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12 de junio de 2024

María Pilar Rodríguez Fernández

María Pilar Rodríguez FernándezMinisterio Fiscal

Tribunales

El juez abre diligencias previas contra la fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos del novio de Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado citar a las partes personadas como acusación particular y popular a partir del próximo 24 de mayo, a las 12:00 horas, para ratificar las querellas

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena, encargado de la querella presentada por el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la Fiscalía, ha acordado abrir diligencias previas contra María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid; y, Julián Salto Torres, fiscal de la Sección de Delitos Económicos del mismo organismo, por un presunto delito de revelación de secretos.

En el auto dictado por el instructor, al que ha tenido acceso El Debate en primicia, se ha acordado citar a todas las partes personadas en la causa penal, incluidas las acusaciones particular y popular, a partir del próximo 24 de mayo a las 12:00 horas, con el objetivo de que se ratifiquen en las querellas presentadas para esclarecer lo ocurrido con la nota de prensa que divulgó, públicamente, datos confidenciales del empresario madrileño.

Además, el magistrado Goyena ha pedido a la Fiscalía Provincial de Madrid que «identifique quién o quienes fueron la personas físicas concretas» que participaron en la redacción de la nota; que, en un plazo máximo de 15 días, «indique quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión» de hacerlo publico; así, como el «máximo responsable (en rango) de la Carrera Fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado» en su versión definitiva. Esto es, con el «contenido finalmente remitido» a los medios de comunicación que se hicieron eco del mismo por la oficina de prensa del Departamento que dirige la fiscal Rodríguez.

Una cuestión, esta última que podría complicar, y mucho, al titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, quien hasta la fecha había tratado de esquivar el avance de las pesquisas judiciales llegando a asumir, incluso, su «reponsabilidad» institucional «última» en la polémica filtración.

Copia de todos los mails confidenciales

Además, el magistrado Goyena ha pedido a la Fiscalía Provincial que le remita «relación y copia del soporte original de todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal (emails recibidos y enviados) con el abogado de D. Alberto González Amador, con ocasión de la defensa del mismo antes y después de hacerse público» el comunicado.

Igualmente, el juez quiere que el Departamento de la fiscal formalmente investigada, Pilar Rodríguez, confirme «a qué personas y miembros del Ministerio Fiscal» se ha dado acceso «o han dispuesto de copia del soporte» de dichas comunicaciones confidenciales, antes y después de la divulgación de la nota.

Asimismo, el juez Goyena ha pedido que se le detalle qué previsiones legales se han adoptado por parte de la Fiscalía, dirigidas a sus miembros y a la «plantilla de funcionarios con el fin de impedir que queden a la vista, a disposición o sean entregados a personal no autorizado documentos y soportes qué contengan datos personales» de un particular. Un aspecto, en el que se requiere, «en su caso de la intervención del Delegado de Protección de Datos» del Ministerio Fiscal.

El magistrado instructor entiende, en el auto, que debieron desarrollarse «actuaciones», por parte del Ministerio Fiscal «como Responsable del Tratamiento de los datos personales de D. Alberto González Amador como consecuencia de la violación de seguridad consistente en la distribución pública» de los soportes físicos y telemáticos que contenían el detalle de su expediente tributario.

No en vano, en la nota remitida por la oficina de prensa de la Fiscalía Provincial, a la que se negó, con caracter previo, la fiscal Jefe Superior de Madrid, Almudena Lastra, aparecían capturas «de los emails contenedores de las comunicaciones mantenidas entre el abogado» del novio de Díaz Ayuso y el fiscal Salto, también investigado; referencias explícitas a «la denuncia del Ministerio Fiscal»; datos archivados en el «CD adjunto a la denuncia, contenedor de todas las actuaciones tributarias» que pesaban sobre González Amador, antes de que saltase el escándalo.

Que los medios y periodistas «cesen»

Por todo ello, el juez Goyena quiere aclarar si «en cumplimiento de la obligación contenida en el art. 33 del Reglamento (UE) 2016/679, 30 de la Directiva (UE) 2016/680 y 38 de la LO 7/2021« el Ministerio Fiscal, como Responsable del tratamiento de dichas informaciones», ha comunicado «a la Autoridad de control de datos», y al propio empresario afectado, «la anterior violación de seguridad y, en caso afirmativo, remita copia de dicha comunicación».

También ha preguntado el juez a la Fiscalía Provincial si, en algún momento, desde la filtración «se ha dirigido a los medios de comunicación y periodistas que han procedido a la publicación de los anteriores datos personales procedentes de la violación de seguridad padecida por el Ministerio Fiscal como responsable del tratamiento, para que cesen en el tratamiento no permitido de dichos datos personales».

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió a trámite tanto la querella presentada por la pareja de la presidenta madrileña como la exposición razonada elevada por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 18 de Madrid, correspondiente a la denuncia presentada por los mismos hechos por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Y ello, en contra del criterio de la número dos de la Carrera Fiscal, Ángeles Sánchez Conde, que provocó un cisma con la fiscal María de la O Silva, inicialmente encargada del caso -y, ya apartada del mismo- atendiendo a la interpretación de más de quince fiscales y dos magistrados que consideraron, en todo momento, que el comunicado emitido por la Fiscalía Provincial de Madrid, sobre la investigación tributaria al novio de Díaz Ayuso, contiene «indicios delictivos» suficientes para abrir una investigación exahustiva.

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