Foto de un aerogenerador de Greenalia
Varapalo del Supremo al TSJG al ratificar el plan eólico de la Xunta y abrir la puerta al desbloqueo de 80 parques
El TSJG ha sido el protagonista de varias polémicas al contar con el juez Luis Villares encargado de la sección de los eólicos tras haber sido activista en contra de este tipo de actividad
El bloqueo de la Justicia gallega a los parques eólicos ha supuesto el retraso reiterado de muchos de los proyectos planeados en la comunidad. Ahora, el Supremo ha estimado los recursos de Xunta, Greenalia y Asociación Eólica de Galicia para revocar una sentencia del TSJG de 2023 que anuló el proyecto del parque eólico Bustelo, entre Carballo y Coristanco (La Coruña), al considerar que existía una fragmentación ilegal del proyecto, cuestión que ahora se descarta.
Esta fragmentación, tal y como apunta ahora el Supremo, contradice al tribunal gallego basándose en los fundamentos ya aplicados en marzo de 2025 en el caso similar del eólico Campelo, entre Santa Comba y Coristanco, al «ser idénticos los motivos esgrimidos en ambos recursos de casación e iguales las cuestiones consideradas de interés casacional objetivo».
El alto tribunal se vale de ese fallo en el que se señalaba que «el hecho de que dos o más instalaciones de parques eólicos compartan instalaciones de conexión no comporta, ineludiblemente», que haya un único proyecto a efectos de su evaluación medioambiental. Por ello, ahora con Bustelo el Supremo falla que «procede reafirmar los criterios jurisprudenciales fijados en la anterior sentencia».
En términos más sencillos, el TSJG consideraba que la fragmentación de los parques tendría que suponer una valoración medioambiental individual para cada parte y no en su conjunto, tal y como defendía el Gobierno gallego.
Polémica en el TSJG
Para contextualizar la situación, es importante subrayar las polémicas vividas en el propio tribunal gallego. El pasado mes de marzo, la recién nombrada como nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso del TSJG, María Azucena Recio González, decidió apartar al juez Luis Villares de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, encargada de los proyectos eólicos.
La presidenta tomó esta decisión con base en sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, en las cuales «se considera que ha resultado vulnerado el derecho fundamental a un juez imparcial» por parte de Villares, que «se pone en relación con la intervención en política» de quien fue líder de En Marea.
Cuando Villares formaba parte del mundo de la política, dentro de la coalición izquierdista En Marea, pidió de forma pública la «paralización inmediata» de varios parques eólicos. Como juez, ha estado al frente de la paralización de varios proyectos de este tipo de energía, hecho que ha suscitado sospecha desde un principio.
Esta situación ha provocado la tensión continua entre los órganos judiciales, la Xunta de Galicia y las empresas del sector eólico que no comparten la visión del TSJG a la hora de paralizar los parques que pueden, ahora, ser desbloqueados basados en las decisiones del Supremo.