Dinero y objetos encontrados en una de las casas de los detenidos
Arrestan a una familia acusada de engañar a empresarios con préstamos internacionales ficticios
La red familiar ofrecía supuestos créditos desde el extranjero y cobraba comisiones por adelantado sin llegar a formalizar ningún préstamo real
Cinco personas han sido arrestadas por la Guardia Civil dentro de la operación «Emprestito», llevada a cabo en Alicante, Madrid y Almería. Los detenidos, todos miembros de una misma familia, están acusados de formar parte de una red delictiva dedicada a defraudar empresarios a través de falsos préstamos internacionales.
Durante los registros, efectuados en varias propiedades vinculadas al grupo familiar, los agentes localizaron una lujosa residencia en una zona exclusiva de Alicante y un trastero donde se halló dinero en efectivo envasado al vacío. También se intervinieron cerca de 27.000 euros, un coche de alta gama, dispositivos electrónicos, múltiples cuentas bancarias y diversa documentación que apuntala las actividades fraudulentas. Asimismo, el juez ha ordenado el bloqueo de bienes muebles e inmuebles, entre ellos una vivienda tasada en más de dos millones de euros.
La investigación arrancó a finales del año pasado, a raíz de la denuncia de un empresario que perdió más de 70.000 euros tras solicitar un préstamo de un millón que nunca se materializó. A partir de ese primer caso, se desveló una estructura organizada que había operado en varias provincias españolas y también a nivel internacional. Poco después, se conoció un nuevo fraude: una empresa que transfirió más de 600.000 euros con la esperanza de obtener seis millones de financiación.
El grupo se dirigía a empresarios que, al no poder acceder a préstamos convencionales, recurrían a vías de financiación privada internacional. El primer contacto solía producirse a través de intermediarios —en ocasiones sin saber que participaban en una estafa—. Luego, los implicados en la trama presentaban documentación simulada, operaban desde oficinas en zonas empresariales de renombre y concertaban reuniones con un notario en París, quien únicamente certificaba las firmas, sin conocer el engaño.
Las víctimas eran convencidas de que debían abonar gastos de gestión, comisiones, seguros o impuestos ficticios, y con el paso del tiempo se les solicitaban más pagos, escudándose en supuestos problemas administrativos. En ningún caso llegaban a recibir el dinero prometido. Algunas llegaron a efectuar varias transferencias antes de darse cuenta del fraude.
Hasta ahora, se han identificado cuatro afectados, pero los investigadores estiman que el número de víctimas podría superar la veintena, con un perjuicio económico superior a los tres millones de euros. La mayoría de los perjudicados se concentra en las provincias de Alicante y Almería.
