Jácome, contra las cuerdas: el alcalde de Orense afronta 2026 con tres frentes judiciales pendientes

El futuro político de Gonzalo Pérez Jácome es más que incierto. Su gestión al frente del Ayuntamiento de Orense ha generado un clima de notable tensión y preocupación en la ciudad, con actuaciones que se desmarcan de un liderazgo democrático y transparente.

Mantiene una guerra abierta con los medios de comunicación, a los que ha vetado por completo. Desde finales del año 2024, los periodistas no pueden ni siquiera preguntar en las ruedas de prensa, que han sido sustituidas por auténticos monólogos de su regidor. La cosa no se queda ahí. Hace unos días, en mitad de un pleno, insultó y despreció el trabajo de un periodista gráfico que solo trataba de realizar su trabajo y días después anunció que restringirá el acceso porque consumen sus «recursos mentales» y le provocan «estrés».

La posibilidad de una moción de censura sobrevuela el Ayuntamiento de Orense a diario, pero la aritmética juega a favor de Jácome. Ninguno de los tres partidos opositores (PP, BNG y PSOE) ve con buenos ojos su gestión y la situación está más tensa que nunca, pero por el momento no se ha llegado a materializar.

Apropiación indebida

2026 no se antoja mucho mejor para el que sin duda es uno de los alcaldes más polémicos de Galicia. Afronta el nuevo año con tres frentes judiciales pendientes. El próximo 13 de febrero, Pérez Jácome tendrá que sentarse en el banquillo del Juzgado de Instrucción número 1 como investigado por un supuesto delito de apropiación indebida. Se le investiga por cobrar fraudulentamente su salario tras la denuncia presentada por el exconcejal de Democracia Ourensana (DO) en el Ayuntamiento de Orense Telmo Ucha.

Según recoge la querella, el alcalde «tiene dedicación exclusiva para el ejercicio de sus funciones», con una «asignación exclusiva de 74.850,30 euros», aprobada en el pleno del 12 de junio de 2023, pero «realiza actividades mercantiles y privadas con grandes ingresos». Una acusación que, evidentemente amenaza su supervivencia política, pero que va mucho más allá: de confirmarse y ser condenado, conlleva penas de prisión de uno a seis años.

Tiene también una causa abierta por prevaricación omisiva por presuntamente hacer caso omiso a las quejas vecinales de forma intencionada en relación a los ruidos persistentes de la zona del Casco Viejo.

El tercero de sus frentes es por malversación, que deriva de la primera causa. Se investiga si un asesor del Ayuntamiento, pagado por todos los orensanos, trabaja como cámara y técnico para la televisión privada del alcalde. También si parte del equipo fue comprado con dinero público.