Un agente de la Policía Nacional, durante la operación llevada a cabo en Mislata, Valencia
La Policía desarticula en Valencia un taller clandestino donde trabajaban extranjeros de forma irregular
Los detenidos, un hombre y una mujer de origen boliviano, obligaban a las víctimas a realizar jornadas de hasta 58 horas semanales por menos de 900 euros al mes
La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, ha desarticulado en Mislata (Valencia) un taller de costura clandestino donde trabajaban 12 personas de forma irregular, con largas jornadas de trabajo y sin alta en la Seguridad Social por menos de 900 euros al mes.
En la operación se ha detenido a tres personas, dos mujeres y un varón, de entre 31 y 46 años como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los trabajadores, ha indicado la Jefatura en un comunicado. Durante la inspección del local se ha identificado a los trabajadores extranjeros, de los cuales nueve se encontraban en situación irregular y carecían de permiso de trabajo y el alta en la Seguridad Social.
Puestos en libertad
Las labores de investigación se iniciaron en noviembre del pasado año cuando los agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Xirivella-Aldaia-Alaquás tuvieron indicios de que los regentes de un local comercial de Mislata podrían estar cometiendo un delito contra los derechos de los trabajadores.
A raíz de las pesquisas, se llevó a cabo un dispositivo policial junto a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, pudiendo comprobar que se trataba de un taller de costura clandestino de ropa infantil. En su interior, los agentes también localizaron a los encargados, una pareja de hombre y mujer de origen boliviano, que junto a otra de las trabajadoras, resultaron ser los únicos que contaban con contrato de trabajo y estaban dados de alta en la Seguridad Social. En el momento de la inspección no se encontraba la propietaria del taller, que a su vez era familia de los encargados, siendo identificada posteriormente.
Algunos de los trabajadores manifestaron a los policías que trabajaban durante prolongadas jornadas de trabajo llegando a alcanzar 58 horas semanales, por las que percibían un salario inferior a los 900 euros mensuales. Finalmente, tanto la pareja de encargados como la propietaria del local, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores, llevándose a cabo la desarticulación del taller clandestino. Los arrestados fueron puestos en libertad tras su toma de declaración siendo informados de la obligación de acudir ante la autoridad judicial cuando fuesen requeridos.
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