Alfonso Villares

Alfonso Villares, en el Parlamento de GaliciaEuropa Press

¿En qué se traduce que consejero gallego acusado de agresión sexual haya renunciado a su aforamiento?

Alfonso Villares asegura que quiere «comparecer ante la Justicia como cualquier ciudadano»

El conselleiro del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, anunció este pasado miércoles su dimisión tras recibir una notificación del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que le comunica que está investigado en un proceso judicial por una supuesta agresión sexual.

Este miembro del Ejecutivo de Alfonso Rueda realizó una comparecencia en la que defendió su inocencia y también informó de que renuncia a su aforamiento. ¿Qué implica esta decisión? Villares renuncia al privilegio que poseen el presidente autonómico y los miembros de su gobierno de ser juzgados por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal. De este modo, su caso seguirá los cauces habituales.

«Quiero comparecer ante la Justicia como cualquier ciudadano. Renuncio a mi condición de aforado, para que no suponga ninguna diferencia diferencia a nivel de procedimiento judicial, ni tampoco pueda utilizarse ningún tipo de sombra sobre mi inocencia», explicó.

Un aforado es una persona que goza del derecho, en caso de ser imputado por un delito, de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal. Esta medida está ideada para evitar las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad. Se entiende que un tribunal superior es más independiente.

El Estatuto de Autonomía de Galicia establece que «el Presidente y los demás miembros de la Junta, durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de Galicia, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito».

También fija que corresponde «decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Galicia», según establece la legislación autonómica. Fuera de dicho territorio la responsabilidad penal será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

comentarios
tracking

Compartir

Herramientas