Varias líneas de alta tensión
El impuesto que tiene en pie de guerra a las eléctricas contra un municipio coruñés que gobierna el PP
Arteixo recauda dos millones de euros al año por la tasa que grava el uso del dominio público
El Tribunal Supremo dictó una sentencia novedosa que sentó jurisprudencia en 2017. Avaló que los ayuntamientos valoren como construcciones las líneas eléctricas de alta tensión y las canalizaciones de gas, lo que abrió la puerta a que cobren impuestos por el aprovechamiento del dominio público.
En cinco sentencias dictadas en aquel momento, los jueces aceptaron las ordenanzas fiscales aprobadas en 2014 por los ayuntamientos de Arteixo (La Coruña), Serradilla (Cáceres) y Villalcampo (Zamora). Estas normas establecieron la regulación y las tarifas de la denominada como «tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos».
Este nuevo tributo ha provocado que las empresas del sector eléctrico utilicen todos los recursos de los que disponen para intentar parar su aplicación. Para ello, recurren en los tribunales la mayor parte de los actos administrativos, desde la aprobación de cambios en la normativa hasta la liquidación del impuesto.
En el caso del municipio coruñés de Arteixo (gobernado por el PP), diferentes tribunales han emitido sentencias sobre esta cuestión en los últimos tres años. Los demandantes son Nedgia (filial de Naturgy) y Red Eléctrica de España (del grupo Redeia).
Una de las últimas resoluciones judiciales sobre esta tasa la ha emitido el Tribunal Supremo, en un auto en el que acuerda estudiar si se puede aplicar la misma jurisprudencia de las líneas eléctricas a las instalaciones de gas, agua e hidrocarburos.
Esta impuesto es una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos. El Gobierno local arteixano explica que el pasado año recaudó alrededor de dos millones de euros gracias a dos ordenanzas que gravan el aprovechamiento privativo del dominio público. La previsión es que esta cifra se mantenga estable durante los próximos años, según detalla el Ayuntamiento.
Dispone de dos ordenanzas que establecen las tarifas. Una fija las empresas eléctricas deben pagar el 1,5 % de «la cifra de ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal» las empresas propietarias de la infraestructura para transportar la energía eléctrica. Esta aporta la práctica totalidad de los dos millones de euros que recauda Arteixo.
La otra norma impone un tributo en función «del valor catastral del suelo rústico con construcciones más el valor de las instalaciones que utilicen, aprovechen o se asienten en los bienes de dominio público y comunales».
Este municipio también indica que tiene contratado a un bufete de abogados especializado en la legislación eléctrica para asumir las demandas judiciales y actualizar la normativa aplicable.
