Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia, durante la campaña Operación Frío
Valencia Catalá trata de poner fin al «descontrol» en la acogida de inmigrantes de la era Ribó
El Ayuntamiento de Valencia afea al anterior Gobierno que gestionara tres millones de euros de manera caótica, sin cobertura jurídica y sobrepasando las competencias municipales
El Ayuntamiento de Valencia, encabezado por María José Catalá, busca poner fin a la gestión migratoria llevada a cabo durante el mandato de Joan Ribó, quien estuvo ocho años al frente de la Alcaldía.
Para ello, la Junta de Gobierno Local ha acordado un régimen transitorio para proporcionar cobertura jurídica a los recursos de primera acogida en situaciones de emergencia para regularlas y ajustarlas a las actuales competencias municipales, según ha informado el Consistorio.
La concejal de Servicios Sociales, Marta Torrado, ha explicado que en los años que gobernó el exalcalde de Compromís «se produjo un despropósito en materia de cooperación y migración, ya que las políticas que se han llevado a cabo han sido un absoluto caos y ahora estamos teniendo grandes dificultades a nivel técnico para poner orden y reconducir la situación y darle un soporte jurídico a todas estas actuaciones».
Torrado también ha indicado que se estaban ofreciendo recursos «que sobrepasaban ampliamente las competencias municipales», según indica la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2019, y que determina que los consistorios se encargan solamente de la primera acogida.
La titular de Servicios Sociales ha enumerado varias situaciones que la anterior Corporación municipal atendía, como las de asilo y refugio, «cuando corresponden al Gobierno de España». También otras que son competencia de la Generalitat Valenciana. Todo ello, a su juicio, «sin criterio de admisión, por tiempo indefinido» y que «han requerido un régimen transitorio para reconducir todas las actuaciones, recursos y programas, ya que necesitan ajustarse a las leyes».
Torrado ha criticado que, por estos motivos, se han tenido que aprobar «numerosos reconocimientos de todos los recursos de alojamiento que se habían hecho y que suponen un gasto de tres millones de euros sin cobertura jurídica».
La edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado, en una imagen de archivo
La edil de Servicios Sociales ha calificado de «sin criterio» la acogida que se estaba realizando y ha recordado que, asimismo, «no contemplaba ni plazos ni perfiles ni prioridades, por lo que una persona podía ocupar una plaza de albergue por tiempo indefinido hasta conseguir un trabajo, un permiso de residencia o asilo, hechos que superan la acogida por carácter humanitario de un Ayuntamiento».
«Colapso de ocupación»
Asimismo, ha lamentado que esta forma de proceder por parte del Ejecutivo de los nacionalistas apoyado por el PSPV implicaba «la imposibilidad de acoger a otros migrantes en situación de vulnerabilidad por colapso de ocupación».
Ahora el Consistorio que gobiernan en coalición Partido Popular y Vox va a «poner en marcha un plan conjunto para la atención sin realizar distinciones y la ayuda llegará a quienes más lo necesiten. No queremos que nadie se quede en la calle sin ofrecerle los recursos necesarios para que salga de su situación».
«Y esto se hace estableciendo un itinerario, trabajando de una forma cercana, ofreciendo las ayudas que dispone el Ayuntamiento y otras entidades sociales con las que tenemos convenios para acompañarles y abandonen esa situación de precariedad y desamparo», ha abundado Torrado.
Según el Ayuntamiento, el acuerdo también contempla unificar criterios y dar continuidad a la prestación de servicios del extinto Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración, que ha quedado incardinado a todos los efectos como Sección de Inmigración, Convivencia y Cooperación al Servicio de Bienestar Social e Integración, así como de tramitar el pago de todas aquellas facturas que se encuentran pendientes y de adecuar los créditos presupuestarios a las nuevas circunstancias y objetivos.
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