Entrevista | Presidente de Aesmide  Gerardo Sánchez Revenga: «El problema de la industria de defensa es el ámbito regulatorio y de contratación pública»

Gerardo Sánchez Revenga es desde hace 17 años presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (AESMIDE), cuyo objetivo principal es la colaboración entre la Administración Pública en general, y el Ministerio de Defensa en particular, con la empresa privada. Sánchez Revenga es experto en contratación pública y defensa, y acredita una larga trayectoria profesional, en la que destaca su larga etapa como secretario general de la Intervención general del Ministerio de Hacienda (1983-1995) o su labor como Tesorero del Real Madrid (1997-2002). Sánchez Revenga visita la Redacción de El Debate para reclamar un cambio en la Ley de Contratos del Sector Público y también en la Ley de Contratos de Defensa y Seguridad. Su mensaje es contundente: «El problema fundamental es la parte regulatoria del Ministerio de Defensa y de todos los ministerios: la Ley de Contratos del Sector Público no se aplica adecuadamente».

— España se ha comprometido a incrementar significativamente el gasto en defensa. ¿Está preparada la industria nacional para absorber ese crecimiento?

—Sí, está preparada porque tiene capacidad. Las empresas del ámbito tecnológico cuentan con una formación adecuada, sobre todo en investigación. El problema es que hay que escalar esa capacidad a nivel industrial; y ahí es donde España, y posiblemente Europa, falla.

Desde hace tiempo, incluso antes de la guerra, la Secretaría de Estado empezó a incrementar los presupuestos en una cantidad importante, antes incluso del compromiso de llegar al 2,1%. Ahora se ha visto que los créditos eran insuficientes, y el Plan Industrial y Tecnológico de la Defensa, dotado con 10.471 millones de euros, ha dado un impulso importantísimo.

¿Se puede absorber ese crecimiento? Indudablemente sí, pero hay que hacer cambios sustanciales, sobre todo en el ámbito regulatorio, que es uno de los principales impedimentos de la industria de defensa. Europa ya está dando un paso importante en ese sentido, y tanto en Europa como en España queremos cambiar no solo la parte regulatoria, sino también la contratación pública. Si lo conseguimos, se podrá absorber el dinero, porque no hablamos solo de los Programas Especiales de Modernización (PEM), sino de todos los productos del ámbito de la defensa.

— ¿Cuáles son hoy los principales cuellos de botella que encuentran las empresas españolas cuando trabajan con el Ministerio de Defensa?

— El principal problema está en el ámbito regulatorio. Nosotros representamos a una industria de pequeñas empresas dentro del ecosistema: no son las grandes tractoras, sino otras que, aunque capaces de hacer lo mismo que las grandes, constituyen un núcleo importante del tejido industrial —la cadena de suministros—: lo que llamamos los cimientos de la industria de la defensa. Son empresas con gran capacidad de rapidez para resolver asuntos y gestionar los créditos que les llegan, y muchas se dedican a ciberseguridad, inteligencia artificial y ámbitos similares. Hablamos de casi el 90% de la industria en general y el 85% de la industria de defensa.

El problema fundamental es la parte regulatoria del Ministerio de Defensa y de todos los ministerios: la Ley de Contratos del Sector Público no se aplica adecuadamente. Su transposición fue compleja, con 200 enmiendas, y actualmente el plazo que marca la Ley General Presupuestaria es insuficiente para adquirir productos de defensa. Además, muchas empresas no saben dónde dirigirse dentro del Ministerio: si no tienen una orientación clara hacia el ámbito de la defensa, tienen serias dificultades para entrar en él. Pero, fundamentalmente, el problema es el ámbito regulatorio y de contratación pública.

— ¿Qué papel están desempeñando ahora las pequeñas y medianas empresas dentro de este ecosistema industrial de defensa?

— La defensa tiene que estar sustentada en unas Fuerzas Armadas con una base tecnológica e industrial capaz de cumplir sus misiones, y antes de llegar a esa base hay que mirar el tejido industrial, formado por un ecosistema de grandes empresas, pequeñas empresas y, algo muy importante: universidades y centros de investigación.

