Vista de Alicante con el puerto al fondo
Los agentes inmobiliarios alicantinos culpan del alza del precio del alquiler a la «nefasta» ley de Sánchez
Desde la entrada en vigor de la nueva norma de Vivienda, miles de casas han salido del mercado, según denuncian desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que apunta a que en 2023 el precio de los arrendamientos creció un 16 %
El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante considera que la Ley de Vivienda promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido «nefasta» para el mercado del alquiler de la ciudad, del que han salido miles de viviendas en los últimos meses, según critican en un comunicado.
Marifé Esteso, presidente del colegio, asegura que esta norma ha conseguido justo el efecto contrario al pretendido, en lugar de promover el alquiler, lo ha desincentivando. «Con esta normativa se ha eliminado la seguridad jurídica del arrendador y eso ha supuesto que las personas que tenían un piso para alquilar hayan preferido venderlo o convertirlo en vivienda turística», asegura.
Esteso explica que las consecuencias no se han hecho esperar: se ha reducido de forma considerable la oferta de vivienda de alquiler y, por consiguiente, los precios han seguido en ascenso libre en Alicante, cerrándose 2023 con una subida de un 16 % con respecto a 2022.
La presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante recuerda que desde la institución ya avisaron de que la Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado 26 de mayo, traería consecuencias negativas, como la limitación de la renta en determinadas zonas y el aumento de la prórroga de los desahucios para hogares vulnerables.
Desprotección para los propietarios
En este sentido, apunta a que hay propietarios más vulnerables que algunos inquilinos que, sin embargo, quedan completamente desprotegidos por esta ley y apostilla que «la mayoría de los arrendadores son ciudadanos de clase media que sólo tienen una vivienda en alquiler, que usan como complemento de sus ingresos».
Con respecto a que los gastos de gestión inmobiliaria corran a cargo del propietario pone de relieve que ha supuesto no sólo un mayor gasto para el arrendador, y por tanto una desmotivación más para alquilar, sino que además crea una mayor desprotección al inquilino.
«Al entenderse la figura del profesional como un mandatario del arrendador, se deberá a la defensa de los intereses de éste. Lo mejor sería que el profesional sea un mediador, y asesore a ambas partes tanto en las actuaciones previas a la firma del contrato como a las posteriores que vayan surgiendo», destaca Esteso, que añade que si finalmente el propietario se decide a alquilar repercutirá el gasto de gestión inmobiliaria en el precio del alquiler.
Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante instan a las administraciones a que pongan en marcha medidas que de verdad sirvan para incrementar la oferta de viviendas en alquiler.
Como conclusión, la presidente de API Alicante hace hincapié en que con la Ley de Vivienda se ha criminalizado a los propietarios en lugar de ofrecerles seguridad jurídica y esto conlleva que, mientras esté en vigor, el mercado del alquiler siga sufriendo sus consecuencias.
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