Pélets encontrados en la playa Bos el 13 de enero de 2024, en Noya (La Coruña)
La Xunta recurrirá a la justicia para que el Gobierno exija 2,3 millones de gasto por el vertido de pélets
Alfonso Rueda recuerda que ha solicitado al Ejecutivo central de forma reiterada su reclamación por el daño ambiental y los costes generados puesto que es de su competencia
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que el Gobierno gallego recurrirá a la justicia para que el Gobierno central «inicie el proceso de exigencia de responsabilidad» por el vertido de pélets ocurrido en diciembre de 2023, a raíz de la pérdida del buque mercante 'Toconao' de varios contenedores frente a las costas portuguesas.
En rueda de prensa tras el Consejo de la Xunta de este lunes, Rueda ha explicado que este vertido de pélets implicó un coste para al Xunta de 2,3 millones. Así, «como hasta ahora nada se hizo» por parte del Gobierno, se decide recurrir a la justicia, «ya que no hubo manera de que lo hiciese voluntariamente y se puedan recuperar esos gastos en los que incurrió la Xunta de Galicia en 2023».
Recuerda que se ha solicitado al Ejecutivo central de forma reiterada su reclamación por el daño ambiental y los costes generados por los pélets, puesto que el Estado cuenta con las competencias de lucha contra la contaminación marina, pero lamenta no hubo avances.
Además de recuperar este gasto «importante» de la Xunta, Rueda remarca la importancia de que sirva para «sentar jurisprudencia» y una práctica de abono de costes de cara a «futuros incidentes», que espera que no se produzcan.
Sobreseimiento definitivo de la causa
El 'Toconao', un carguero con bandera de Liberia, perdió seis de los contenedores que transportaba el 8 de diciembre de 2023 en aguas portuguesas, a unos 80 kilómetros de Viana do Castelo. Uno de esos contenedores llevaba mil sacos de estas pequeñas bolas blancas utilizadas en la fabricación de plásticos, lo que sumaban unas 26,2 toneladas de pélets.
La estimación de gasto que reclama la Xunta se basa en un operativo que actuó en más de 630 playas de 66 ayuntamientos costeros, en donde llegaron a trabajar más de 400 personas a pie de playa.
A comienzos de 2026, la jueza del Tribunal de Instancia de Noya, plaza 2, acordó el sobreseimiento definitivo de la causa en la que se investigaron las posibles responsabilidades penales derivadas del vertido de pélets.