Las pequeñas empresas tienen varias dificultades. La primera es que muchas veces no llegan al ámbito de las licitaciones y tienen que actuar como proveedoras de las grandes empresas tractoras. Otro problema muy importante es la financiación, que tiene que ser sostenible: no vale que exista el 2,1% solo este año; tiene que mantenerse también el año que viene y el siguiente, porque una empresa necesita certidumbre para invertir en investigación, en innovación, en contratación y en infraestructuras de producción que le permitan alcanzar una escala industrial. Esa financiación sostenible no puede ser solo para la tractora: también la tiene que tener la pequeña empresa.

Y hay un tercer problema: la formación, tanto empresarial como administrativa. Las pequeñas empresas, a diferencia de las grandes —que tienen programas plurianuales y adjudicaciones directas—, están sometidas a unos pliegos que muchas veces no reflejan la realidad del mercado. Para elaborar bien esos pliegos hace falta una formación adecuada, y la empresa también la necesita. Lo que pretendemos es divulgarla y darle a la empresa la posibilidad de entrar en ese juego que son las licitaciones a las administraciones públicas.

Desde hace años proponemos un cambio en la Ley de Contratos del Sector Público y también en la Ley de Contratos de Defensa y SeguridadGerardo Sánchez RevengaPresidente de AESMIDE

— ¿Existe el riesgo de que el aumento del presupuesto termine beneficiando a proveedores extranjeros en lugar de fortalecer la base industrial española?

— Estamos en un ámbito globalizado y no se puede romper de la noche a la mañana con una situación de falta de inversión y de base industrial. El Ministerio de Defensa, y yo que vengo de la Administración lo digo con conocimiento, tiene que contar también con otros ministerios, porque la defensa es una cuestión de Estado: el Ministerio de Industria, el de Universidades e Investigación y, por qué no, el de Hacienda, que tiene que dotar de dinero adecuado a la defensa. Ese dinero, como he dicho, tiene que ser permanente y sostenible, porque si no las empresas se cansan.

Lo que hay que pedir es que, cuando se compre en el exterior —que actualmente es una parte muy importante de las compras—, se adquiera también la tecnología suficiente para que crezca en España. Es decir: invertir fuera sí; pero obteniendo las contraprestaciones y los retornos adecuados para que la tecnología acabe estando en España.

Reformas pendientes

— ¿Qué reformas necesita la contratación pública para agilizar la ejecución de los programas estratégicos sin perder transparencia y control?

— Puedo responder con conocimiento de causa, porque vengo de la Administración y he estado en muchas mesas de contratación como interventor, así que sé lo que supone para las empresas. Desde hace años proponemos un cambio en la Ley de Contratos del Sector Público y también en la Ley de Contratos de Defensa y Seguridad. Para ello firmamos un convenio con Garrigues, que hizo un examen completo de la problemática y elaboró diez propuestas. Ahora mismo los cambios tendrían que llegar por decreto ley, que sería lo ideal, aunque hay varias cosas que modificar.

Una es la Ley General Presupuestaria: los créditos que llegan a final de año y no se han gastado se ejecutan de forma ineficiente, porque como la forma de presupuestar consiste en incrementar el presupuesto anterior, si no se gastan los créditos suficientes, al año siguiente te los quitan y no aumentan. Por eso pedimos que los créditos que queden sin gastar en el año presupuestario normal se incorporen al año siguiente para productos de defensa. También pedimos que se incremente el artículo 346, que se mejoren los acuerdos de Gobierno y que se facilite a las empresas, sobre todo a las españolas, el acceso a concursos y licitaciones restringidas o negociados sin publicidad.

Grandes programas de la OTAN

— España está participando en grandes programas europeos y de la OTAN. ¿La industria nacional está obteniendo un retorno industrial acorde con su participación?

