Antifraude abre expediente al alcalde de Almussafes por tomar «represalias» contra la mujer que le denunció por acoso sexual y laboral

Nuevo capítulo en lo relativo al alcalde la localidad valenciana de Almussafes. En esta vez. Toni González vuelve a ser protagonista de la actualidad porque la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha acordado incoar procedimiento sancionador contra él, la Empresa Municipal de Servicis Públics del municipio (EMSPA), su gerente y los miembros del Consejo de Administración por la posible comisión de una infracción «muy grave» ante la «adopción de represalias» contra la primera mujer que denunció al primer edil ante el PSOE por acoso sexual y laboral, que fue despedida de la compañía pública.

La mujer formuló el 5 de julio del pasado año una denuncia ante Antifraude por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa pública municipal y posteriormente solicitó el estatuto de protección, que le fue otorgado. Entonces, AVAF ya apreció un «alto riesgo de sufrir represalias».

Así lo recoge la institución en una resolución datada de este lunes, en la que argumenta que ha constatado un «patrón de represalias continuadas» contra la denunciante, consistente en «descrédito profesional y reputacional», además de «aislamiento, descalificaciones y hostigamiento», «deducciones indebidas en nómina» y la «negativa institucional a intervenir cuando la trabajadora pidió ayuda para frenar la situación».

También censura la «exposición pública en el Pleno municipal de su situación personal y laboral», la «apertura del expediente disciplinario tras el requerimiento expreso de AVAF para cesar cualquier actuación contraria al estatuto de protección», la «atribución de una conducta potencialmente delictiva sin constatación mínima suficiente» y un «despido disciplinario».

Además, alerta de que no se trata de un «hecho aislado» y relata un «patrón», que comienza cuando la mujer, entonces trabajadora de la EMSPA, «denuncia irregularidades y obtiene protección oficial porque ya existe un contexto de riesgo de represalias». Sin embargo, «no se neutraliza el entorno hostil, sino que persisten el descrédito, la exposición pública y la inacción ante sus peticiones de ayuda».

En este momento, continúa, cuando AVAF «exige expresamente que cesen los actos lesivos, la respuesta empresarial no es la contención, sino la escalada: expediente disciplinario, invocación de revelación de secretos, denuncia penal y, finalmente, despido».

Datos laborales y personales

En fecha 22 de diciembre de 2025, la agencia dirigió comunicación a EMSPA para instar a que se abstuviera de realizar «cualquier acto que vulnerase el estatuto de protección» de la mujer. Pese a ello, el 15 de enero la compañía comunicó que había incoado expediente disciplinario contra ella por «la supuesta difusión de un archivo de auditoría con datos laborales y personales de la plantilla». Argumentaba que se trataba de información «no pública» y que su revelación «podría incluso ser constitutiva de delito».

Sin embargo, según AVAF, «el estudio de los hechos y de la documentación obrante en el expediente disciplinario, así como de las imágenes incorporadas, pero sobre todo de la consulta de los informes de auditoría publicados sucesivamente durante los años previos en la web de EMPSA para su consulta pública e indiscriminada, se deduce de forma muy cualificada para este procedimiento que el documento utilizado como sustento del reproche disciplinario incorporaba datos que ya habían sido hechos públicos por la empresa».

De hecho, añade, «se ha constatado que el enlace con el informe de auditoría ya era accesible y de que la fecha y hora de publicación del documento era el 24 de noviembre de 2025, a las 14:15 horas; además, se ha verificado que el pantallazo aportado (por la trabajadora) sitúa el reenvío de la auditoría el 25 de noviembre de 2025. Con lo que en la fecha en la que compartió a varios trabajadores, en su condición de delegada de personal, a través de Whatsapp el informe, este ya era público».

«A lo que debe añadirse que, los datos de los trabajadores supuestamente revelados ya habían sido publicados por la empresa pública municipal en los informes de auditoría de los años anteriores», prosigue.

Medidas provisionales

Por todo ello, acuerda incoar procedimiento sancionador por la posible comisión de una infracción muy grave del artículo 63.1.b) de la Ley 2/2023, en relación con el artículo 36 de la misma ley, por la adopción de represalias contra la mujer, y una serie de medidas provisionales, entre ellas requerir a EMSPA «la suspensión inmediata de la eficacia ejecutiva del acuerdo de despido disciplinario, así como de todos los actos de ejecución o desarrollo derivados».

Como consecuencia de ello, insta a reponer provisionalmente a la afectada en su puesto de trabajo, «con mantenimiento íntegro de sus condiciones profesionales y retributivas, alta y cotización, hasta que recaiga resolución administrativa firme en este procedimiento o pronunciamiento jurisdiccional incompatible». La medida se adopta, añade, «por ser la única idónea para evitar la consolidación del perjuicio y preservar la efectividad de la eventual resolución sancionadora y restauradora».

Además, reclama tanto a la EMSPA como al Ayuntamiento de Almussafes «que se abstengan de realizar nuevos actos de presión, descrédito, exposición pública, hostigamiento o alteración perjudicial de las condiciones de trabajo de la persona protegida mientras se tramita este procedimiento».

Entre las sanciones posibles, la resolución apunta que, de confirmarse la calificación provisional como infracción muy grave, «podrían imponerse multas de 30.001 a 300.000 euros a las personas físicas responsables y de 600.001 a 1.000.000 de euros a la persona jurídica responsable, sin perjuicio de las consecuencias accesorias previstas legalmente».

Un «caso» construido contra González

Precisamente, el alcalde de Almussafes ha publicado este martes una carta en redes sociales en la que vuelve a denunciar que «desde las direcciones que encabezan Diana Morant y Rebeca Torró», en el PSPV y en el PSOE, se ha «construido un caso» contra él y se le ha convertido en «cabeza de turco y aviso de navegantes al mismo tiempo». «Con un mensaje muy claro: quien se atreve a discrepar y salirse de la línea marcada será juzgado, condenado sin pruebas y expulsado».

En cualquier caso, dice tener «la conciencia tranquila» y «el firme apoyo de los regidores del equipo de gobierno, de los 41 integrantes de la anterior ejecutiva y de más de 300 militantes del PSOE de Almussafes». «Voy a seguir mi batalla judicial cueste lo que cueste», asevera, y advierte que «el tiempo pondrá a cada uno en su sitio».

El pasado sábado, los concejales del PSPV-PSOE de Almussafes lamentaron la expulsión de González de la formación y anunciaron la creación de un nuevo partido político, en un comunicado en el que criticaron que Morant y Torró están «imponiendo» un funcionamiento «al estilo de una secta destructiva».