Ceuta: la acción es irrenunciable

La desclasificación y publicación de documentos sobre la invasión de Ceuta, tanto de días anteriores como del mismo día de la Fiesta del Trono marroquí, revelan que hubo información suficiente para alertar con tiempo a las autoridades y permitirles tomar oportunamente las decisiones apropiadas. La información fluyó, a medida que se obtenía, a través de distintas estructuras dependientes de los ministerios del Interior y de Defensa. Ningún documento aventuró exactamente el día y la hora ni el volumen de personas que iban a violar la frontera, pero los indicadores del ataque contra nuestra soberanía eran evidentes.

El presidente del Gobierno, en un gesto calificado «de máxima transparencia», ordenó la publicación de estos documentos para desmentir a quienes afirmaban que se había alertado sobre el ataque, poniendo al descubierto –y, por tanto, en riesgo– parte de nuestra estructura de obtención de información.

Nada más torcido, pero sí un recurso fácil: justificar la inacción con el argumento de que «nadie advirtió del volumen del movimiento ni del momento en que se iba a producir», lanzando la piedra de la responsabilidad al tejado de los servicios de información o de inteligencia.

Inteligencia y seguridad

La inteligencia tiene por objeto proporcionar a la autoridad, civil o militar, elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones y reducir el riesgo de sorpresa. Su función es informar, valorar escenarios y advertir de amenazas; la decisión de actuar, así como la elección de cómo hacerlo, corresponde exclusivamente a la autoridad competente.

Los servicios de información trabajan en dos horizontes temporales. A medio y largo plazo, construyen escenarios posibles y fijan indicadores que permiten estimar la probabilidad de que cada escenario se materialice. A corto y muy corto plazo, la inteligencia actualiza esa valoración con datos inmediatos para facilitar decisiones urgentes. Este segundo horizonte es el relevante en el caso de Ceuta.

En la violación de nuestra frontera, la información que se hizo llegar a las diferentes autoridades evidenciaba lo que iba a pasar y dibujaba, en ese corto plazo, lo que ocurrió: la hipótesis más peligrosa se convirtió en la más probable y no se reaccionó.

Las medidas de seguridad deben ajustarse tanto a la probabilidad de la amenaza como a la gravedad de sus consecuencias. Cuando el escenario más peligroso adquiere una probabilidad significativa, la autoridad competente debe reforzar la prevención para reducir el riesgo y evitar que la situación la sorprenda sin capacidad de respuesta. Esa responsabilidad corresponde al nivel que tenga atribuidas las decisiones: la Delegación del Gobierno, la Comandancia General, los ministerios del Interior y de Defensa o la Presidencia del Gobierno.

Es cierto que la seguridad absoluta es difícil de lograr, por no decir imposible; pero, ante los avisos y los indicadores de lo que estaba ocurriendo, y anticipándose a la materialización de la amenaza, aquella debió incrementarse. Cuanto mayor es la probabilidad de que el escenario previsto se produzca, mayor ha de ser la seguridad. Así el riesgo se reduce y se evita la sorpresa.

¿Qué medidas de incremento de la seguridad se tomaron los días previos y el día del asalto masivo a Ceuta? No se conoce ninguna. Peor aún, las escasas medidas de seguridad existentes en la frontera se retiraron ante la presión, facilitando el ataque. La única decisión que se adoptó fue aceptar la situación como inabordable.

La genial justificación del presidente del Gobierno ha sido que los agentes fronterizos actuaron humanitariamente, descargando así, con esas falaces palabras laudatorias, el peso de la toma de decisiones en quienes evidentemente estaban desbordados por la situación y nada podían hacer.

La decisión brilló por su ausencia: no se tomaron medidas previas de refuerzo de la seguridad; la reacción fue inicialmente nula y posteriormente ineficaz. Por mucho que queramos descalificar la validez de la información que llegó a las distintas autoridades, tachándola de parcelada, escasa y poco precisa, no se actuó, y la acción era ineludible.

Un documento clave

Pero volvamos a los documentos que ordenó publicar nuestro presidente. Hay uno de ellos que merece especial atención: el del CNI que alertaba a los servicios marroquíes. El día 29, el CNI remitió una nota informativa en la que los alertaba sobre la planificación de varias convocatorias en grupos de WhatsApp y Facebook, cuyos miembros ascendían a más de ciento ochenta mil personas y en las que se fijaba el día de la Fiesta del Trono como el más apropiado para el «asalto a la valla de Ceuta». Es decir, los servicios marroquíes lo sabían. ¿Qué hicieron? Nada. ¿Por qué no actuaron? Es sospechoso que no lo hicieran. ¿No actuaron porque estaban detrás del asalto? Todos sabemos lo difícil, si no imposible, que es atribuir la autoría de actividades en las redes sociales o en internet en general. Probablemente nunca lo sabremos, aunque sí sabemos que fueron informados y, como nuestras autoridades, no hicieron nada.

