AP-9 en Vigo
La Xunta pide a Óscar Puente una reunión para exigir el rescate de la AP-9: «Cuanto más se retrase, más caro será»
La indemnización necesaria para recuperar la gestión pública de la AP-9 asciende a 2.356 millones de euros
La Xunta de Galicia ha vuelto a solicitar una reunión urgente con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar la gestión de la autopista AP-9, tras el reciente dictamen de la Comisión Europea sobre las prórrogas del contrato concesional.
La consejería de Vivienda y Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha enviado una nueva carta al Ministerio, sumando así la quinta solicitud de reunión en el último año.
Según ha informado la Xunta, la falta de respuesta por parte del Gobierno y la ausencia de información sobre los pasos a seguir tras el pronunciamiento de Bruselas justifican la urgencia de este nuevo requerimiento.
La consejera también pretende trasladar al ministro el contenido del último estudio técnico elaborado por la Administración autonómica, que concluye que el rescate de la concesión «es la solución más ventajosa para el interés público».
Este informe estima que la indemnización necesaria para recuperar la gestión pública de la AP-9 asciende en 2025 a 2.356 millones de euros, una cifra superior a la calculada en 2024 (2.331 millones). La razón, según la Xunta, es que el beneficio empresarial de la concesionaria sigue aumentando, lo que encarece cada año el coste del rescate. «Cuanto más se retrase, más caro será», advierten desde el Gobierno gallego.
Martínez Allegue ha recordado que esta posibilidad ya fue sugerida en informes previos tanto por el Consejo de Obras Públicas como por el Consejo de Estado, en el contexto Del Real Decreto 680/2021 que introdujo bonificaciones para los usuarios de la autopista, ampliadas en 2024.
La Xunta también reclama que el Estado lleve a cabo un análisis coste-beneficio similar al que realizó para la circunvalación de la AP-7 en Alicante, un estudio que justificó la liberación del peaje en esa vía por sus beneficios sociales, económicos y medioambientales.
La consejera insiste en que el rescate de la AP-9 no solo es viable, sino necesario, y urge al Ministerio de Transportes a dialogar cuanto antes para dar una respuesta conjunta ante el dictamen europeo y evitar un mayor perjuicio económico para las arcas públicas.
