La sombra del «delito provocado» planea sobre el juicio por los 650 kilos de cocaína en el puerto de Vigo

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha iniciado el juicio contra cuatro acusados de participar en la introducción de 650 kilos de cocaína a través del puerto de la ciudad gallega en abril de 2023, ocultos en un cargamento de bananas procedente de Sudamérica.

Los procesados se enfrentan a penas de hasta 12 años de cárcel y multas que, según la Fiscalía, alcanzan los 100 millones de euros por un presunto delito de tráfico de drogas cometido en el seno de una organización criminal.

La actuación policial cuestionada

Durante esta primera jornada, las defensas han solicitado la nulidad del procedimiento al alegar supuestas irregularidades en la actuación de agentes encubiertos que participaron en la investigación. Según sus argumentos, los funcionarios habrían ido más allá de una labor de infiltración, llegando incluso a «involucrarse en la actividad criminal» e «instigar» la comisión del delito. Por ello, sostienen que podría haberse producido un «delito provocado», lo que, de acuerdo con su tesis, invalidaría la causa.

Además, han denunciado vulneraciones de derechos fundamentales como el derecho de defensa y la falta de acceso completo a la información del procedimiento. También han cuestionado la competencia del tribunal, al considerar que el caso debería ser juzgado por la Audiencia Nacional. Las defensas aseguran que no existe un soporte probatorio sólido contra los acusados y hablan de un «desierto probatorio» en la investigación.

Frente a estas alegaciones, la Fiscalía ha sido contundente al negar la existencia de un delito provocado. El ministerio público sostiene que «el propósito criminal era preexistente» a la intervención policial y que en ningún momento los agentes persuadieron o indujeron a los acusados a cometer el delito.

Según el relato fiscal, los investigados ya formaban parte de una organización criminal asentada previamente y con experiencia en el tráfico internacional de drogas, especialmente con conexiones operativas desde Sudamérica.

La acusación pública defiende que la actuación de los agentes encubiertos se limitó a labores propias de una investigación compleja sobre narcotráfico internacional, sin intervenir en la decisión criminal de los acusados.

Una operación a gran escala

La investigación comenzó en julio de 2022, cuando la Policía Nacional detectó la existencia de una estructura criminal con capacidad para introducir grandes cantidades de cocaína a través de puertos gallegos como Vigo y Marín. Según la Fiscalía, el grupo analizó previamente el funcionamiento portuario para facilitar la entrada de la droga desde el puerto de Turbo (Colombia), utilizando contenedores de fruta como tapadera.

En abril de 2023, el cargamento interceptado llegó al puerto de Vigo tras un transbordo en Algeciras. La operación culminó con la detención de los cuatro acusados cuando intentaban transportar la droga por carretera hacia Málaga.

En total, se incautaron más de 650 kilos de cocaína con una pureza superior al 80 % y un valor estimado en el mercado ilícito superior a los 25 millones de euros. Durante los registros también se localizaron casi 45.000 euros en efectivo en el domicilio del presunto cabecilla, actualmente en paradero desconocido. El juicio continúa ahora con el análisis de las pruebas y las cuestiones planteadas por las defensas.