Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez, exconcejales de Benidorm acusados de varios delitos de corrupción
Alicante
Dos exconcejales socialistas de Benidorm, a juicio por prevaricación, malversación y tráfico de influencias
El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm acaba de dictar la apertura de juicio oral para investigar sobre la gestión del anterior Gobierno municipal
El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha dictado apertura de juicio oral para investigar supuestas irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de distintas plazas por parte del anterior Gobierno socialista de la ciudad. Entre los encausados constan los exconcejales Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez.
En un auto del 16 de octubre, al que ha tenido acceso Efe, la jueza decreta la apertura de juicio oral, a petición de Fiscalía y la acusación particular que ejerce el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), contra dos exconcejales y seis técnicos municipales del Consistorio alicantino imputados por supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.
La Audiencia de Alicante será la que determine la fecha del juicio después de que los acusados comparezcan en la causa. Anteriormente, varios de los imputados habían presentado recursos para evitar la apertura de juicio oral solicitando que se declarara prescrita la causa, a lo que la Fiscalía Provincial de Alicante se opuso.
Además de los citados exconcejales, la Justicia también ha encausado a dos representantes de sindicatos y cuatro técnicos municipales, que se enfrentan a penas de ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público en el caso del delito continuado de prevaricación administrativa y de cuatro años y seis meses de prisión por malversación.
La investigación parte de una denuncia del Ministerio Fiscal a instancias de otra del SPPLB por la Relación de Puestos de Trabajo de 2010, aprobada en pleno pese a un informe contrario del Interventor, que incluía una subida salarial que suponía un incremento de la masa salarial del personal del Ayuntamiento superior a la máxima autorizada para ese año.
Más de 40 enchufados
Además, también «se crearon y cubrieron determinadas plazas cuya urgencia y necesidad no estaba justificada», recoge el escrito. La acusación también incide en la creación y cobertura «de un elevado número de plazas de personal laboral temporal» pese a las restricciones establecidas por ley en ese momento y que la parte acusadora cifró en 43 enchufados.
Así, cuando la tasa establecida para el personal funcionario de nuevo ingreso era de tres, fueron trece los que se incorporaron, lo que, según se denuncia, produjo un desajuste en la partida presupuestaria de personal de 4,5 millones de euros, como recoge la citada agencia de noticias.
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