La exconcejala socialista de Láncara niega las acusaciones de estafa por falta de «conocimientos informáticos»

La exedila del municipio lucense de Láncara Begoña López, acusada de estafa y falsedad de documento, ha comparecido este lunes y ha negado ante el juez que manipulase ningún documento, alegando que no tiene «conocimientos informáticos» suficientes para hacerlo.

Junto a su padre, la socialista está acusada de estafa y falsedad documental continuada por no pagar a un constructor por las obras realizadas en una casa, y al dueño de un taller, por la compra de un tractor. Por todo ello, se enfrentan cada uno a una pena de dos años y seis meses de prisión y a una multa de 2.400 euros, aunque la acusación particular solicitó cuatro años de cárcel y 6.000 euros de multa.

Respondiendo solo a las preguntas de su abogado, ha dicho que ella no tuvo relación con el constructor afectado en ningún momento, ya que las obras se hacían en viviendas de las que no era propietaria, a lo que ha añadido que su padre hizo dos pagos en metálico, «de los que mi madre y yo fuimos testigo».

Visto para sentencia

El juicio contra la exedila de Láncara y su padre ha quedado visto para sentencia tras la celebración de la segunda sesión, en la que ha declarado uno de los testigos y la denunciada, ya que su padre se ha acogido a su derecho a no hacerlo.

Esta segunda parte del juicio se ha celebrado porque en el día señalado para la vista, el pasado 12 de febrero, el dueño del taller no pudo acudir a declarar, ya que estaba hospitalizado, por lo que la sesión fue aplazada hasta que pudiese hacerlo. También tuvo lugar la declaración de la acusada, que negó todos los hechos.

Manipulación del importe

Los hechos se remontan al año 2021. Según sostiene la acusación, ella, que ahora cuenta con 39 años de edad, y él, de 66, hicieron una transferencia de dos euros al constructor con la intención de generar un documento pdf con una orden de pago en la que después manipularon el importe para que figuraran 39.272 euros.

Al ver la víctima el documento, creyó que se había hecho el pago y continuó con los trabajos en la vivienda, que posteriormente fueron valorados en 46.338 euros.

Durante el juicio, el constructor explicó que cuando le reclamó a ambos el pago, estos aseguraron que se trataba de un error en el banco y que estaba todo bien. Días más tarde, una mujer llamó a la víctima identificándose como trabajadora del banco y asegurando que había sido un error de ellos, pero el hombre desconfió y alegó que más tarde descubrió que todo era falso. Más tarde, los técnicos aseguraron que la llamada se efectuó desde un teléfono del ayuntamiento.

A los dos acusados se les atribuye también una acción similar previa con la compra de un tractor. Al dueño de un taller le entregaron un documento en el que figuraba un pago de 10.002 euros, pero solo ingresaron 2. En este caso, no se reclama indemnización porque el hombre recuperó el tractor cuando este tuvo una avería y los acusados lo devolvieron al taller.