Audasa renueva sus seis áreas de servicio de la AP-9
Transportistas gallegos recurrirán al Supremo para reclamar las nulidad de las prórrogas de la AP-9
La Federación Galega de Transportes de Mercancías exige que la autopista sea gratuita y acusa al Gobierno central de pasividad
La Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer) ha anunciado que presentará en septiembre una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para solicitar la nulidad de las prórrogas de la concesión de la autopista AP-9, otorgadas a la empresa Audasa en los años 1994 y 2000. La última de estas ampliaciones mantiene la concesión vigente hasta 2048.
En una rueda de prensa celebrada en Santiago, el presidente de Fegatramer, Ramón Alonso Fernández, explicó que el objetivo es «recuperar jurídicamente» esta infraestructura y que la AP-9 «sea gratuita de una vez por todas». La demanda se dirigirá contra los acuerdos del Consejo de Ministros que autorizaron dichas prórrogas.
El secretario general de la federación, Carlos García Cumplido, adelantó que, además de la anulación, solicitarán que se reembolsen los peajes abonados «indebidamente» durante los últimos años. Según sus datos, unos 60.000 vehículos utilizan la AP-9 cada día, de los cuales aproximadamente 4.000 corresponden a transporte de mercancías.
García Cumplido justificó la decisión ante la «pasividad» del Gobierno central, al que acusa de no tomar medidas. «No tenemos muy claro qué va a hacer», señaló, denunciando el «pelotazo» que, en su opinión, supusieron las prórrogas, cuyo coste «están pagando todos los ciudadanos de Galicia».
En paralelo a la vía judicial europea
Fegatramer indicó que el recurso ante el Supremo es independiente del procedimiento abierto por la Comisión Europea, que ya ha advertido al Ejecutivo español sobre las irregularidades en la concesión de la AP-9.
Bruselas sostiene que las prórrogas vulneraron las normas comunitarias al haberse otorgado sin libre concurrencia, lo que podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no se corrige en un plazo de dos meses.
La federación estima que el Supremo podría emitir un fallo en unos cuatro años. Considera que una eventual nulidad de las prórrogas sería relevante si se produce el traspaso de la autopista a la Xunta de Galicia, ya que permitiría que se realizara «sin una carga importante».
