le comunicó los aspectos más críticos que amenazaban al Tesoro.

Falsas peticiones

Para sostener su relato y cargar contra la Administración autonómica gobernada por el PP, el Gobierno local aseguró que durante dos años consecutivos presentó enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat reclamando fondos específicos para incrementar la seguridad, afirmando que habían sido rechazadas. La documentación oficial de las Cortes Valencianas a la que ha tenido acceso este periódico lo desmiente de forma rotunda.

En el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas (BOCV) n.º 147, de 19 de mayo de 2025, el Grupo Socialista registró las enmiendas 2.335 y 2.354 por valor de 100.000 euros. Su finalidad literal e íntegra fue la «Dinamización, desarrollo de proyectos didácticos y difusión del Museo de Villena (MUVI)». En ningún apartado se menciona la seguridad, la protección de ventanales o la contratación de vigilantes.

El 29 de junio de 2026, el Consistorio repitió el mismo patrón al anunciar públicamente una petición de 300.000 euros a la Generalitat que volvió a catalogarse, de nuevo, como «ayudas para dinamizar el Museo de Villena».

La ocultación del informe a la Conselleria de Cultura podría suponer además un quebrantamiento del artículo 4.2.b de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, que obliga a las entidades locales a notificar a la Generalitat «cualquier amenaza» y las «dificultades y necesidades» para proteger los bienes.

Si el municipio consideraba inasumible el coste de la vigilancia humana, la ley le exigía reportarlo a la Generalitat. Sin embargo, el Consistorio optó por el silencio y asumió el riesgo de exhibir las piezas originales con protección pasiva, un cambio drástico respecto al cofre blindado vigilado por la Policía Local que las protegió durante 61 años.