Antigua prisión provincial de La Coruña
La lenta agonía de la antigua prisión provincial de La Coruña: 15 años de abandono
La cárcel acumula cerca de 15 años sin actividad, sin que el Ayuntamiento haya logrado hacerse con su titularidad para darle una nueva vida
A menos de 400 metros de la Torre de Hércules, el monumento más emblemático de La Coruña, se encuentra ubicado un edificio que no pasa desapercibido para los turistas ni para los vecinos de la zona. Se trata de la antigua prisión provincial, que carece de actividad permanente desde que dejó de ser un centro de inserción social hace cerca de 15 años, y en la que se hace patente el abandono que sufre sin que el Ayuntamiento haya encontrado una solución para hacerse con su titularidad. Un enorme grafiti de un gato de cara sonriente preside la fachada principal del edificio, en el que se registran pequeños desprendimientos desde hace años y cuya cubierta está invadida por vegetación.
Un museo dedicado al faro romano, crear la Casa de la Creatividad (dedicada a los grandes descubrimientos científicos de la historia), trasladar el archivo municipal a esta ubicación, un centro vecinal o habilitar, tal y como la denominó el entonces alcalde de la ciudad, el socialista Javier Losada, una «gran factoría cultural». Estas son algunas de las propuestas que se han planteado a lo largo de los últimos 25 años para dar una nueva vida a este recinto, situado al lado de la costa en el barrio de Monte Alto, sin que ninguna haya salido adelante hasta la fecha.
La vieja cárcel de La Coruña, con la Torre de Hércules al fondo
El Ministerio del Interior cerró este penal en 1998 al haberse quedado obsoleto tras más de siete decenios en funcionamiento, según recogen los informes elaborados por este departamento estatal. Su sustituto fue un complejo más moderno en Teixeiro (Curtis). Mientras que las instalaciones coruñesas funcionaron como centro de inserción social hasta que en 2009 se quedaron sin ningún tipo de uso al estrenarse unas nuevas dependencias para esta función. Años después se realizaron actividades culturales de forma puntual. Ahora el Gobierno local coruñés, presidido por la socialista Inés Rey, tiene pendiente conseguir que este equipamiento revierta en la ciudad.
El convenio de 2005
¿Cuál es el impedimento para que este edificio se convierta en un equipamiento para uso y disfrute de los ciudadanos? Un convenio firmado entre el Ayuntamiento e Instituciones Penitenciarias en 2005 para que la vieja prisión pasase a manos municipales a cambio de la cesión de un terreno de 8.000 metros cuadrados junto a las Cocheras de los Tranvías y un pago de 1,2 millones de euros.
El entonces regidor, Francisco Vázquez (PSOE), aseguró que aquel acuerdo era «el colofón a un proceso de siete años años de negociaciones con el que la ciudad recupera uno de sus edificios más singulares y mejor ubicados». Antes sería necesaria una reforma que el regidor calculó que se podría realizar en «tres o cuatro años como mínimo». Nada de aquello se cumplió.
Intento para anular el pago
El Ejecutivo local, con el PP en el poder (entre 2011 y 2015) intentó anular aquel acuerdo para intentar recuperar el penal sin tener que abonar los 1,2 millones de euros. El primer edil en aquel momento, Carlos Negreira, alegó que su equipo de gobierno buscaba una solución con «criterio y cabeza» para evitar pagar «dos veces» por los terrenos, ya que originalmente, en la década de 1920, habían sido cedidos por la ciudad al Estado.
El Gobierno central interpuso una demanda en los tribunales y consiguió anular la decisión del Ayuntamiento de invalidar el convenio suscrito. El Tribunal Supremo, en una sentencia de 2020, puso fin a la vía judicial tras rechazar el recurso municipal.
Durante el período de 2015 a 2019, con Marea Atlántica al frente del Consistorio de María Pita, la cárcel albergó de forma temporal actividades culturales. El colectivo Proxecto Cárcere, que defendía la recuperación de este recinto, fue el encargado de realizarlas hasta que la Xunta de Galicia ordenó su paralización tras detectar que se habían realizado obras no autorizadas.
La Coruña y el Estado iniciaron en 2021 una nueva vía: la negociación, en la que se planteó que el inmueble pasase a ser municipal a cambio de 2,3 millones (cantidad que incluye los intereses de demora). En 2024 sigue sin haber novedades sobre la cuestión, con lo que en esta prisión solo acceden los guardia de seguridad y las gaviotas que campan a sus anchas por el interior.
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