Operación Gallagher
Operación Gallagher La UCO desarticula una red criminal que aprovechó una normativa europea para defraudar 69 millones con alcohol
En la cúspide de la organización estaban tres españoles que contaban con una red de testaferros
el registro de la casa de un empresario de Santiago de Compostela por parte de la UCO y las incógnitas alrededor de la operación, se despejan. Este jueves, la Guardia Civil ha desvelado la desarticulación de una organización criminal responsable del fraude de cerca de 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre los años 2018 y 2024.
La operación, denominada 'Gallagher', dirigida por la Fiscalía Europea ha culminado con ocho detenciones de las 19 entradas y registros que ha llevado a cabo la UCO en Madrid, Barcelona, La Coruña, Ibiza, Jerez de la Frontera y Valencia.
Esta organización criminal estaba especializada en el perfeccionamiento de delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea y la Hacienda Pública. Lo hacía operando en el mercado de las bebidas alcohólicas a través de una estructura empresarial conformada por 93 mercantiles españolas, portuguesas, alemanas, maltesas y de Islas Turcas y Caicos, que contaba igualmente con una estructura de empresas paralela, a través de la que se canalizaban los fondos de procedencia delictiva que sometían a procedimientos de blanqueo de capitales.
Operativa de la red
Los detenidos aprovechaban la normativa de la Unión Europea respecto a las transacciones transfronterizas entre estados miembro. Éstas, exentas de IVA, eran la clave para su operativa.
Operación Gallagher
Posteriormente, blanqueaban los beneficios. Es por ello que el Área Regional de Inspección de la AEAT en Valencia denunció esta trama ante la Fiscalía Europea en el año 2023.
La operativa defraudatoria se realizaba con la participación de depósitos fiscales establecidos principalmente en Holanda, Portugal y España.
Los investigadores han podido corroborar la importación de grandes cantidades de alcohol desde depósitos fiscales de varios Estados miembros hasta un depósito fiscal en España, lugar donde el alcohol ingresa con suspensión del pago de tributos, conforme a la legislación europea.
El impuesto se devengaría sólo cuando los productos salen del depósito fiscal hacia una distribución comercial o de consumo. Una vez allí, intermediarios ficticios radicados en España y controlados por la organización investigada, adquieren el alcohol, se hacen cargo del IVA, y luego desaparecen sin cumplir sus obligaciones fiscales.
El alcohol se vende después a través de una red de empresas ficticias, amparadas con facturas falsas, con el fin de ocultar toda la cadena fraudulenta. Finalmente, el producto se distribuye en España mediante distribuidores controlados por la red criminal, cuyo IVA correspondiente aparentemente repercutido de forma correcta en factura nunca ha sido realmente ingresado. El hecho de no ingresar el IVA permitía rebajas ilícitas de precio, con la consiguiente competencia desleal.
Cabecillas españoles
Además, tres ciudadanos españoles se situaban en la cúspide de la organización criminal. Los españoles usaban una estructura de testaferros que se situaban en numerosas empresas instrumentales. De esa manera, podían desvincularse de la actividad comercial y que la trazabilidad del producto fuese mucho más complicada.
