José Joaquín Moya
Auge y caída del «Califa de la Vega Baja»
José Joaquín Moya, el exalcalde alicantino que extendió la corrupción socialista durante un cuarto de siglo
El ex primer edil de Bigastro, que acaba de ser condenado por robar más de 300.000 euros, se convirtió en el primer regidor preso preventivo de la democracia en la Comunidad Valenciana
El que fuera durante 25 años alcalde por el PSPV-PSOE de Bigastro, municipio alicantino de 7.600 habitantes en la comarca de la Vega Baja, entre 1983 y 2008, ya tuvo que ingresar en prisión por otro caso de corrupción urbanística, convirtiéndose en el primer preso preventivo de la democracia por corrupción en la Comunidad Valenciana.
Fue el 31 de octubre de 2008 cuando Moya descendió del furgón policial frente al Palacio de Justicia de Orihuela derrumbado para firmar su renuncia como alcalde y dirigirse a la cárcel de Fontcalent, donde cumplió dos meses de prisión preventiva. El caso de este histórico socialista es un ejemplo claro sobre cómo el poder a veces termina confundiendo.
Moya era una autoridad incuestionable en su región, donde llegó a ser conocido como «El califa de la Vega Baja». Las denuncias que acabaron con su carrera política se habían producido con anterioridad, pero nunca pudo probarse nada. Por lo que en torno a su figura se creó un clima de confianza y de impunidad reforzado con el tiempo.
Toda una vida en política
Esta confianza se vio reflejada en los resultados electorales, ya que hasta en seis comicios fue reelegido por sus paisanos, hecho que le acercó a altos cargos. Fue senador durante dos años, de 1986 a 1988, cuando ostentó el cargo de vocal de la Comisión de Justicia y de Peticiones. Pero también fue diputado en el Congreso de los Diputados bajo el mandato de Felipe González como presidente del Gobierno. En este caso, por tres años, entre abril de 1983 y abril de 1986.
Imagen de archivo de José Joaquín Moya como senador
Después de su andadura en Madrid pasó a formar parte del Palacio Provincial de Alicante como diputado delegado de Fomento durante dos legislaturas: de 1987 a 1995. Para ese entonces, su autoridad alcanzaba más allá de los límites de Bigastro y cosechaba una extensa red de alianzas y favores que le permitían mantenerse a flote.
Su primera vez engrilletado
Tras una denuncia del Partido Popular, Moya fue detenido por la Guardia Civil el 28 de octubre de 2008, junto al ahora exsecretario del Consistorio, Antonio Saseta, dos empresarios y un ingeniero, por cuatro delitos contra la ordenación del territorio. Excepto Moya, todos fueron puestos en libertad provisional poco después. La sospecha surgió cuando salió a la luz que el exalcalde se había apropiado de cheques al portador por un valor de más de 378.000 euros y le había regalado un coche un promotor beneficiado con obras municipales. Estos hechos llevaron a la juez a ordenar el ingreso en prisión sin fianza de Moya el 31 de octubre, convirtiéndose en el primer regidor preso preventivo de la democracia por corrupción en la Comunidad Valenciana.
Semanas después, en noviembre de 2008, el socialista Raúl Valerio, anteriormente concejal de Urbanismo, fue elegido alcalde de la localidad, hasta 2009. Fue aquí cuando cambió el Gobierno y entró la 'popular' Rosario Bañuls, la encargada de destapar la gran mayoría de irregularidades.
Raúl Valerio Medina junto con el exinterventor Antonio Saseta durante el juicio celebrado en junio de 2017
El equipo de gobierno de Bigastro, interpuso una querella contra su antecesor, el socialista Raúl Valerio, por el uso injustificado de la tarjeta de crédito municipal que tenía a su cargo en la etapa como primer edil. En principio, se reclamaba una cantidad de 23.000 euros, pero Valerio solo tuvo que devolver 14.000 y al no tener antecedentes no tuvo que pasar por la cárcel.
En el caso estuvieron implicados tanto Valerio como, otra vez, el exinterventor Antonio Saseta, quienes no justificaron los gastos. La mayoría en bares, aunque también había pagos en hoteles y restaurantes de toda España, que no responden a «la necesidad de satisfacer ninguna necesidad pública», lo que constituye un delito de malversación de fondos públicos.
Incontables causas
Tras la denuncia de Bañuls en 2015, que reseñaba «graves irregularidades» en relación con «importantes cantidades de dinero que se obtenían sobre todo como consecuencia de la enajenación de suelo público», declaró como testigo, en un juicio celebrado en tres sesiones durante octubre y noviembre de 2023, que cuando aterrizó en el despacho consistorial «no había dinero ni para gasolina de la Policía».
El exalcalde de Bigastro (Alicante), José Joaquín Moya, junto al exsecretario, Antonio Saseta, en uno de los juicios
Son incontables las causas que se le atribuyen a Moya desde el año 2008. A los cheques al contador con más de seis cifras y el regalo de un coche, se le suma la subasta de suelo público en el paraje protegido de La Pedrera, en el que se pretendía levantar un apartotel, con unas 260 viviendas y campo del golf sin el visto bueno de la Generalitat, o la cesión de la licencia a la empresa Eurener –propiedad de un familiar, concretamente un primo suyo– para construir un huerto solar.
La última sentencia lo ha condenado a cuatro años y medio de prisión y a cuatro años de inhabilitación por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por agenciarse 312.000 euros en su despacho y en metálico a manos de un socio de la sociedad limitada Construcciones y Promociones Giesco. Los hechos ocurrieron entre los años 2004 y 2006, cuando se adjudicó a una empresa la condición de agente urbanizador del sector D12 del Plan General de Ordenación Urbana, antes de que se este se aprobara definitivamente y de que finalizara su tramitación.
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