— Sí. Una de las barreras que tenía este ámbito era el carácter reputacional: el Banco Europeo de Inversiones tenía prohibido por sus estatutos invertir en defensa. Nos dimos cuenta de que quien tenía dinero era la Comisión, y en aquel momento solo invertía en temas duales —radares, vigilancia de frontera— pero no en armamento. Eso fue cambiando, y cuando la Comisión fue consciente de los problemas que se avecinaban en Europa, no solo por Crimea, empezó a poner dinero: son los famosos EDIDP. España ha participado con proyectos desde los primeros que se presentaron. Nosotros, en concreto, tenemos una empresa, Gan, que se ocupa de dirigir proyectos en UTE, y tanto empresas grandes como las nuestras han participado en proyectos europeos.

Otra cosa distinta es la compra única, que actualmente es muy difícil en Europa. Llegará, pero ahora mismo es imposible porque no hay un comprador único como en Estados Unidos, donde compra el Pentágono. Aquí en Europa compran 27 países y hay que ceder en los egos. Nuestra filosofía es la externalización y los consorcios: en España hemos procurado que nuestras empresas actúen en consorcios, que es lo que se tendría que hacer también en Europa. Es difícil, pero llegará.

La guerra de Ucrania

— ¿La guerra en Ucrania ha cambiado la percepción sobre la industria de defensa? ¿Cómo está afectando ese conflicto a las empresas españolas?

— España y Europa se despertaron un día con una realidad para la que no podían defenderse: no bastaba con un pacto con otros países y acuerdos internacionales, hacía falta una base industrial y tecnológica de defensa fuerte, segura y sostenible que permitiese tener independencia estratégica. Se han dado cuenta de eso y las empresas han empezado a funcionar.

La guerra de Ucrania ha tenido, como todo, sus problemas y sus beneficios. Ha perjudicado sobre todo a las pequeñas empresas en el ámbito logístico: nos hemos dado cuenta de que, en un mundo globalizado, como pasó con la Covid, llegan productos que no se pueden obtener si dependemos de otros países. Por otra parte, ha beneficiado a empresas como las nuestras, en concreto de protección a la fuerza, logística y visión nocturna. Los ucranianos han venido a pedirnos a España productos para el campo de batalla y la protección a la fuerza: nuestros cascos de combate son muy apreciados por ellos, y los vestidos inteligentes de protección que utilizan los soldados se los han comprado directamente a una empresa española magnífica. También en alimentación de combate y, sobre todo al principio, en componentes y vestuario. En drones no tenemos mucho que enseñarles, pero en otros ámbitos sí ha habido demanda.

Nuestras empresas pueden habilitar un campo de aterrizaje, aportar vestuario, equipamiento, alimentación, logística y medicamentosGerardo Sánchez RevengaPresidente de AESMIDE

— Muchas empresas civiles están entrando en el sector de defensa. ¿Qué oportunidades abre esta tendencia y qué requisitos deben cumplir?

— Hoy día lo que más se está demandando en el ámbito de la defensa es, sin duda, investigación: drones, inteligencia artificial, computación cuántica, transformación digital y logística. Son los llamados temas duales, que antes iban de la industria de defensa hacia la sociedad civil y hoy circulan también en sentido contrario, de la industria civil hacia la de defensa. La automoción, por ejemplo, está intentando aplicar su capacidad, aunque no es fácil porque son industrias muy diferentes. A toda empresa que quiera entrar en el ámbito de la defensa le aconsejo que haga pactos con empresas tecnológicas que puedan ayudarla a presentarse en UTE.

Quiero aclarar algo: cuando la gente habla de defensa piensa en armas, carros de combate, aviones o barcos. Pero también es calidad de vida del soldado: alimentación, tejido, logística, hospitales militares, poblaciones que se pueden construir en caso de catástrofe. Nuestras empresas tienen capacidad para atender cualquier situación de catástrofe en conjunto: pueden habilitar un campo de aterrizaje, aportar vestuario, equipamiento, alimentación, logística y medicamentos. Empezamos con la calidad de vida y la alimentación, pero hoy hemos evolucionado hacia el ámbito tecnológico.