Sigamos con el mismo documento. No podemos saber, tal y como se ha publicado, quién es el remitente y quién el destinatario, pero cabe inferir que la comunicación con un servicio extranjero fue autorizada en un nivel jerárquico relevante; aunque el texto divulgado no permita establecer si la correspondencia se produjo entre Madrid y Rabat o entre Ceuta y Tetuán. Por otra parte, quien autorizó en el CNI la remisión del informe a los servicios marroquíes conocía lógicamente la información que éste contenía y probablemente mucha más. ¿No se alertó a Presidencia del Gobierno, a Interior y a Defensa? Y, si se hizo, ¿por qué no se tomó a ese nivel ninguna medida preventiva?

Si el informe no se remitió al ministro del Interior y a la ministra de Defensa, habría que determinar por qué falló la cadena de comunicación; si se remitió, correspondería esclarecer qué valoraciones se hicieron y por qué no se adoptaron medidas adecuadas. En cualquier caso, los documentos indican que ambos ministerios disponían también de alertas procedentes de sus propios canales.

El CNI de Ceuta alertó por WhatsApp al gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta de lo contenido en el informe y mantuvo conversaciones con la Guardia Civil. Y tampoco se hizo nada a ese nivel. El delegado del Gobierno no respondió a una situación que en principio le concernía a él.

El resultado y alguna lección

No se dio a los informes que se elevaban desde distintos órganos el valor que tenían; no hubo una decisión coordinada; nadie se ha hecho responsable del fracaso absoluto de nuestra seguridad: de la seguridad de nuestras fronteras, de la seguridad nacional.

Una de las lecciones que se pueden extraer del fracaso en Ceuta es que los políticos con cargos de responsabilidad deben hacer caso a las señales de alerta que los servicios de información e inteligencia ponen sobre la mesa o en sus teléfonos. Las medidas preventivas de seguridad no son ofensivas; no se puede tener miedo político a usar las herramientas de las que se dispone, militares y civiles, porque para eso existen.

También es preciso estudiar la organización de nuestros servicios de información e inteligencia para lograr una mayor eficacia. La compartimentación de la información no es el mejor procedimiento en un mundo donde las barreras entre paz, crisis y guerra se han difuminado y en el que el uso de la coerción por el adversario adquiere múltiples formas mediante técnicas que se engloban en el concepto general de guerra híbrida.

El clásico principio de «necesidad de conocer» tiene que convivir con el de «necesidad de compartir». La información adquirida en cadenas orgánicas diferentes, como las de Interior, Defensa y el CNI, sobre un objeto de estudio concreto como Marruecos, ha de concurrir en todos los escalones con poder de decisión: por ejemplo, en el ámbito local, en las delegaciones del Gobierno, las presidencias de las ciudades autónomas y las comandancias generales de Ceuta y Melilla; y, en el ámbito central, en Madrid, tanto en los niveles ministeriales de Defensa e Interior como en la Presidencia del Gobierno. Esta estructura podría apoyarse perfectamente en el Sistema de Seguridad Nacional para dar lugar, dentro de él, a un Sistema Nacional de Inteligencia eficaz.

Corrigiendo el rumbo

Las características de Ceuta y Melilla exigen que las autoridades locales puedan reaccionar de inmediato ante un ataque mientras se coordina la respuesta nacional. El antiguo modelo del comandante general plenipotenciario concentraba esa capacidad en un mando militar, una solución hoy difícilmente trasladable al marco institucional vigente. Una alternativa sería convertir la Junta Local de Seguridad en un órgano permanente que incorpore a la Delegación del Gobierno, la Presidencia de la ciudad, la Comandancia General y el CNI. Ese órgano debería disponer de planes previamente aprobados, con umbrales de alerta y medidas que pudieran activarse automáticamente sin esperar una autorización tardía desde Madrid.

Mientras se extraen lecciones del fracaso y se corrigen los errores, la población ceutí sufre por la irresponsabilidad, la inacción y la ausencia de decisiones de quienes tienen la obligación de defenderla y de defender la soberanía nacional. La publicación de documentos, clasificados o no, ha servido para evidenciar que había información más que suficiente para haber tomado decisiones preventivas frente a la amenaza, decisiones que nadie tomó.

La secuencia que dibujan los documentos es clara en lo esencial: existieron alertas, circularon por varios canales y no dieron lugar a una respuesta preventiva proporcionada a la amenaza. Queda por esclarecer la cadena exacta de recepción, valoración y decisión en cada nivel administrativo; esa reconstrucción es indispensable para depurar responsabilidades y corregir el sistema. La justicia debe llegar hasta el fondo de la cuestión y las autoridades que no actuaron deben responder ante ella. La acción es irrenunciable.

Juan Bautista Sánchez Gamboa es Analista del Instituto para el Bien Común Global.