Carril bici en Valencia

Carril bici en ValenciaAyuntamiento de Valencia

Valencia encargará una auditoría sobre la seguridad de sus carriles bici

La ciudad del Turia posee una de las mayores infraestructuras ciclistas de España, de más de 150 kilómetros

Valencia es una ciudad donde en buena parte de sus calles el peatón tiene que mirar antes de cruzar tres veces: una por el tranvía, otra por los coches y una tercera por la ingente cantidad de bicicletas y, sobre todo, patinetes eléctricos que circulan sobre su amplia red de carriles bici, de más de 150 kilómetros de extensión.

Y si el viandante tiene que andarse con ojo, el ciclista o usuario de patinete tampoco debe descuidarse si quiere que su trayecto se desarrolle con total normalidad. En este sentido, aspectos como el estado del firme o la seguridad en las intersecciones son algunas de las claves.

Ahora, el Ayuntamiento de la ciudad del Turia, que encabeza la alcaldesa, María José Catalá, va a realizar una auditoria para comprobar el grado de seguridad de esta enorme infraestructura que recorre la ciudad.

El concejal de Movilidad y Seguridad, Jesús Carbonell, ha explicado que el Consistorio, a través de su Área, va a radiografiar estos carriles «con la idea de detectar las problemáticas que puedan comprometer la seguridad y proponer soluciones a corto y medio plazo».

Las vías más problemáticas

Carbonell ha señalado que esta auditoría se realizará en cuatro puntos de la infraestructura urbana de la ciudad, «que aún están por determinar, pero que se pondrá especial atención a la infraestructura ciclista, teniendo en cuenta aspectos fundamentales de la misma, así como los comportamientos de las diferentes personas usuarias de la vía».

Uno de los múltiples carriles bici que hay en Valencia

Uno de los múltiples carriles bici que hay en ValenciaAyuntamiento de Valencia

Las cuatro intersecciones elegidas tendrán que atender a diferentes criterios: que haya habido una accidentalidad significativa en los últimos cinco años; una problemática en la interacción entre las personas usuarias más vulnerables (peatones, bicicletas, VMP...) y el resto de usuarios de la vía (transporte público, vehículos privados...); que haya habido reclamaciones de mejora por parte de la ciudadanía; y que tengan carácter extrapolable de soluciones técnicas a otros infraestructuras asimilables, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El equipo de auditoría tiene que estar formado, al menos, por dos técnicos acreditados como auditor principal y auditor auxiliar de seguridad viaria, de acuerdo con el artículo 10 del Real decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la red de carreteras del Estado, según el Consistorio.

El auditor principal y el auditor auxiliar tienen que disponer, al menos, del certificado de aptitud en vigor en la especialidad «Auditor de seguridad viaria en las fases previa a la puesta en servicio e inicial en servicio», segundos el que dispone la Orden FOM/1649/2012, de 19 de julio, por la cual se regula el procedimiento de acreditación y certificación de aptitud de auditores de seguridad viaria de la red de carreteras del Estado.

Casi 17.000 euros

Asimismo, el equipo tendrá que contar, si este requisito no fuera cumplido por el auditor principal o el auditor auxiliar, con un técnico proyectista ingeniero de caminos, canales y puertos con una experiencia mínima de 10 meses en la redacción de proyectos de construcción de carriles bici en suelo urbano consolidado y con un técnico ingeniero de caminos, canales y puertos o ingeniero técnico de obras públicas con experiencia mínima de 10 meses como director de obras de construcción de carriles bici en suelo urbano consolidado. Ambos requisitos podrán ser cumplidos por la misma persona.

Por último, el Ayuntamiento ha precisado en el escrito que el auditor principal tiene que contar con la titulación requerida para el ejercicio de la profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos; y el auditor auxiliar con la titulación mínima requerida para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico de obras públicas. El importe del contrato es de 16.879,5 euros (IVA incluido) por un plazo de ejecución de cinco meses y la empresa adjudicataria será CPS.

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