El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, abraza a Alfonso Villares
Un sindicato califica de «posible depredador sexual» a Villares pese al archivo de su denuncia
Al respecto, la CIG agrega que las instituciones públicas «no solo tienen que actuar conforme a la legalidad, sino también preservar su credibilidad»
La vuelta a la política del ex consejero de Mar, Alfonso Villares, como delegado territorial de la Xunta en Lugo tras el archivo de la denuncia por agresión sexual presentada por Paloma Lago, ha provocado la reacción de la izquierda.
El sindicato CIG ha calificado de «grave error político» la decisión de Alfonso Rueda: «Con esta decisión, en la Administración autonómica tenemos a un posible depredador sexual de jefe», han acusado en un comunicado remitido a los medios, en el que critica con dureza a Rueda haber situado al frente de la delegación del Gobierno gallego en Lugo al extitular de Mar e incide en que la ejemplaridad institucional va «más allá» del recorrido judicial de una causa.
La CIG esgrime que la «rehabilitación» de Villares como alto cargo autonómico es de «extrema gravedad» y que «hace patente el falso compromiso» de la Xunta del PP con las víctimas de violencia machista.
El sindicato ha trasladado su respeto por las resoluciones judiciales y la presunción de inocencia, pero recuerda que «el archivo de una causa por falta de indicios suficientes para continuar el procedimiento no equivale a una sentencia que declare la inexistencia de los hechos».
«La responsabilidad política y social y la ejemplaridad institucional van más allá del recorrido judicial de un caso», ha esgrimido, además de hacer hincapié en que «nadie obliga a Rueda a rehabilitar políticamente a Villares».
«Lo hace porque le da la gana, y al hacerlo está enviando un mensaje inequívoco: para el presidente de la Xunta es más importante restituir la honorabilidad de un exconsejero de su círculo político e íntimo que mandar un mensaje ejemplarizante de tolerancia cero frente a violencia. En definitiva, con esta decisión en la Administración autonómica tenemos un posible depredador sexual de jefe», ha lamentado.
Al respecto, la CIG agrega que las instituciones públicas «no solo tienen que actuar conforme a la legalidad, sino también preservar su credibilidad, proteger la confianza de la ciudadanía y actuar con la máxima responsabilidad ante situaciones de especial trascendencia social».
