Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago
Doble revisión de exámenes y más peso a los docentes de Secundaria: así es la PAU que plantea la Xunta
El «cúmulo de errores» cometidos en varias materias ha evidenciado la necesidad de reformar el sistema vigente desde su creación, en 1993
La cara y la cruz se han citado en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este año en Galicia: mientras los resultados arrojan un récord histórico con el 96,25 % de alumnos aprobados —la cifra más alta de la última década—, la gestión del proceso ha desatado una tormenta política y educativa.
El «cúmulo de errores» cometidos en los exámenes de Historia de España y Dibujo Técnico ha evidenciado la necesidad de reformular el sistema vigente desde su creación en 1993 y, por otro lado, avanzar hacia una prueba «más homogénea» con el conjunto de España que «garantice la equidad» para los estudiantes gallegos con respecto al resto de futuros universitarios..
Tal y como defiende el consejero de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, esta es una reclamación que la Xunta mantiene «desde hace tiempo». El mandatario afeó que el Ejecutivo central «no hizo nada» y esto provoca que los estudiantes gallegos «salgan perjudicados» con el sistema de acceso actual.
Ante la inacción del Gobierno central, la Xunta ha movilizado sus competencias para presentar una propuesta de reforma que blinde la PAU en Galicia a través de una nueva estructura organizativa y que sea «más justa» para los alumnos. Un plan de choque que el Ejecutivo autonómico trasladará de forma inmediata a las universidades gallegas con un objetivo claro: lograr que una parte muy significativa de estas medidas comience a aplicarse ya en la convocatoria del próximo año.
Paquete de reformas
Esta ambiciosa hoja de ruta se sostiene sobre tres pilares fundamentales diseñados para corregir los fallos del sistema actual y devolver la tranquilidad a las aulas. Plantea una doble revisión de cada modelo de examen, mayor participación del profesorado de Secundaria y la creación de una comisión conjunta en la que el Ejecutivo gallego tenga una presencia «real y efectiva».
La propuesta se articulará a través de una «nueva estructura del proceso» que contará con «dos órganos colegiados». Por una parte, la comisión organizadora de las funciones estratégicas y de coordinación, que establecerá criterios, protocolos y procesos comunes para todos los grupos de trabajo, supervisará el funcionamiento de los grupos de trabajo y velará por la aplicación homogénea de la normativa. Este estará adscrito a la Consejería y contará con representación de la Xunta y de las tres universidades públicas gallegas.
Por otra parte, la Xunta apuesta por crear una comisión técnica, responsable de las tareas operativas y logísticas, como la elaboración, custodia, distribución y corrección de los exámenes, así como de la organización de las aulas y del dispositivo necesario para la realización de las pruebas. El poder, en este caso, seguirá en manos de los delegados de las universidades, pero el Ejecutivo autonómico propone que además se incluya, al menos, a un representante designado por la Consejería.
El Gobierno gallego plantea reestructurar los equipos simplificando su composición, que pasará a contar con cuatro profesores de Secundaria frente a solo dos universitarios. Asimismo, la Xunta propone que el profesorado de instituto pueda optar a la dirección de estos grupos —un rol actualmente restringido a la Universidad—, buscando con este doble cambio otorgar una mayor participación al colectivo docente que mejor conoce el currículo real de Bachillerato.
Doble verificación
Como segunda gran pata de las reformas, la Xunta propone el establecimiento de la elaboración colegiada de las pruebas mediante bancos de exámenes. Esta medida busca implantar un modelo colaborativo basado en criterios comunes y directrices fijadas por la comisión organizadora. De este modo, las pruebas se confeccionarán a partir de una base de datos con ejercicios verificados de forma conjunta.
El paquete de medidas también propone llevar a cabo una doble revisión del modelo de examen. Cada ejercicio será previamente conocido por dos personas, la redactora y la revisora. «Cuando haya dudas en el proceso, como pasó este año y para dar mayor seguridad, se abrirá un proceso de revisión cooperativa entre ambas, para así alcanzar una versión que esté validada por las dos personas», detalla el consejero. Una vez recibida esa validación, el examen será remitido a la dirección del grupo de trabajo para su análisis final.
