El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome
Orense, capital de la «ley de la selva»: Jácome suprime la ORA entre el caos vial y la demanda de un millón de euros
La oposición denuncia el colapso del centro tras el fin de los parquímetros, mientras la exconcesionaria Doal exige una indemnización y Hacienda sitúa a la ciudad en su lista negra por opacidad contable
Después de más de tres décadas con el aparcamiento regulado (ORA), el alcalde Gonzalo Pérez Jácome cumplió con una de sus promesas electorales desde este 1 de enero al eliminar los parquímetros de la ciudad de las Burgas. No sin retractores. La oposición denuncia que las calles son ahora la «ley de la selva» circulatoria y que el caos se ha adueñado del centro.
Desde el PSOE creen que se trata de otra ocurrencia más del regidor de Democracia Orensana, además de que es propagandística. «Más coches dando vueltas, más contaminación y más atascos. No hay soluciones para residentes sin garaje y muchas plazas estarán ocupadas sin rotación», dicen desde el Partido Popular. El BNG coincide también com ambos.
Por su parte, Jácome defiende la medida como algo necesario para la ciudad. «La ORA tenía que caer por necesidad. La mitad de las plazas están ahora en zona peatonal de uso restringido. Lo que va a pasar ahora es que habrá más zonas de carga y descarga, más necesidad de reparto, y los residentes tendrán donde aparcar de noche», dijo.
Un millón de euros de indemnización
Más allá del enfrentamiento político y la polémica de su decisión, la supresión de la ORA ha abierto un nuevo frente. La concesionaria Doal (del Grupo Vendex), firma saliente salpicada por la macrocausa Pokemon, reclama una indemnización de un millón de euros al Ayuntamiento en un momento muy delicado para la economía municipal.
El Ministerio de Hacienda publicó el 1 de enero incluyó a Orense en la lista de los ayuntamientos y diputaciones a los que practica retenciones de fondos estatales por su opacidad contable después de que el Gobierno local de Democracia Orensana obviara el envío de la documentación presupuestaria exigida por ley.