Alberto Pazos y Paula Prado de camino a la Junta de Portavoces
El PP pedirá que el Gobierno suprima la obligación de registrar los corrales de gallinas para autoconsumo
Los populares consideran que esta obligación no es más que una carga burocrática y trabas para los propietarios
El Partido Popular demandará en el primer pleno de la XII Legislatura, que se celebrará la próxima semana, que el Gobierno central suprima la obligatoriedad de registrar los corrales avícolas para autoconsumo ya que considera que se trata de una carga burocrática y trabas para sus propietarios al no sacar beneficio económico alguno de estas explotaciones al no comercializar estos productos.
Al término de la Junta de Portavoces, el popular Alberto Pazos manifestó que «está suscitando una profunda preocupación entre los habitantes de nuestro rural» la obligación establecida por el Gobierno Central de tener que registrar los más de 50.000 corrales avícolas de autoconsumo existentes en Galicia. Al respecto Pazos apuntó que: «Estamos delante de una nueva decisión de Pedro Sánchez que va en contra del sentido común porque lo único que supone es una mayor carga burocrática y trabas para los propietarios de estos corrales familiares, ya que no sacan ningún beneficio económico de los mismos porque no comercializan estos productos».
Una normativa muy polémica
La obligatoriedad de dar de alta los gallineros está incluida en una disposición estatal (el Real Decreto 637/2021) que regula la avicultura.
El real decreto del Ministerio de Agricultura recoge una serie de condiciones para la avicultura. Por un lado, las explotaciones de autoconsumo, aquellas que no pasan de 30 aves, deben estar dadas de alta en un registro. Y quien no efectúe esos trámites no podrá reponer gallinas u otros animales; lo que supone un agravio para el sector, y las tiendas ya lo están notando con un descenso en sus ventas.
Y es que para comprar una gallina en una tienda hay que presentar el código de la explotación o, en su defecto, la copia de la solicitud si todavía no se tiene la certificación oficial.
Además existe un miedo que está patente en los profesionales del sector debido a las sanciones que estipula la Ley de Sanidad Animal, recogida en dicho decreto, estipuladas entre 600 a 3.000 euros.
En su momento, la Xunta de Galicia presentó casi 40 alegaciones al real decreto de Agricultura, pero todas ellas fueron rechazadas. Todas estas exigencias han provocado la legalización de más de 400.000 corrales en toda la comunidad gallega.
Comentarios
